Bajo el lema «La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos», más de mil personalidades y referentes políticos, sindicales, de la Justicia, religiosos, de la educación, la ciencia, la cultura y el periodismo, junto a unas cincuenta organizaciones de la sociedad civil de Argentina, España, Bélgica, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Cuba, Paraguay, Costa Rica y Haití, firmaron un documento en el que alertan que «la crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, e inmediatas».
El documento fue promovido por la diputada y presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, junto al constitucionalista Eduardo Barcesat, la ex ministra de Economía Felisa Miceli y el también economista Jorge Marchini. Asimismo, firmaron el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti; el senador nacional Oscar Parrilli y el secretario general de Camioneros, Pablo Moyano, entre otros. Allí proponen a los Estados que se declare el «estado de necesidad» y la «suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas».
Advierten a los gobernantes de la región que, «frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos».
La presentación del documento, que buscó plasmar un amplio consenso nacional a través de la amplia y diversa representatividad de los firmantes, tuvo lugar pocas horas antes de que el ministro Guzmán presentase a los acreedores externos una propuesta para reestructurar la deuda pública argentina, que, a su vez, será la primera de este tipo en el marco de la crisis sanitaria más grave que ha vivido el mundo en el último siglo.
El mismo presidente Alberto Fernández ha sostenido que esos compromisos no pondrán en jaque la economía del país y que «la prioridad es la salud de los argentinos».
Los puntos centrales comprendidos en el documento son los siguientes:
– La declaración del «estado de necesidad» como «único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente».
– La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas.
– Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas ante organismos multilaterales y acreedores privados.
– Los países periféricos deberán generar decisiones basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes, que lleven al necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.
En otro tramo del documento, también se esboza la necesidad de trazar una política destinada a encontrarle «una solución definitiva al problema de la deuda externa», y se subraya la importancia de encarar un plan de acción de cara al futuro que contemple «el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de ‘fondos buitre’, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional».
Además, la propuesta sugiere impulsar «una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías».
El llamamiento pone en valor la importancia de «encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de guaridas fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos».
Entre las y los firmantes de Argentina se encuentran: el ex vicepresidente de la nación, Amado Boudou; el diputado nacional alfonsinista Leopoldo Moreau; Sonia Alesso (Ctera); Teresa Parodi, cantautora y ex ministra de Cultura; la dirigente social Milagro Sala; Eduardo de la Serna y Francisco «Paco» Oliveira (Grupo de Curas en Opción por los Pobres), entre otros.
