Con 128 votos de su propia bancada, dos abstenciones y la ausencia de Cambiemos, el Frente de Todos logró darle media sanción en sesión especial al proyecto de ley que reforma el régimen especial de jubilaciones del Poder Judicial y diplomáticos. El proyecto pasó ahora al Senado. El oficialismo argumentó que, en un marco de emergencia económica, el promedio de esas jubilaciones es catorce veces superior al promedio de las jubilaciones del régimen general.
La sesión comenzó tras el intento fallido del interbloque de Juntos por el Cambio
de no dar quorum, tal como había anunciado en la noche del miércoles. Pero con 129 diputados presentes, el Frente de Todos alcanzó la mayoría necesaria para sesionar, gracias a la presencia de legisladores de la izquierda -que se abstuvieron en la votación- y del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón. Luego, las y los macristas bajaron y, tras su enojo por la presencia de Daniel Scioli -que permitió alcanzar el quorum porque aún no fue nombrado oficialmente como embajador en Brasil-, abandonaron a los gritos y definitivamente el debate.
Los principales oradores del Frente de Todos, los diputados Carlos Heller y Marcelo Casaretto, cuestionaron la postura de Juntos por el Cambio. Señalaron que «defienden privilegios», y Heller calificó de «absurda» la jugada contra Scioli, quien adujo que todavía no fue comunicada oficialmente su designación en el Boletín Oficial.
«Hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia de Scioli, el diputado sigue ocupando su cargo. Este cuerpo no ha tratado la renuncia», fue la respuesta a los opositores del presidente de la Cámara, Sergio Massa.
Los diputados macristas, por su parte, justificaron su posición en que el oficialismo no aceptó incorporar una cláusula transitoria que posibilita a los jueces en actividad jubilarse con la ley vigente, más allá del momento en el que pasen a retiro. El oficialismo sostuvo que la cláusula que pide la oposición está incluida en la ley vigente y en los argumentos del proyecto.
«Estamos en una economía en emergencia, los que hoy no se sentaron a dar quorum y luego se retiraron en medio de acting bochornoso, dejaron un país con 40% de pobreza, dos dígitos de desocupación, una sociedad dolorosamente desigual y una deuda monstruosa», cuestionó la diputada Fernanda Vallejos.
El proyecto apunta a volver más equitativo el régimen jubilatorio, en medio de la crítica situación económica que atraviesa el país. En un reciente informe técnico, el gobierno argumentó la necesidad de avanzar para terminar con estos regímenes de privilegio, comparando el valor medio de una jubilación del régimen general, de 20.562 pesos, con una del Poder Judicial, que ronda los 293.107, catorce veces más. A su vez, indicaron que el déficit de esta caja especial en diciembre de 2019 fue de 8.296 millones de pesos.
Incluso, el informe menciona el caso de un haber liquidado bruto de jubilación en diciembre de 2019 que llegó a 770.128 pesos. En tanto, el máximo de una pensión fue de 612.860 pesos. El número de beneficiarios que cobran más de medio millón de pesos por mes de jubilación o pensión en la caja del Poder Judicial es de 486, que contrasta con los catorce que cobran hasta 50.000 pesos.
El dictamen de comisión que emitió el Frente de Todos el miércoles incluyó modificaciones respecto al texto original enviado por el Ejecutivo. Una fue mantener la edad jubilatoria de mujeres judiciales en los 60 años, como era hasta el momento, y elevar a 65 la de los hombres, de modo escalonado. Otra fue que de los treinta años de aportes para alcanzar la jubilación, se necesitarán diez continuos en la Justicia o quince de manera discontinua, mientras que era de veinte años en el proyecto original. Y en relación con el primer haber, será del 82% del promedio de los haberes de los últimos diez años, actualizado al valor del salario correspondiente al momento del retiro.
