Ante el temor de varios gremios del sector público bonaerense, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) decidieron pronunciarse y aclarar que el acuerdo recientemente firmado entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y Axel Kicillof no trae oculta ninguna instancia de «armonización» de jubilaciones entre Nación y Provincia. La inquietud había sido presentada por varios sindicatos, que vieron en la medida un posible riesgo de afectación de la caja previsional bonaerense y los derechos de los trabajadores de la Administración Pública.
A través de este acuerdo entre Provincia y ANSES –oficializado en el Decreto 261/2020– se busca acordar una asistencia financiera de unos 6.000 millones de pesos para afrontar el déficit financiero del IPS, devenido luego del gobierno de María Eugenia Vidal y agravado por la falta de ingresos a causa de la pandemia.
Este direccionamiento de dinero es posible debido al mecanismo legado por la mentada Ley 27.260 –llamada «de Reparación Histórica»– discutida durante el macrismo, cuyo esquema permite reclamar este dinero. No obstante, la normativa pretendía también encarar la controversial «armonización» de regímenes de jubilaciones de la provincia en relación con el sistema nacional.
Los gremios vieron en este nuevo acuerdo una vía de entrada a ese mecanismo. Fue por eso que el titular del IPS, Eduardo Santin, publicó un comunicado dirigido, de manera principal, al Frente de Unidad Docente Bonaerense –unidad que nuclea a los principales gremios de la educación provincial: SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET–, uno de los primeros sectores que remarcó su inquietud ante el acuerdo.
«La firma del convenio entre nuestro gobernador y la ANSES realizada en días pasados, y como surge de la lectura del mismo, no esconde ningún fantasma de armonización, sino todo lo contrario, es el reclamo de recursos que son de los bonaerenses y que administra el sistema nacional», sostiene Santin en el texto.
La «armonización» fue una categoría utilizada durante el período de gobierno de Cambiemos para definir la unificación nacional de las condiciones de acceso a la previsión social. Es decir, las cajas provinciales deben ajustar sus condiciones de jubilación a los parámetros de las leyes nacionales. Esto implica una reducción drástica de derechos para los trabajadores de las distintas provincias: modificar el cálculo de haberes, eliminar la movilidad automática de los aumentos, modificar el tope de edad para jubilarse, entre otros.
«Yo creo que la medida es clara. Lo que se está pidiendo es que ANSES cubra el déficit del IPS. No lo veo como una complicación para los regímenes de jubilación. Salvo quizás un párrafo que deja alguna duda sobre la regularización con la Ley 15.008, que es la del Banco Provincia. Pero en general que es una cobertura del déficit del año 2018 del IPS», dijo a Contexto el referente gremial Federico Bach, de la Asociación Bancaria de La Plata.
En ese sentido, Santin apunta contra la situación financiera resultante de la gestión de Cambiemos en provincia, con María Eugenia Vidal a la cabeza. Respecto de la llamada Reparación Histórica, señala que «el proyecto de reforma de la ley del IPS hacía perder a los trabajadores sus conquistas, generando una avalancha de jubilaciones frente al pánico de perder esos derechos. Eso trajo como consecuencia que pasáramos de una relación activo-pasivo de 3,47 en 2015 a 2,57 en 2019, con el consiguiente desequilibrio entre los ingresos y los egresos».
El responsable del Instituto aclaró en el texto que la actual gestión recibió el IPS con «$20.000 millones de déficit» como consecuencia de que «se liquidaron entre el 2016 y el 2019 todas las letras previsionales que poseía el IPS por un valor de $14 mil millones, que aportaban $2.000 millones de intereses».
Este mismo punto explicó el gremio Asociación Judicial Bonaerense, que apuntó contra el escenario legado por Vidal. «El déficit del sistema previsional provincial se instaló durante el gobierno de María Eugenia Vidal a partir del quiebre de la relación entre activos y pasivos, instrumentado mediante un proceso de retiros compulsivos y voluntarios, congelamiento de ingresos a planta permanente y contratación de miles de monotributistas que no realizan aportes previsionales en el sistema provincial».
