Luego de la polémica por las prisiones domiciliarias que la Justicia habilitó para descomprimir la delicada situación de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria en el marco de las medidas preventivas ante la pandemia de COVID-19, el gobernador Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó el modo en que se instrumentó el proceso, con el que dijo estar en desacuerdo.
Junto al ministro de Justicia, Julio Alak, y el de Seguridad, Sergio Berni, anunció la puesta en marcha de un plan de infraestructura penitenciaria que permitirá ampliar la capacidad de alojamiento del servicio provincial en los próximos meses, con unas 1.350 nuevas plazas.
«Quién va a la cárcel, quién sale, quién tiene prisión domiciliaria o no es una decisión del Poder Judicial. Ni aunque quisiéramos podríamos decidir», reiteró luego de la polémica por las prisiones domiciliarias que la Justicia otorgó a detenidos por delitos graves. «No solo no lo promovimos porque no estamos de acuerdo, sino que no podemos», insistió.
En ese marco, el gobernador señaló al procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, que fue quien instruyó a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal a promover las prisiones domiciliarias basado en las recomendaciones de organismos internacionales por el potencial peligro que implicaría que las cárceles se convirtieran en un foco de contagio. Indicó, sin embargo, que el procurador «omitió señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves».
“Si el Poder judicial ha tomado decisiones equivocadas y ha cometido errores, deberá revertirlos. Por eso yo confío en que la Suprema Corte ordene esta cuestión que es objeto de la discusión pública”, manifestó el gobernador.
Por su parte, el ministro Alak analizó la situación penitenciaria que heredó la actual Administración y denunció que «ha habido mucha información falsa y también ha habido jueces que fueron parte de esta campaña». «La situación en Buenos Aires es doblemente compleja, porque cuando asumió el gobernador Kicillof la situación era gravísima. Esta situación fue calificada por el superior tribunal de la provincia como una ‘crisis humanitaria’», recordó el funcionario, y destacó que «en el inicio de la gestión había 16.500 presos en huelga de hambre porque no recibían ni alimentación adecuada ni atención médica».
«Los bonaerenses hemos sido muy pacientes esperando una explicación por parte del Poder Judicial. No solamente ha sido torpe, sino también ha sido irresponsable y hasta provocativo», cuestionó el ministro Berni, y añadió: «La Justicia es la que tiene la facultad de ordenar este desorden que ha provocado».
Noticias falsas
Por otro lado, el gobernador y el ministro de Justicia se mostraron particularmente molestos por la difusión de noticias falsas y la participación de integrantes del Poder Judicial en ellas. En la conferencia mencionaron un caso que había ocurrido apenas unas horas antes con la publicación del diario Clarín acerca de una supuesta denuncia de un juez de Ejecución Penal de Lomas de Zamora (Mario Valitutto) sobre presiones ejercidas por el Ejecutivo. La noticia no solo fue desmentida por el mismo magistrado, sino que además la nota señalaba que las presiones denunciadas corresponden al año pasado, cuando la provincia era gobernada todavía por María Eugenia Vidal.
El plan de infraestructura
La ampliación de la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense en 1.350 plazas responde a las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que impera en la provincia. De acuerdo con información de Gobernación, actualmente hay unos 50.000 internos para un sistema preparado para albergar a unos 24.000. La sobrepoblación actualmente supera el 100%, por lo que el Tribunal de Casación Penal de la provincia lo definió como una «crisis humanitaria» en octubre de 2019.
El plan es de diez obras e incluye la construcción de una nueva unidad en Lomas de Zamora y la ampliación y creación de nuevos pabellones en las unidades penitenciarias más afectadas por la sobrepoblación.
