Al menos 130 personas fueron espiadas ilegalmente por la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia. Periodistas, líderes opositores, jueces, dirigentes sociales y de derechos humanos sufrieron seguimientos, escuchas ilegales y perfilamientos (perfiles ideológicos-políticos realizados en base a los datos recabados mediante el espionaje). El escándalo fue revelado por la revista colombiana Semana y señala que estas escuchas se habrían realizado entre febrero y diciembre de 2019.
La oposición exige la renuncia del ministro de Defensa, que el gobierno dé explicaciones sobre estos hechos (que hasta ahora ha ocasionado el retiro de once oficiales del Ejército), y que se realice una profunda investigación. También anunciaron que llevarán la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.
Contexto charló con una de las víctimas, el senador colombiano Iván Cepeda, quien explicó cómo fue el proceder del Ejército, el antecedente que vincula este accionar al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y quiénes podrían estar detrás.
Cepeda explicó que «el Estado colombiano siempre ha practicado la inteligencia ilegal, el espionaje, como elemento de persecución a los opositores políticos. En esta última etapa, esa persecución ha tomado la forma de que aparatos o agencias del Estado se conviertan en empresas criminales».
«Desde el año 2002 hasta el año 2010, cuando tuvieron lugar los dos gobiernos de Álvaro Uribe, existió un primer episodio de esta situación que se conoció como ‘El caso de las chuzadas’. En ese momento, el DAS [Departamento Administrativo de Seguridad] que era una agencia de inteligencia que dependía directamente del presidente de la república, consagró parte de sus labores a realizar interceptaciones y escuchas ilegales a opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, congresistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en ese momento estaban investigando al entorno del presidente en el llamado ‘episodio de la parapolítica’», detalló.
El senador señaló que «en este gobierno [el de Iván Duque] hemos tenido una segunda etapa de este tipo de acciones ilegales. En esta ocasión no es el DAS, porque esa estructura fue eliminada debido al gran escándalo que se generó por las chuzadas. Ahora es el Ejército Nacional el que ha cumplido esa labor ilegal».
Cepeda comentó que «un grupo de periodistas, que han hecho una labor de investigación, descubrieron que desde las cúpulas del alto mando militar han utilizado equipos que habían sido conseguidos con dineros de la cooperación de Estados Unidos en la llamada lucha contra el narcotráfico. Los equipos comprados con ese dinero fueron usados para realizar operaciones encubiertas ilegales, de seguimiento y de interceptación de comunicaciones y de lo que se llama perfilamiento de congresistas de la oposición, magistrados de las altas Cortes, especialmente aquellos que llevan casos como el que tiene en este momento en la Corte Suprema sobre propio Álvaro Uribe, periodistas y defensores de derechos humanos». «Esta operación, según lo que se ha podido establecer por ahora, tiene que ver con 130 personas que hemos sido objeto de este espionaje. Pero es muy posible que la cifra sea mucho mayor», afirmó.
El dirigente sostuvo que «estas operaciones se realizaban en silencio, de manera encubierta, y la revista Semana, que es la que ha hecho esta investigación, señala que se habrían dado por encargo y suministrando información a políticos del partido de gobierno, el Centro Democrático, que es un partido que tiene una dirección unipersonal cuya cabeza es el senador Álvaro Uribe».
«Volvemos a la misma historia, se trata nuevamente de perseguir a los opositores, a los defensores de derechos humanos, a los constructores de la paz en Colombia, y se hace desde una agencia creada por el Estado para la persecución política», afirmó.
El senador remarcó: «Creemos que, a pesar de esta etapa de la pandemia, estas acciones van a generar una gran discusión y, sin dudas, hechos políticos importantes. Entre las personas que venían siendo blancos de estas operaciones, de estas acciones criminales, hay periodistas incluso de Estados Unidos. Hay periodistas del New York Times que estaban siendo seguidos y espiados por haber hecho una investigación periodística sobre los mal llamados ‘falsos positivos’ [asesinatos de civiles por parte del Ejército. Víctimas que luego se las hacía pasar como guerrilleros muertos en combate], otra práctica que revivió este gobierno».
«Todo parece indicar que detrás de las escuchas ilegales estaría el alto mando militar y podría haber figuras importantes. Es necesario investigar quiénes son todos los responsables de estas escuchas ilegales».
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