La iniciativa contó con las firmas de 38 diputadas y diputados del bloque del Frente de Todos y el respaldo de las principales asociaciones de consumidores. Incluso cuenta con el apoyo de parte de la oposición, como lo manifestó el diputado José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Apunta a suspender los cortes y a que las empresas mantengan la calidad del servicio de acuerdo con los contratos establecidos.
En medio de la crisis socioeconómica agravada por la pandemia del COVID-19, desde el bloque oficialista del Frente de Todos presentaron ayer un proyecto con el respaldo de asociaciones de usuarios y consumidores del país para suspender los cortes en los servicios de telefonía móvil y fija, Internet y operadoras de televisión por cable y satelital. Regirá, de ser aprobado, mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria que decretó el Ejecutivo.
El proyecto, redactado por la diputada Fernanda Vallejos, establece que «las empresas prestatarias de los servicios de Telefonía fija y móvil, Internet y Televisión por Cable, por vínculo radioeléctrico y satelital deberán abstenerse de disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios, motivados por morosidad o falta de pago de facturas con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020 y durante la vigencia del Estado de Emergencia determinado por Decreto 260/2020».
La iniciativa cosechó las firmas de los diputados oficialistas José Luis Gioja, Marcelo Casaretto, Lucía Corpacci, Rosana Bertone, Mara Brawer y Gisela Marziotta, y tuvo también el apoyo del opositor José Luis Ramón, presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. También recibió el respaldo de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) y la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC).
El segundo punto importante del proyecto dispone que las empresas garanticen «la accesibilidad y la conectividad con calidad y velocidad adecuadas requeridas para un normal, pleno y satisfactorio funcionamiento, conforme a las condiciones contractuales originalmente pactadas entre las partes, en todo el territorio nacional».
Los legisladores precisaron que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no tiene la potestad para regular a las prestatarias, ya que estos servicios no entran en la categoría de «públicos», por lo que el Poder Legislativo buscaría fortalecer la capacidad del Estado, en el marco de las arduas negociaciones con las empresas de telecomunicaciones (telcos).
Los diputados del Frente de Todos mantuvieron contacto con autoridades del Enacom, quienes respaldaron la iniciativa legislativa, mientras avanzan en un encuentro del que participarían legisladores y autoridades del organismo que se realizaría de manera inminente, previo al tratamiento del proyecto de ley.
«Ante los numerosos reclamos de los usuarios por problemas de facturación incorrecta, aumentos de tarifas, interrupción del servicio, deficiencias en la calidad del servicio o en la prestación o en el acceso, sumado a la significativa disminución de los ingresos que la mayor parte de la población está padeciendo en el marco de la pandemia, el Estado debe velar por la continuidad y universalidad de los servicios básicos, garantizando la accesibilidad y la conectividad con calidad y velocidad», argumentaron en la propuesta.
Indicaron que «el proyecto busca darle continuidad y ampliar las garantías establecidas por los decretos 311/2020 y 426/2020 del Poder Ejecutivo», que obligan a las empresas a mantener un «servicio reducido» en los casos de deuda. Estos decretos declararon los servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital como «servicios esenciales en la emergencia», prohibiendo taxativamente el corte o suspensión en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de 180 días para un conjunto de determinados usuarios de mayor vulnerabilidad social.
Añadieron que los decretos mencionados y las reuniones virtuales que mantuvieron en los últimos días las autoridades del Enacom con representantes de las veintidós organizaciones de usuarios y consumidores respondieron a los fuertes aumentos que aplicaron las empresas en medio de la crítica situación sanitaria, social y laboral por el impacto de la pandemia y el parate productivo que atraviesa el país. Las subas rondaron el 35%, según denunciaron las organizaciones de consumidores.
El espíritu de los decretos, que recoge el proyecto de Vallejos, entiende estos servicios como esenciales para el desarrollo de la vida diaria y más aún en el actual estado de aislamiento, centrales para el ejercicio de derechos básicos fundamentales como la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y la información, entre otros.
El lunes Vallejos presentó otro proyecto junto con la firma de 55 diputados para reclamar la suspensión de los aumentos del servicio de telefonía celular y fija, Internet y de televisión por cable y satelital.
Ambos proyectos se articulan con el paquete de medidas que decidió el gobierno nacional para aliviar la delicada situación económica del país, particularmente la que atraviesan los trabajadores formales e informales, los beneficiarios de planes sociales, los monotributistas, los gremios, las cooperativas y pymes, entre otros sectores.
