Desde que el gobierno decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, destinó a través de la ANSES 162.000 millones de pesos (0,8% del PIB de 2019) para aplicar un paquete de medidas sociales y económicas con el fin de mitigar el impacto del parate de la actividad por la pandemia del COVID-19. Los primeros beneficiados de estas iniciativas fueron los sectores más vulnerables: quienes reciben asignaciones sociales, jubilados, desocupados, monotributistas sociales y de categorías bajas, trabajadores informales y de casas particulares y empresas.
Si bien la inversión social a cargo del organismo que ahora preside Fernanda Raverta es de cerca de 162.000 millones, alcanzará los 178.000 millones cuando se renueven los programas sociales en mayo (IFE). Alcanza, también, la extensión que hizo AFIP a mayo de los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de sueldos de las empresas y, a su vez, para las contribuciones patronales. Estos pagos los ejecuta ANSES.
La principal medida dentro del paquete fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que implicó un ingreso monetario de 10.000 pesos (146 dólares) a más de 8,3 millones de familias (y se esperan nuevas incorporaciones). El Estado volcó más de 80.000 millones de pesos para asistir económicamente a más del 60% de la población. Así, junto con las demás políticas de auxilio en plena crisis, fue la cobertura para familias de mayor poder de compra transferido en la región, según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
Por debajo de los 146 dólares por hogar argentino, Brasil otorgó 142 por familia, Perú 114, Bolivia 72, Chile 60 y Colombia 42. «Argentina es el país de mayor cobertura de hogares, alcanzando un total de 8,3 millones de familias, que representan el 62,4% del total. Mientras que Brasil, el segundo país en cuanto al monto otorgado en dólares, cubre tan solo el 23,5% de los hogares registrados en el país», indicó el informe.
La particularidad de los destinatarios del IFE es que en un 61% son empleados informales (más de 5 millones de personas). Durante el macrismo, los índices de precarización laboral se incrementaron, fomentando la proliferación de monotributistas sociales y de las categorías más bajas. Ahora, esa herencia impactó de lleno en la situación de este sector de la población, mayormente afectado por las medidas sanitarias de restricción. Actualmente, cerca del 40% del empleo es informal y se registran casi 2 millones de monotributistas.
Las otras medidas
Bono extraordinario
El informe de la UNDAV detalla en qué consistieron las otras medidas de ayuda social y económica que aplicó el gobierno mediante ANSES. Además del IFE, pagó un bono extraordinario a más de 8,3 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH, AUH discapacidad y AUE, implicando una inversión de casi 27.000 millones de pesos y cubriendo al 63% de este universo. Además, los 2,3 millones de beneficiarios de AUH, AUE y AUH discapacidad recibieron los 10.000 pesos del IFE.
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)
Destinado al sector productivo, ANSES pagará hasta el 50% del salario de más de 186.000 empresas, alcanzando a 1,3 millones de trabajadores, lo que, junto con la reducción de contribuciones y el aumento del seguro de desempleo, implica un esfuerzo fiscal de más de 40.000 millones de pesos.
Prórroga de cuotas de Créditos ANSES y reducción de tasas
Más de 5,5 millones de personas habían recibido un crédito por parte del organismo durante el macrismo. Su situación económica les impedía juntar los fondos para lograr el pago de las cuotas. Por este motivo, en enero, febrero y marzo el organismo decidió prorrogar las cuotas y bajar las tasas de interés de los créditos. Ante el estallido de la crisis sanitaria, la medida tuvo que ser prorrogada, quedando pospuestas las cuotas de abril a junio, generando un costo de 8.000 millones de pesos mensuales.
Tarjeta Alimentar
Fue coordinada por ANSES junto con el Ministerio de Desarrollo Social. Los destinatarios son los beneficiarios de AUE, AUH discapacidad y AUH por niños de hasta seis años. En cuanto al monto, en un principio era de 4.000 pesos para familiar con un hijo/a, ascendiendo a 6.000 para familias con más de un hijo/a. Se estima que cerca de un millón y medio de familias son alcanzadas por esta política.
Beneficios para empresas, monotributistas, autónomos y desempleados
El objetivo de este paquete de medidas es llevar alivio a los sectores activos de la economía, que no han sido incluidos en el IFE ni en los bonos extraordinarios. Se trata del paquete ATP. Son sectores formales pero que, debido a la interrupción de la actividad, vieron sus ingresos fuertemente reducidos. Abarca las siguientes medidas: Asignación Compensatoria al Salario, Extensión del Seguro por Desempleo, Postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las Contribuciones Patronales al SIPA y Créditos a tasa cero de hasta 150.000 pesos para monotributistas y autónomos.
