El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Pergamino, a cargo de los jueces Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, condenó a un excomisario y a cinco expolicías bonaerenses. Alberto Donza recibió una pena de quince años de prisión. En tanto los oficiales Brian Carrizo, Matías Giulietti y Alexis Eva recibieron once años, Sergio Rodas ocho y Carolina Guevara seis.
En la etapa de alegatos, el fiscal Néstor Mastorchio solicitó quince años de prisión para el excomisario Donza, catorce para el exayudante de servicio Eva, trece para el eximaginaria Carrizo y el ex oficial de refuerzo de imaginaria Giulietti, once para el ex teniente primero Rodas y nueve para la exoficial Guevara. Todos los pedidos por parte del Ministerio Público Fiscal fueron por el delito de abandono de persona seguido de muerte.
Las querellas, representadas por abogados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), pidieron que se condenara a los seis expolicías por el delito de homicidio simple y penas de entre veintiún y veinticinco años. Los abogados defensores de los imputados, Federico Mastropiero y Carlos Torrens, requirieron la absolución y aludieron a que los testimoniantes no pudieron determinar la duración del incendio y el accionar insuficiente de los bomberos.
La reconstrucción fue realizada a partir de las pericias y de los testimonios de doce detenidos sobrevivientes. Además, declararon a lo largo del proceso judicial otros testigos que pudieron dar cuenta de que los agentes de la fuerza de seguridad no intervinieron para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los detenidos y que una vez que el incendio se desató demoraron la llamada a los bomberos y obstruyeron su trabajo. Además, tras sacar de la celda a los sobrevivientes los golpearon, maltrataron y torturaron en el patio de la comisaría y durante el traslado hacia la asistencia médica.
La Masacre de Pergamino ocurrió el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría 1ª, ubicada en la zona céntrica. Diecinueve personas estaban alojadas en los calabozos y, luego de una discusión entre dos internos, efectivos policiales los encerraron. Como medida de protesta, los detenidos empezaron a tirar telas de los colchones encendidos a los pasillos. Los policías no los auxiliaron e impidieron el ingreso de los bomberos y de los familiares que habían sido advertidos por mensajes de texto.
Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizzarro, John Mario Carlos, Juan José Cabrera y Fernando Emanuel Latorre murieron asfixiados por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego. Se trata de una de las peores masacres ocurridas en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, junto con la de Esteban Echeverría en noviembre de 2018, donde diez personas murieron en la Comisaría 3ª, dependencia que tenía prohibido el alojamiento de personas.
La Comisaría 1ª de Pergamino funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar bajo el área militar 132, que también integraba las localidades vecinas de San Nicolás, Ramallo, Pergamino, Baradero y San Pedro. Ocho personas de las decenas que pasaron por este espacio permanecen desaparecidas. En 2014, los crímenes de lesa humanidad cometidos allí fueron juzgados en el marco de la causa conocida como «Saint Amant II» y el lugar fue señalizado.
El alojamiento permanente en comisarías bonaerenses es inconstitucional
La jueza en lo Contencioso Administrativo de La Plata María Ventura dispuso que alojar personas en comisarías sin límite de tiempo es contrario a la Constitución Nacional. Además, se prohíbe alojar personas en las comisarías que estén inhabilitadas, contra la resolución impulsada por el exministro de Seguridad Alejandro Granados, que había rehabilitado el alojamiento en esas dependencias, incluso si estaban clausuradas.
El fallo pronunciado el 19 de diciembre da cuenta de los problemas estructurales del sistema de encierro provincial denunciados por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 2014. Además, retoma el diagnóstico del Tribunal de Casación Penal a pedido de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires.
Ante el estado de emergencia de los lugares de detención provincial, el gobernador Axel Kicillof dictó el Decreto 24-GPBA-19, por el cual instruyó al ministro de Justicia, Julio Alak, a convocar una mesa de diálogo para soluciones inmediatas. La tasa de encarcelamiento supera los 300 cada 100 mil habitantes y, acorde a cifras de agosto de 2019, ya superó las 50 mil personas.
Con la presencia de autoridades políticas, judiciales y referentes de organizaciones de derechos humanos, se llevó adelante esta instancia y se acordó la necesidad de implementar políticas para desalojar las comisarías, bajar la tasa de encarcelamiento y racionalizar la política criminal provincial y el uso de la prisión preventiva.
