A siete años de la inundación de ciudad de La Plata que se cobró la vida de 89 personas, las asambleas vecinales de víctimas y familiares de fallecidos rindieron un nuevo recordatorio a la trágica fecha, esta vez de manera virtual debido al régimen de cuarentena por COVID-19. En un nuevo aniversario del episodio que marcó a la capital bonaerense, los frentistas ratificaron el pedido de justicia y apuntaron al intendente Julio Garro por la falta de respuestas a los riesgos de inundación con los que él mismo hizo campaña.
«En este séptimo 2A queremos reflexionar sobre tomar conciencia, todos los vecinos, y ser más participativos. Aún seguimos sin saber qué hacer si nos inundamos. El actual intendente reelecto basó toda su campaña política en ocuparse del Plan de Riesgos de Inundación (PRI), del que tanto se jactó de haber gestionado», señaló a Contexto Vanesa, integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa.
«Las asambleas estuvimos involucradas, las facultades y muchos profesionales. En cambio, este plan de reducción de riesgo el intendente lo cajoneó y no hizo nada. La idea es no tener miedo cada vez que llueve fuerte, sino presionar como vecinos para que el intendente haga algo con ese plan. En un cajón no nos sirve», añadió.
A partir de las 17:30 de ayer, comenzó a circular en las redes un video homenaje lanzado en YouTube, donde referentes de varias asambleas barriales convocadas leyeron el documento elaborado para este año. Allí vuelven a poner la lupa sobre las principales obras inconclusas que la gestión de Cambiemos dejó en el camino durante los últimos cinco años, tales como el mentado derivador de avenida 32, los reservorios de agua, entre otros. A su vez, exigen la puesta en marcha de las obras complementarias que también fueron proyectadas y no se realizaron.
«No solo haga las obras inconclusas, son también las que ya están proyectadas. Necesitamos que los verdaderos responsables estén tras las rejas. Las asambleas y vecinos necesitamos respuestas», expresó Vanesa. Además del PRI, cuya discusión sigue trabada en la Municipalidad, se mantiene vigente el pedido de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU), así como el refuerzo de los planes de alerta temprana, obsoletos ante la falta de comunicación por parte de la Comuna.
En el plano judicial, los familiares de las víctimas reclamaron que se continúe con las investigaciones en el ámbito de la función pública, donde el entonces fiscal a cargo, Jorge Paolini, quedó marcado a nivel público como uno de los principales responsables de la falta de precisión sobre el número real de fallecidos, punto que generó fuertes controversias.
Además de las decenas de muertes durante la inundación, 120.000 usuarios fueron afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica y más de 70.000 viviendas inundadas. Se estima que las pérdidas económicas alcanzaron en su momento los 3.400 millones de pesos.
Cabe señalar que en los últimos años fueron varias las tormentas que volvieron a generar fuertes problemas de anegamiento en los barrios más relegados de la periferia platense, incluso con más muertes provocadas por el impacto de inundaciones frente a las precarias condiciones urbanas y edilicias en que viven decenas de familias.
