Por Pablo Pellegrino
Los funcionarios de mayor rango político y económico del gobierno de la provincia de Buenos Aires realizaron este martes la presentación del proyecto de declaración de emergencia en diversos aspectos que hacen al funcionamiento de la gestión, que ellos mismos calificaron como «fundamentales» para la gestión del gobernador Axel Kicillof.
La conferencia fue encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete Carlos Bianco, el ministro de Hacienda Pablo López y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermin, que ya adelantó que desde hoy comenzarán a trabajar con los distintos bloques legislativos de ambas Cámaras para sacar cuanto antes la ley.
CARLOS BIANCO: la emergencia «se destinará a financiar dos mil obras indispensables que hemos detectado y 600 urgentes» para el inicio de las clases en marzo.
El proyecto declara en todo el territorio bonaerense el estado de emergencia en materia social, económica, productiva y energética, como así también para la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector público, sobre todo vinculados a la obra pública que actualmente, como en el orden nacional, fue interrumpida por el gobierno anterior.
También se aplicarán durante dos años más las emergencias en seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos, y la administrativa y tecnológica. Estas últimas funcionaron desde el primero al último día de María Eugenia Vidal.
Al mismo tiempo, los funcionarios adelantaron que para el funcionamiento y la asignación de fondos les pedirán a los legisladores que aprueben una prórroga del Presupuesto 2019 para aplicarlo durante los primeros meses del año entrante mientras trabajan en la redacción de un nuevo proyecto.
Por otro lado, destacaron también la propuesta de crear una comisión bicameral de fiscalización y seguimiento de las emergencias no solo por parte de los diputados y senadores, sino también por organizaciones civiles, para «garantizar que esas emergencias lleguen a donde tienen que llegar y como tienen que llegar», según indicó Verónica Magario.
La vicegobernadora señaló que, «dada la situación social económica y productiva de la provincia, de sus habitantes, de su sector productivo y en función de sus índices de desocupación y pobreza, es que nosotros pedimos estos mecanismos para poder agilizar no solo el movimiento de fondos, sino la llegada de recursos a los sectores que más lo necesitan».
«No son un capricho, ni son descolgadas de la realidad, es lo que vive cotidianamente nuestra sociedad», enfatizó Magario.
Bianco brindó un detallado análisis de la situación provincial, sobre todo en materia económica, social, educativa y sanitaria, y afirmó en la misma línea que la vicegobernadora que las emergencias no son un «capricho», sino que se sustentan en los propios indicadores oficiales de la provincia.
Emergencia social
Además de la coordinación con Nación para la puesta en marcha del programa contra el hambre y la asistencia a los sectores más vulnerables, la emergencia social que busca declarar Kicillof incluye también al sector sanitario y al educativo.
En esta línea, Bianco destacó algunos de los indicadores socioeconómicos de la provincia, con el eje puesto en el incremento del desempleo y la pobreza. «La desocupación es del 12,7 por ciento, 5.5 millones de bonaerenses son pobres; el 66 por ciento de los niños, niñas y adolescentes del Conurbano son pobres», enumeró, entre otros datos, el jefe de Gabinete.
Al mismo tiempo explicó que en términos educativos hubo una caída presupuestaria durante el gobierno de Vidal en torno al 30% y que la emergencia «se destinará a financiar dos mil obras indispensables que hemos detectado y 600 urgentes» para el inicio de las clases en marzo.
El mismo análisis se realizó en materia de salud. «No se ha construido ni un solo hospital», enfatizó. En este aspecto, destacó que la emergencia servirá no solo para adoptar medidas para el funcionamiento de la infraestructura sanitaria, sino que se pondrá especial énfasis en el calendario de vacunación, la provisión de medicamentos y el control de los brotes de sarampión y sífilis congénita que se volvieron a detectar en la provincia.
Emergencia económica
En materia económica, tanto Bianco como el ministro de Economía, Pablo López, se enfocaron en la problemática fiscal, la ajustada situación de caja para el cierre del año y, fundamentalmente, el endeudamiento provincial.
«Tenemos una situación muy compleja en términos financieros, pero también en términos administrativos, porque la gestión anterior no elaboró el presupuesto 2020, lo cual nos obliga a actuar rápido», destacó López.
Los funcionarios advirtieron que en los cuatro años de Administración de Cambiemos la provincia perdió autonomía fiscal al pasar del orden del 30% de los ingresos correspondientes a aportes del Estado nacional a más del 40 al cierre de 2019.
También destacaron que, a pesar de la evaluación que hizo la exgobernadora sobre la situación de caja, el dinero no alcanza para cubrir las obligaciones de los próximos meses.
«La provincia ha llevado adelante una gestión de endeudamiento que ha llegado a una situación bastante compleja: ha crecido mucho y cambiado en su composición para mal», indicó López. En este aspecto, el gobierno pedirá a la Legislatura que lo habilite a gestionar el endeudamiento provincial a fin de asegurar la sostenibilidad de la deuda pública.
Emergencia productiva y energética
En este punto, Bianco resaltó el cierre de más de 3.000 pymes industriales, 9.000 comercios y la pérdida de más de 97.000 empleos en territorio bonaerense. También destacó el cierre de tambos, que alcanzó a más de 500 establecimientos lecheros y la caída de más de 4.000 productores porcinos.
se pondrá especial énfasis en el calendario de vacunación, la provisión de medicamentos y el control de los brotes de sarampión y sífilis.
La emergencia establece, entre otras medidas, planes de financiación de deudas tributarias a condición de que no se modifiquen las plantillas laborales de las empresas. También vinculada al sector se encuentra la suspensión de aumentos tarifarios para transporte público y electricidad.
La emergencia energética suspende por 180 días los aumentos y el gobierno estará facultado para renegociar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) o iniciar una revisión extraordinaria. También estará habilitado a realizar una revisión integral de los contratos y los cuadros tarifarios.
