Por Florencia Abelleira
“En los últimos doce años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de las fuerzas de seguridad. El 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio”, denuncian desde la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional. Para Raquel Witis, madre de Mariano Witis, asesinado el 21 de septiembre de 2000 por la Policía bonaerense, “la erradicación de este problema es una asignatura pendiente, como lo es también la democratización de las fuerzas de seguridad, del Servicio Penitenciario y de la Justicia”.
«En los últimos doce años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de las Fuerzas de seguridad.»
Frente a este contexto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto al Ministerio Público de la Defensa de la Nación firmarán hoy un convenio para otorgar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de violencia institucional. Para Raquel Witis, que también trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, es importante esta iniciativa porque “no es tan fácil acceder a la Justicia, ya que en general los agente judiciales toman la versión policial y esto es lo que facilita después la impunidad”. Además, sostiene que “un patrón común en las causas de violencia institucional es justamente la impunidad, pues no se llega a la sanción de estos agentes del Estado, entonces estas prácticas están enquistada en esas instituciones”.
Con este convenio se intenta que la víctima esté protegida y que su declaración sea tenida en cuenta, además de poder pedir pruebas y pericias. “La realidad es que los fiscales no siempre acompañan a los familiares de víctimas porque no siempre creen en su versión, y ese es uno de los principales problemas. Por un lado, están las prácticas policiales, pero, por otro, tenemos una Justicia que no sanciona y sostiene esas prácticas”, dice Witis.
“no es tan fácil acceder a la justicia, ya que en general los agente judiciales toman la versión policial y esto es lo que facilita después la impunidad.”
El proyecto forma parte de la «Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional», y en el acto participarán el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, y la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, acompañados por familiares de víctimas de violencia institucional. Se realizará a las 14hs en el Salón Mignone de la Secretaría de Derechos Humanos.
La violencia institucional es el conjunto de prácticas que realizan determinados agentes del Estado que vulneran o violan los derechos humanos. En la actualidad, estas acciones las llevan adelante las instituciones que tienen el uso de la violencia física, como son las fuerzas de seguridad. El mayor conflicto tiene que ver con que desde hace décadas los sectores vulnerables, más específicamente los jóvenes pobres, son estigmatizados y perseguidos por la Policía. Los asesinatos de Walter Bulacio y Miguel Bru, la Masacre de Floresta, la desaparición de Luciano Arruga, los crímenes de La Cárcova (Masacre de José León Suárez), Lucas Rotella en Baradero, Sebastián Bordón en Mendoza y Lautaro Bugatto en Burzaco, son algunos ejemplos y no son hechos aislados y desconectados entre sí.
Discursos estigmatizantes
“Otro problema es que los discursos sociales sostienen la violencia institucional, y esto es más difícil de erradicar cuando se considera que hay vidas que no son dignas o no tienen los mismos derechos que otras”, cuenta Witis, y señala a los medios de comunicación como los causantes de reforzar estos discursos y de perpetuar “las estigmatizaciones y la categorización negativa, es decir, buscar un chivo expiatorio que es el causante de todos los males, y en este caso son los jóvenes de los sectores populares”.
Para contrarrestar esta mirada estigmatizante, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional también llevó adelante otras iniciativas, como la Guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional, con el lanzamiento oficial del Observatorio de Violencia Institucional de la carrera de Comunicación Social, y la guía para estudiantes Los derechos humanos frente a la violencia institucional, junto al Ministerio de Educación de Nación, para trabajar la problemática con docentes y alumnos de primarias y secundarias del país.
“Otro problema es que los discursos sociales sostienen la violencia institucional, y esto es más difícil de erradicar cuando se considera que hay vidas que no son dignas o no tienen los mismos derechos que otras.”
Si bien es una problemática social y cultural que es difícil de combatir, Witis resalta el hecho de que se empiece a hablar de seguridad democrática. “A partir de 2009 estuvo el acuerdo por una seguridad democrática, ya se empezó a hablar incluso en organismos internacionales de la necesidad de salir de ‘la seguridad y el orden’ para hacer una seguridad democrática donde la principal cuestión sean las personas y el acceso y la garantización de los derechos”, concluye.
