La Corte Suprema de Justicia bonaerense suspendió este martes el fallo de Casación que dio lugar al habeas corpus que habilitó el arresto domiciliario para aquellas personas detenidas por delitos menores que formen parte de grupos de riesgo. Ordenó que se frenen los «efectos de la decisión cuestionada», mientras analiza la medida en cuestión.
De esta forma, declaró admisible el recurso presentado por el fiscal Carlos Altuve y provisoriamente se suspenden las medidas dictadas por Casación, aunque no afecta a las prisiones domiciliarias que ya fueron dispuestas. Sin embargo, si el máximo tribunal pasa de la suspensión a la revocación del fallo, quienes recibieron domiciliaria deberán volver a prisión.
Vale recordar que el pasado 8 de abril, Casación Penal, con la firma del juez Víctor Violini, dio lugar a un habeas corpus colectivo a fin de atender la situación de las personas detenidas en el marco de la emergencia sanitaria. El fallo ordenó el arresto a detenidos por delitos menores y que son parte del grupo de riesgo, mientras que dispuso que cada juez analice la situación de aquellas personas también parte de este grupo pero alojados por delitos graves. Al mismo tiempo, se recomendó a los magistrados que revisen la situación de aquellas personas detenidas con prisión preventiva sin condena. La medida fue ratificada el 22 de abril por el juez Ricardo Borinksy, quien ordenó que se aplique de manera «inmediata».
Según detalla el fallo de la Corte Suprema al que tuvo acceso Contexto, en el recurso presentado por Altuve, el fiscal bonaerense destacó que las consecuencias son «en violación de las reglas excepcionales de competencia originaria del Tribunal de Casación y en forma indiscriminada sin examen de las circunstancias concretas de cada caso». En ese sentido, consideró «arbitrario» el fallo al dejar «sentado que el habeas corpus colectivo no era la vía para resolver la cuestión planteada por los defensores generales, y que debía ser resuelta por cada juez».
Por otra parte, entre otros puntos, según detalla el Máximo Tribunal, Altuve manifestó «que la sentencia dictada por la instancia anterior ha generado una conmoción social e institucional, dada su imprecisión», y destaca que a «la fecha, se han sucedido innumerables concesiones de libertades, medidas morigeradoras y beneficios de ejecución de la pena anticipados en vulneración de la letra expresa de la ley, sin respetar los requisitos por ella previstos, lo que ha conmocionado a la opinión pública y provocado diversas irregularidades en el sistema de administración de justicia».
En este marco, la Corte Suprema bonaerense decidió «declarar procedente la queja» interpuesta por el fiscal, «conceder el recurso extraordinario de inaplicidad» y «suspender los efectos de la decisión cuestionada». Al mismo tiempo, solicitó que sea notificado el procurador Julio Conte Grand y le pidió su opinión, la cual debe ser respondida en el plazo de veinticuatro horas, al igual que al defensor ante Casación, Mario Luis Coriolano.
Esta mañana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof se había pronunciado en esa línea al anunciar la creación de 1.350 nuevas plazas carcelarias. «Quién va a la cárcel, quién sale, quién tiene prisión domiciliaria o no es una decisión del Poder Judicial. Ni aunque quisiéramos podríamos decidir», dijo el mandatario bonaerense. «No solo no lo promovimos porque no estamos de acuerdo, sino que no podemos», insistió.
En ese marco, señaló a Conte Grand, que quien instruyó a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal a promover las prisiones domiciliarias basado en las recomendaciones de organismos internacionales por el potencial peligro que implicaría que las cárceles se convirtieran en un foco de contagio. Afirmó que el procurador «omitió señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves». «Si el Poder Judicial ha tomado decisiones equivocadas y ha cometido errores, deberá revertirlos. Por eso yo confío en que la Suprema Corte ordene esta cuestión, que es objeto de la discusión pública», concluyó.
