Por Ernesto Eterno
Tras el golpe en Bolivia, sin mayor demora, el gobierno de facto anunció el 20 de noviembre el nombramiento de Jaime Aparicio como embajador permanente de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
La rapidez del nombramiento tenía relación con la urgencia que tenía el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para entregar el informe definitivo de la auditoría a las elecciones del 20 de octubre. En efecto, el 4 de diciembre la OEA entregó el Informe Final de Análisis de Integridad Electoral que sirvió para que Aparicio destacara públicamente que las elecciones fueron un «fraude descomunal» (LT, 04/12/2019) ratificando con ello la postura unilateral que Almagro adoptó para sancionar políticamente al gobierno de Evo Morales.
La designación de Aparicio ante la OEA responde fundamentalmente a la necesidad de disponer de una pieza clave en el tablero político de la OEA tanto para legitimar el régimen como para enfrentar las futuras denuncias de violación de derechos humanos contra las autoridades responsables del gobierno de transición. Debemos recordar que Aparicio defendió hasta el hartazgo las flagrantes violaciones de derechos humanos durante el gobierno de Sánchez de Lozada en las luctuosas jornadas de febrero de 2003 y la masacre sangrienta de El Alto en octubre del mismo año. En ambos episodios murieron más de un centenar de personas y se registraron más de mil heridos producto del empleo discrecional de armas de fuego y el uso desproporcionado de la fuerza policial/militar. Desde esta perspectiva Aparicio se constituye en un abogado experto en defender regímenes violadores de los derechos humanos inspirado en su enconada enemistad con gobiernos progresistas o líderes populares.
En su condición de embajador de Bolivia ante los Estados Unidos (2002-2005), Aparicio no solo cumplió el triste papel de encubrir la condición criminal de su tutor político, Gonzalo Sánchez de Lozada, y su ministro de gobierno, Sánchez Berzaín, sino también de proveerle el mayor apoyo político y la búsqueda de recursos económicos de las arcas norteamericanas para intentar salvar la debacle financiera en la que se encontraba el viejo régimen neoliberal en 2003. De hecho, Aparicio es un hombre de confianza del establishment ultraconservador norteamericano y en ningún momento rompió su relación con Sánchez de Lozada ni Sánchez Berzaín, personajes buscados por la Justicia boliviana y protegidos por el gobierno de los Estados Unidos.
Una semana después, el gobierno usurpador de Áñez designó a Oscar Serrate Cuellar como embajador extraordinario y plenipotenciario ante los Estados Unidos con el objetivo de restablecer la normalidad diplomática en las relaciones bilaterales luego de su traumática ruptura en 2008. En septiembre de aquel año Evo Morales tomó la decisión de expulsar al embajador de los Estados Unidos, Philippe Goldberg, por su involucramiento directo en el golpe de Estado contra el proceso de cambio.
Además de la necesidad perentoria del régimen, la designación de Serrate tiene una connotación especial en la medida en que pertenece al equipo de expertos bolivianos cercanos al proceso de privatización de los recursos energéticos. Serrate es un antiguo funcionario de la Shell, pero además logró dirigir Transredes, una empresa transnacional vinculada al transporte de gas al Brasil. En los últimos años trabajó como gerente de Konsulnet, una red de consultores en temas ambientales, sociales, energéticos y comunicacionales para proyectos gubernamentales y privados.
La designación del experto en áreas estratégicas, en condición de embajador, envía una señal implícita muy importante al gobierno norteamericano que desde hace mucho tiempo mantuvo enormes expectativas para retomar el dominio del sector de energía e hidrocarburos en Bolivia. Entre otras cosas, Serrate ya había desempeñado la función de embajador ante las Naciones Unidas entre 1991 y 1993, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, tiempo en el cual se inició el dramático proceso de privatización de empresas públicas y recursos naturales en favor del capital extranjero.
El imperativo de normalizar las relaciones con los Estados Unidos y proyectar la imagen de un gobierno democrático ante la comunidad internacional, que aún se resiste a reconocerla, exigió a la presidenta autonombrada y a la canciller de la dictadura crear una delegación internacional con el objetivo de explicar su mermada legitimidad, así como las circunstancias de la violación de los derechos humanos atribuida a Evo Morales. Para cumplir ambas tareas fue designado Jorge (Tuto) Quiroga, un ex presidente de Bolivia (2001-2002) cuya trayectoria política es ciertamente deleznable. El expresidente Morales ironizó la designación señalando que Quiroga era un «experto» en defender dictaduras.
En efecto, Tuto Quiroga es un viejo político favorecido por el exdictador Hugo Bánzer S. (1971-1978), que le permitió ascender rápidamente al podio partidario de Acción Democrática Nacionalista (ADN), un partido con el que logró competir en las elecciones nacionales de 1997 en calidad de candidato a vicepresidente. Una vez consagrada su titularidad a la vicepresidencia (1997-2001), llegó a la presidencia (2001-2002) por sucesión constitucional ante el fallecimiento del Gral. Bánzer. En los tres años de vicepresidente y en el último de presidente, Tuto Quiroga se caracterizó como el operador real de la política antidrogas ante los Estados Unidos, a quienes prometió «coca cero» hasta el año 2002, bajo el Plan Dignidad. Esta política ciertamente agresiva y brutal obligó a ejecutar sistemáticos actos de represión policial/militar contra el movimiento cocalero que produjo un saldo de más de cuarenta muertos y centenares de heridos en el trópico de Cochabamba. Quiroga se caracterizó como uno de los más fervientes promotores de la militarización y defensor a ultranza de la política antidroga y antiterrorista de los Estados Unidos que lo llevó a estigmatizar al movimiento cocalero como un movimiento narcoterrorista. Durante su gestión promovió la consolidación de la base militar norteamericana en el Chapare y la sumisión de las fuerzas armadas a los soldados extranjeros.
El delegado internacional del régimen golpista se mostró ante los medios nacionales como un adversario político rabioso contra los movimientos sociales democráticos ofreciéndose a la comunidad política ultraconservadora de derecha como el adalid antipopulista y antiboliviariano. Encumbrado en este mandato, recibió cuantiosas sumas de dinero de distintas organizaciones políticas y agencias de gobierno de los Estados Unidos, en particular del núcleo fascista del partido republicano de Miami. Junto a otras ex autoridades políticas de la derecha regional emprendió una ofensiva mediática fuertemente apoyada por medios hegemónicos contra líderes socialistas y nacionalistas populares de América Latina y el Caribe, como Fidel, Chávez, Lula, Dilma, Correa, Evo o Maduro.
Quiroga es ampliamente conocido por su conducta servil y abyecta a las políticas norteamericanas para las que trabajó incansablemente desde que dejó la presidencia en 2002. Su relación carnal con dirigentes ultraconservadores de la región, como Álvaro Uribe o Duque en Colombia, Guaidó en Venezuela, Bolsonaro del Brasil, Toledo en Perú, Noboa en Ecuador o Macri de Argentina explican su alineamiento incondicional a políticas neoliberales dirigidas desde Washington. Entre 2006 y 2010, de acuerdo con los cables desclasificados de wikileaks, Quiroga fue, junto a Oscar Ortiz, uno de los mayores soplones y confidentes políticos a sueldo del embajador norteamericano golpista Phlilipe Goldberg. Su afición al dinero fácil lo llevó a enfrentarse públicamente con su propio ministro de Gobierno, Leopoldo Fernández (2002), con quien disputó la posesión ilegal de cuantiosos recursos estatales denominados «gastos reservados». Dirigentes políticos como Quiroga, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa no solo comparten conductas serviles a Estados Unidos, sino también un odio larvario y feroz de clase contra Evo Morales y la dirigencia obrera-campesino-indígena.
Para cerrar la cuota de embajadores, que con cierto aire de influencia en el ámbito multilateral abogaría a un gobierno escuálido, se nombró a Rubén Darío Cuellar como embajador permanente ante las Naciones Unidas. Sin ninguna pereza mental, Cuellar declaró que su labor principal sería la de desmontar la mentira del golpe de Estado y clarificar la sucesión constitucional de la actual presidenta autonombrada. Sin duda, una insigne tarea cuyos costos financieros astronómicos para el país contrastarán con la duración de la gestión de la presidenta breve.
Para cualquier ciudadano inadvertido, Cuellar podría aparentar cierta solvencia en las lides diplomáticas, pero lo cierto es que su nombramiento obedece pura y llanamente a la necesidad de explicar el origen constitucional del régimen, esconder a los ojos de la comunidad internacional las decenas de muertos y heridos o presentarlos como «hordas salvajes terroristas» al estilo Murillo, en clara contradicción con las tareas que desempeñaba antes de su nombramiento. Rubén Darío Cuellar en realidad forma parte del equipo político de Oscar Ortíz (Unidad Demócrata) y de su pequeña cofradía mafiosa receptora de ingentes recursos económicos del extranjero, que nunca rindió cuentas ante la Contraloría General del Estado Plurinacional. Solo basta revisar las asignaciones de recursos de las fundaciones norteamericanas, NED, por ejemplo, para dar cuenta de que dicha fundación no tenía nada que ver con los derechos humanos sino con la formación de líderes conservadores bajo el apostolado neoliberal a ultranza.
Durante varios años Cuellar se desempeñó como director de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, una cantera de dirigentes políticos ultraconservadores cuya filosofía apuntaba a hacer desaparecer el Estado (Estado mínimo, Hayek) para dar paso a la iniciativa privada considerada como el reino de la libertad. Más que el reconocimiento a su trayectoria política conservadora, el nombramiento constituye una broma de mal gusto que pone en tela de juicio el mandato real de la Fundación de marras. Resulta que el Observatorio de Derechos Humanos que antes del golpe cuestionaba la violencia estatal durante la gestión de Evo Morales ahora tendrá como tarea esconder la mano criminal del Estado.
Como parte de su agenda de normalización diplomática de Bolivia con el mundo, Longaric prometió restaurar la relación bilateral con Israel. Aunque parece una decisión insólita, dado el escenario político que vive Bolivia y la distancia que media entre La Paz y Tel Aviv, la decisión solo explica el carácter ultraconservador del régimen y su tentación autoritaria dados los antecedentes genocidas del gobierno sionista. En agosto de 2009 Evo Morales rompió relaciones con Tel Aviv como consecuencia de la brutal ofensiva israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza que dejó un saldo de más de mil personas cruelmente asesinadas.
A la hora de anunciar el restablecimiento de las relaciones, Longaric cuestionó la ruptura con Israel como una «medida política» que no había considerado sus efectos colaterales para el turismo boliviano. Para la canciller de la dictadura estaba claro que la masacre de palestinos no debería merecer ningún reproche internacional o, cuando menos, la decisión debía ser estudiada desde el punto de vista económico y no desde los derechos humanos, considerado un enfoque político. Con esta conclusión la Cancillería dejaba claro que los crímenes de lesa humanidad no deberían ser tratados políticamente sin un previo análisis económico para decidir en consecuencia. Menuda lógica desideologizada de las relaciones internacionales.
El afán de restaurar la relación con el mayor socio militar de los Estados Unidos en Medio Oriente no solo tiene como objetivo un cálculo económico, sino también y fundamentalmente constituye una decisión política altamente ideologizada por parte del régimen. Restablecer relaciones con Israel significa un alineamiento automático a las políticas de dominio y expansión territorial sionistas, así como a sus brutales políticas antiterroristas cuya matriz doctrinaria proceden del Departamento de Defensa y de las agencias de seguridad de los Estados Unidos. El restablecimiento de relaciones implica aceptar las políticas genocidas de Israel pero al mismo tiempo las estrategias de dominio imperial de los Estados Unidos en Medio Oriente, sustentadas en el despliegue de su maquinaria militar, en el potenciamiento de su complejo militar-industrial y en la búsqueda de control y hegemonía geopolítica en áreas vinculadas con la explotación de recursos naturales estratégicos para sus empresas transnacionales.
Congruente con la decisión de Longaric, inmediatamente el Ministerio de Gobierno anunció la petición de cooperación y asistencia técnica a Israel en favor de la Policía Nacional en el campo de la lucha contra el terrorismo. Un gobierno represor con más de treinta muertos a cuestas solicitaba a un gobierno genocida asistencia técnica para perfeccionar el oficio de la masacre. Dicho de otra manera, la política exterior del régimen golpista empezó echando raíces en el componente antiterrorista en un país que históricamente ha rechazado la violencia armada o el uso del terror como método para acceder al poder.
Este conjunto de decisiones que en apariencia apuntan a restablecer la normalización de las relaciones internacionales de Bolivia con el mundo no significa otra cosa que el retorno al viejo republicanismo colonial en el que Cancillería juega el singular papel de garantizar la enajenación de la soberanía nacional. La promesa de institucionalizar la Cancillería, de despojarla de la carga ideológica con la que se manejó con Evo Morales y de someterla a cálculos políticos no es más que una broma de mal gusto.
Por lo que vimos, en un tiempo récord la Cancillería fue ocupada por una militancia partidaria ávida de cargos rentables, canonjías y prerrogativas. Como en los viejos tiempos en los que imperaba la pigmentocracia, restablecieron disposiciones destinadas al uso del «vestido», «terno y corbata» y «trajes oscuros» para dar apariencia señorial en desmedro de los usos y costumbres ancestrales que forman parte de la diversidad e identidad nacional. Como algún intelectual señalara en su momento, en Cancillería se estaba produciendo el «requiem del Estado Plurinacional que daba paso al retorno del Estado colonial».
La política de restauración del viejo modelo republicano, neoliberal y colonial alcanzó su mayor expresión con este régimen mediante la suplantación de las decisiones estatales estratégicas. Estas pasaron rápidamente de manos de funcionarios de Cancillería a manos de agentes de quinta categoría que Washington destinó para el funcionamiento del «gobierno de transición».
El conjunto de cambios que ocurren en Cancillería y seguramente en otras áreas del régimen imperante traduce el espíritu del momento que vive el país asociado a un clima autoritario, cargado de odio y miedo, además, signado por el predominio de actos policíacos repudiables que echaron por tierra cualquier rasgo democrático de respeto a los derechos humanos. Contagiadas por este clima de transgresiones, la presidenta autonombrada y la canciller de la dictadura pasaron por alto todos los procedimientos administrativos, burocráticos y constitucionales a la hora de designar funcionarios que representarán al Estado Plurinacional de Bolivia en el contexto internacional. Eludieron el conducto parlamentario, evitaron informar a la Asamblea Legislativa acerca de las tareas para las cuales fueron designados o los objetivos que se debieran lograr, y finalmente ni esperaron que los gobiernos u organismos a los que se acreditaron los nuevos funcionarios otorgaran el beneplácito respectivo.
Bolivia vive una de sus peores circunstancias democráticas, en la que una pandilla de dirigentes políticos fracasados y vengativos de extrema derecha tomaron el poder por la vía del golpe de Estado con apoyo extranjero. No cabe duda de que las decisiones apresuradas, arbitrarias e inconstitucionales en el campo de la política exterior del nuevo régimen obedecen a la necesidad de fortalecerse internamente y lograr legitimarse internacionalmente.
Concluidas las tareas sucias de cancillería y la designación a dedo de las embajadas claves, destinadas a constituir una especie de escudo diplomático ante la comunidad internacional, resta dar el segundo paso, esto es, el restablecimiento del dominio y la estructura de aplastamiento de la soberanía nacional. El retorno de las agencias de seguridad y desarrollo de los Estados Unidos –USAID, NAS, DEA, CIA, PL-480, MILGROUP y otras– constituye una condición ineludible para el restablecimiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Para la potencia dominante, la normalización de las relaciones bilaterales pasa por instalar en cada institución, ministerio, gobierno local, cuartel militar o policial, entidad civil, ONG, iglesia o gobernación sus diversos mecanismos de control y dominio colonial.
Por cierto, quedan pendientes otras decisiones trascendentales para la recomposición de poderes e influencia extranjeros contra la nación. En última instancia, el golpe no tendría sentido entretanto no se convirtiera a Bolivia en un Estado marioneta. Las condiciones internacionales de signo hegemónico exigen hacer del país un pequeño apéndice colonial para darle fuerza al alicaído Grupo de Lima, impulsar la guerra económica contra Venezuela, debilitar la UNASUR o cumplir el triste papel de eco servil para favorecer el esmirriado prestigio de la OEA. Incluso pretender restablecer las relaciones diplomáticas con Chile forma parte de una agenda que solo podía ser posible en un régimen tan abyecto como el que estamos experimentando los bolivianos.
