Mientras el gobierno de Mauricio Macri contempla lo que parece ser la recta final de su mandato, los organismos de derechos humanos alertan sobre la delicada situación que dejará como legado en materia de seguridad y contextos de encierro. Así lo definió el Comité Nacional Para la Prevención de Torturas en cárceles y comisarías (CNPT), que ayer presentó sus informes en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.
La presentación hizo hincapié en el aumento poblacional y las condiciones en las que son alojadas las miles de personas que hoy se encuentran detenidas en territorio bonaerense. Según lo registrado en los tres últimos años, la cantidad de personas privadas de su libertad en Provincia pasó de 37.441 a 45.837, un incremento del 21,73%.
Hacinamiento y prisionización: la cantidad de personas privadas de su libertad en Provincia de Buenos Aires pasó de 37.441 a 45.837, lo que implica un incremento del 21,73%.
«Solo en los últimos ocho meses (diciembre de 2018 a agosto 2019), la población total de personas privadas de su libertad se incrementó en más de 2.600 personas (6,4%), alcanzando la cifra de 48.469 personas en dependencias policiales y penitenciarias de la provincia de Buenos Aires», indicaron desde el organismo. Según las estimaciones, las políticas de gobierno de Cambiemos jugaron un rol fundamental en esta tendencia, un contexto que el CNPT señaló como el de «mayor falta de atención por parte de las autoridades».
Según lo relevado por el organismo, otro dato que se destaca es que «el 48,79% de las personas privadas de su libertad no cuentan con condena firme»; casi la mitad del total de personas encarceladas.
«La situación de las personas en contexto de encierro en cárceles y comisarías es de hacinamiento, en condiciones violatorias de los derechos humanos. Lo que debe hacer el gobierno Provincial es respondernos sobre qué acciones concretas piensan implementar para revertir esta situación. La ‘masacre de Esteban Echeverría’ fue un hecho ejemplar de lo que aquí hemos relatado», dijo a Contexto la ex diputada e integrante del Comité, Diana Conti, quien ayer participó de la presentación en el Salón Nunca Más del Senado.
Conti: «La situación de las personas en contexto de encierro en cárceles y comisarías es de hacinamiento, en condiciones violatorias de los DD.HH. el gobierno Provincial debe responder cómo piensa revertir esta situación».
El caso de la comisaría Tercera de Esteban Echeverría, que dejó el saldo de diez muertes, fue uno de los ejemplos del último año que lograron poner el foco del grave hacinamiento al que es arrojada la población carcelaria. A ello se suman las palabras del propio ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien había expresado que prefería «delincuentes amontonados y no liberados».
«En el caso de Esteban Echeverría hay una responsabilidad del Estado ineludible ya que se trató de muertos en una comisaría que estaba inhabilitada judicialmente. Frases como las de Ritondo, quien dice que prefiere a la gente encerrada a como dé lugar, junto a otras declaraciones de (la ministra de Seguridad de Nación, Patricia) Bullrich, alientan situaciones de represión y encierro que son intolerables con la dignidad humana», añadió Conti.
En ese sentido, las «muertes bajo custodia» fue otro de los ejes abordados por el informe del CNPT y, según la información remitida por el Servicio Penitenciario Bonaerense al Comité, se observó un aumento en las muertes con relación a años anteriores.
«Mientras que en 2014 fueron 119 para el 2018 se registraron un total de 133. Preocupa al CNPT que en el 2018 se detecta un gran crecimiento en los fallecimientos caratulados como ‘averiguación de causal'», indicaron.
