Por Rocío Cereijo y Alejandro Palladino
En el marco del Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) se sancionó el 22 de noviembre de 1949 el Decreto N° 29.337 que suspendió el cobro de los aranceles universitarios. Esta condición se integró con la autonomía, aunque fue derogada luego del golpe de Estado de 1955, momento en el que, entre otros derechos, se eliminaron las menciones a la gratuidad de la educación superior. En este contexto dictatorial, las instituciones podrían fijar aranceles y regular sus políticas de ingreso.
Como resultado de la sanción de la gratuidad universitaria, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente: en 1945 cursaban 47.400 personas, y para 1975 la cifra se elevó a 487.389. Durante la última dictadura se generó un retroceso en la inscripción de nuevos estudiantes debido a que, junto con el sindicalismo, se trató del sector más perseguido y exterminado en el marco del genocidio. Finalmente, la Ley N° 27204/15 afirmó que «los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos».
En diálogo con Contexto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk; el rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber; el rector de la Universidad Nacional de Florencio Varela (UNAJ), Ernesto Villanueva, y el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, reflexionaron acerca de la importancia de este derecho que cumple siete décadas.
Perczyk remarcó que el decreto de gratuidad «fue una explosión de estudiantes y una explosión de justicia social que significó que Argentina pasara de tener 38 mil estudiantes universitarios a tener 140 mil». A fin de garantizar el acceso universitario, el presidente del CIN reconoció que a un proyecto económico que acompañe debe «impulsarse desde las universidades el mejoramiento del sistema de becas, sus planes de estudio, acompañamiento con tutorías, con grupos de estudio, actividades deportivas, culturales, artísticas», entre otros puntos.
Perczyk remarcó que el decreto de gratuidad «fue una explosión de estudiantes y una explosión de justicia social que significó que Argentina pasara de tener 38 mil estudiantes universitarios a tener 140 mil».
Sobre los últimos cuatro años dijo que con el ajuste presupuestario «las universidades han podido comprar menos libros, han podido pagar menos becas, los profesores son más pobres, los trabajadores no docentes, también». Además, sostuvo que la universidad pública «tiene un rol trascendente a jugarse en los tiempos que vienen en Argentina», y que es imprescindible que durante la próxima gestión de gobierno ponga a disposición «su investigación, su inteligencia, su fuerza de voluntad, su compromiso con la sociedad, participando de los grandes debates con sus investigaciones y su producción de conocimiento» que tiene en relación con los alimentos, con las escuelas secundarias, con el agua, con la integración regional.
Tauber señaló que esta medida «fue un hecho de tremenda dimensión simbólica en estos setenta años que estamos reconociendo, recorriendo y celebrando». En esta línea, agregó que el escrito de 1949 «marca ese espíritu original de la educación pública argentina que nace con la Ley 1420 que se repite en los postulados principales de la reforma universitaria de 1918, que concreta el general Perón con este decreto y que termina de culminar la Ley Puiggrós que Cristina Fernández de Kirchner promulga el 9 de noviembre de 2015». Además, celebró que Argentina sea «el único país de América Latina que, por ley nacional –con este precedente formidable de Perón– garantiza la gratuidad de los estudios de grado, el acceso irrestricto y la consolidación de la autonomía de nuestras instituciones».
El presidente de la UNLP habló de la importancia de promover «una universidad comprometida con la justicia social, con sus objetivos fundamentales de inclusión», con una fuerte apuesta en el desarrollo de la ciencia de la tecnología. «Cuestionar una universidad es cuestionar una escuela», dijo Tauber, y explicó: «Cuantas más universidades públicas existan en Argentina, más oportunidades tendrá nuestra sociedad de superarse y multiplicar sus oportunidades. La universidad pública tiene que ser una fábrica permanente de oportunidades». En esta línea, concluyó que debe ser «herramienta fundamental de desarrollo genuino nacional que nos permita construir una patria efectivamente soberana».
Tauber: «Cuantas más universidades públicas existan en Argentina, más oportunidades tendrá nuestra sociedad de superarse y multiplicar sus oportunidades. La universidad pública tiene que ser una fábrica permanente de oportunidades».
El espíritu inclusivo y de ascenso social del decreto de 1949 tiene sus continuidades en la historia. La Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ) es la más antigua del conurbano bonaerense, fundada en 1972, durante un período de expansión del sistema universitario. Su rector, Diego Molea, dijo que su creación «permitió que los hijos de los trabajadores del sur del conurbano pudieran estudiar en la universidad sin afrontar los gastos que significaba hasta ese momento trasladarse a capital federal o La Plata. Este es un rasgo de identidad del conjunto de universidades del conurbano, somos oportunidad para aquellos que creían que no tenían el derecho a tenerla».
«El decreto del general Perón, que garantiza la gratuidad de la enseñanza universitaria en la Argentina, representa un hito que inicia el camino hacia la inclusión y la movilidad social ascendente», siguió Molea, reelecto el mes pasado como rector de la UNLZ. «Sin embargo, el no arancelamiento es el puntapié inicial para que esta movilidad social ascendente pueda efectivizarse y sostenerse, también debemos construir mecanismos que garanticen la permanencia y faciliten el egreso, y que reduzcan la brecha de desigualdad que aún impide el acceso libre, ese es uno de los desafíos».
Los setenta años de gratuidad encuentran a las universidades más nuevas con mayores dificultades por los ajustes presupuestarios de la era macrista y por el deterioro socioeconómico que complejiza el acceso y el sostenimiento de los estudios para los estudiantes de sectores sociales golpeados por la crisis. Por caso, la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela, creada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner junto a otras cuatro universidades en lo que significó históricamente un nuevo ciclo de expansión universitaria.
«Como universidad pública, en esta fecha nos encontramos en una posición defensiva por los ataques económicos y simbólicos que recibimos en los últimos años», dijo Ernesto Villanueva, rector de la UNAJ. «La gratuidad tuvo un efecto inicial enorme que en la actualidad hay que complementar orientando los recursos para las universidades que más los necesitamos», añadió. En este sentido, remarcó que, como objetivo de cara a lo que viene, para ampliar los alcances del sistema público universitario, la UNAJ espera contar con una serie de derechos que son habituales en otras casas de estudio, como comedor universitario y becas para facilitar el ingreso y la continuidad de los estudios.
ernesto villanueva (rector de la unaj): «Como universidad pública, en esta fecha nos encontramos en una posición defensiva por los ataques económicos y simbólicos que recibimos en los últimos años».
El rector de la universidad del sur del conurbano reconoció que los recursos económicos serán escasos en el futuro más inmediato, pero se expresó esperanzado en que el clima cambiará con respecto a un abordaje más integral que le dedicará el próximo gobierno al sector universitario.
Si la gratuidad implicó un punto de inflexión en cuanto al acceso a la educación superior de los sectores trabajadores, que habían sido históricamente excluidos, la UNAJ es el ejemplo más contemporáneo de este fenómeno. Villanueva indicó que la gran mayoría de los estudiantes son primera generación de universitarios en sus familias (90%), de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Asimismo, la mayoría estudia carreras ligadas a la salud (60%), como respuesta a las necesidades sociales de esa zona.
