El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, se reunió en la tarde del martes con los líderes de las entidades que componen la Mesa de Enlace, luego de lo cual el gobierno anunció que subirá la alícuota por derechos de exportación de soja de 30 a 33%.
A pesar de la tensión entre la Administración de Alberto Fernández y los ruralistas por la suba en la previa al encuentro, no hubo grandes resistencias ni anuncios de bloqueo por parte de las entidades, debido a que el planteo gubernamental fue segmentar los topes para la tributación y generar compensaciones para las economías regionales y los pequeños productores.
Los representantes de Coninagro, la Sociedad Rural, la Confederación de Entidades Rurales y la Federación Agraria fueron informados de la decisión por el propio Basterra, que estuvo acompañado por el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, integración que fue saludada por los empresarios. También estuvo la vicejefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca.
«Nos parece importante que se haya sumado la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el presidente del Banco Nación; porque lo que intentamos fue ampliar la reunión a otros problemas que estamos teniendo en el campo y nos escucharon», dijo el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina.
La segmentación tendrá una escala progresiva de acuerdo con la cantidad de toneladas anuales exportadas. De esta manera, las empresas que superen las mil toneladas tributarán el nuevo 33% anunciado hoy, mientras que a partir de las 501 seguirán con el 30% actual. Cuanto menor sea el caudal exportado, menor será el impuesto.
El cuadro que trascendió después de la reunión indica que los alcanzados por el máximo de esa alícuota son el 26% de los productores, que concentran el 77% de la producción de soja, mientras que el 74% restante (unos 42.000 productores) no superaron las mil toneladas anuales y producen el 23%.
De este último grupo, la forma de tributar será: para los que exportan menos de 100 toneladas, el 21%; de 101 a 200 toneladas, el 24%; de 201 a 300, el 27%; de 301 a 400, el 28%; de 401 a 500, el 29%; y de 500 hasta 1.000 toneladas, el 30% actual. Esa segmentación implica que el 74% de los productores será compensado. Asimismo, desde la cartera agropecuaria sostienen que por esa compensación el aumento de la retención para los mayores exportadores no generará un aumento en las arcas del Estado, justamente por la baja en los sectores de menos de mil toneladas.
El resto de cánones se mantiene como en la actualidad, mientras que en algunos productos de las economías regionales bajan hasta el tope de 5%.
En diálogo con el canal C5N, Basterra consideró: «Cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación crítica en términos fiscales y con un instrumento de alta irresponsabilidad del gobierno». Esta irresponsabilidad fue la «pesificación» de los derechos de exportación que había realizado el gobierno de Mauricio Macri, donde se tributaban cuatro pesos por dólar. «Esto conllevaba una esperanza de devaluación, algo que desde el punto de vista de la planificación de un gobierno es una aberración», señaló.
«Lo que nosotros propusimos con la ley de Solidaridad y de Emergencia es poner topes que permitan subir la soja hasta 33%, granos hasta 15% y economías regionales hasta 5%», explicó el ministro, y añadió: «Nadie lo puso en valor, pero fue la voluntad del gobierno de conservar la rentabilidad. Hemos convocado tal cual nos propuso el presidente a un espacio de diálogo y verificar cuáles eran las mejores opciones para que no se afecte la rentabilidad».
