Mientras la nueva gestión de Alberto Fernández encara un programa de emergencia social para mejorar las cuentas fiscales y las finanzas del Estado, desde múltiples sectores ponen en balance las consecuencias que dejaron los cuatro años de administración de Mauricio macri. Uno de esos sectores –y uno de los más afectados– es el de la Universidad pública, que comienza a revelar los niveles de ajuste y recorte que legó Cambiemos.
Así lo evidencia un informe elaborado por el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC), perteneciente a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que evidenció un recorte presupuestario de casi el 20% entre 2016 y 2019 respecto de lo que se destinaba hasta el año 2015. Asimismo, puso de manifiesto las bajas de unas 250.000 becas universitarias que dejaron de cobrarse durante ese mismo período.
Verónica Betancourt (conadu): «Durante el macrismo, el presupuesto en infraestructura fue nulo. Se modificaron los criterios para las becas para volverlo más restrictivo».
Según indicaron desde CONADU, esta cifra fue resultado de las partidas presupuestarias de la gestión Macri comparadas con la inflación. En ese sentido, las asignaciones quedaron 72,5 puntos abajo (la inflación fue de 267,8%, mientras que el presupuesto universitario creció 195,3%). «Luego del recorte de 2016, hubo una leve mejoría electoral en 2017, pero fue seguida por una notable aceleración del ajuste en los últimos dos años», describe el informe.
Cabe destacar que el gremio de docentes universitarios fue uno de los sectores que más reclamos movilizó contra la anterior gestión debido a los paulatinos ajustes desplegados sobre la estructura de la educación superior. «Durante el macrismo el presupuesto en infraestructura fue nulo. Se modificaron los criterios para las becas y se aumentaron los requisitos para volverlo más restrictivo. Se volvió una cuestión meritocrática casi», dijo a Contexto la secretaria adjunta de CONADU, Verónica Betancourt.
Desde el sindicato especificaron que «no solo cayeron las partidas de la Secretaría de Políticas Universitarias sino también los contratos con otros ministerios. Las Becas Progresar –que unifican hoy todo tipo de ayuda a estudiantes– alcanzan a 250 mil personas menos que en 2016».
Betancourt: «La ley exige que la inversión en educación debe ser del 6% del PBI. Hasta el 2015 era del 6,1%. Cuando termina el período macrista tenemos una inversión de 5,7%».
«La ley exige que la inversión en educación debe ser del 6% del PBI. Hasta el 2015 era del 6,1%. Cuando termina el período macrista tenemos una inversión de 5,7%, ya en general no se cumple la ley. Parece poco pero es mucho porcentualmente. Lo que se nota es un progresivo desfinanciamiento de la educación superior, y además sobre un PBI que se retrajo. Después está el problema de las becas estudiantiles», agregó Betancourt.
«Históricamente, las diferencias entre lo presupuestado y la inflación se corregían con asignaciones adicionales, pero cada año Cambiemos fue reduciendo esa compensación. Este año quedaron en su mínima expresión. La participación de las universidades en el PBI se derrumbó del 0,85 al 0,69% (de un producto contraído además por la crisis)», explican en el balance elaborado por el gremio docente universitario.
