Por Pablo Pellegrino
El espionaje ilegal ha sido una marca registrada de los gobiernos de Mauricio Macri desde sus días como Jefe de Gobierno porteño hasta su desembarco en la Casa Rosada. A la causa que tramita el juez Alejo Ramos Padilla que investiga una enorme red de inteligencia ilegal y extorsión contra empresarios, ex funcionarios del gobierno y funcionarios judiciales, en los últimos días se le sumó una nueva.
Más de veinte jueces federales, secretarios y hasta ministros de la Corte Suprema habrían sido víctimas de las actividades de espionaje ilegal que investiga el juez Rodolfo Canicoba Corral quien, curiosamente, también fue espiado.
De acuerdo a los datos que se conocen hasta ahora, el seguimiento a los jueces se llevó adelante a través de los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y habría sido activada por distintos organismos del Estado, como la AFIP, la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal, la Gendarmería, entre otros.
A través de Migraciones los organismos pudieron saber de todos los movimientos que realizaron los magistrados afuera del país, el motivo de sus viajes, si sus patrimonios son acordes a los gastos que registran y por quiénes eran acompañados.
En la causa que instruye Ramos Padilla en Dolores, el exfiscal Juan Ignacio Bidone confesó haber colaborado con el falso abogado Marcelo D’Alessio aportando información, justamente, de la Dirección de Migraciones.
Entre los espiados por el Gobierno aparecen el ministro de la Corte Suprema, Carlos Maqueda; el camarista Martín Irurzun; y los jueces Sebastián Casanello, María Servini, Daniel Rafecas, Canicoba Corral, entre otros.
Ante la escalada del escándalo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional emitió un duro comunicado en el que denuncian que esas actividades violan el derecho a la intimidad y «quebrantan el estado de derecho».
«En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron tanto como si han sido diagramadas por particulares, funcionarios infieles aislados, una organización paraestatal o, lo que sería más grave aún, una institución pública que decididamente se haya volcado a esa faena ilícita incluso con algún grado de sistematicidad», dijeron los magistrados de esa asociación que se solidarizó con los espiados.
«En caso de verificarse esas maniobras ilícitas, de marcada gravedad institucional, se impone determinar quién y por qué las motorizaron»
La relación del gobierno con el espionaje ilegal ha sido una constante durante los cuatro años de la administración Cambiemos. Sobre los jueces, los casos más paradigmáticos se dan en el expediente de la banda de Marcelo D’Alessio y Carlos Stornelli en el marco del cual se reveló la «visita» que recibió el juez de garantías Luis Carzoglio por parte de agentes de la AFI mientras tramitaba una causa que involucra a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano.
Según reveló el propio juez después de que se conociera el episodio, los dos agentes que se presentaron en su despacho le llevaron una resolución escrita para que él firme, en la que ordenaba la detención de Pablo Moyano. La visita fue confirmada por los propios jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el Congreso.
Días después del hecho, en el que se negó a tomar esa determinación que consideraba improcedente, Carzoglio fue apartado por el el gobierno de María Eugenia Vidal.
También en la causa de Dolores, el exespía Rolando «Rolo» Barreiro, declaró que el espionaje había alcanzado a dos jueces de la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
