La alarma se encendió en la ciudad de La Plata ante la nueva reforma policial que modificará la jerarquización de poder de la Policía en cada distrito bajo la creación de las «estaciones policiales». Este esquema –que elimina la división en departamentales, jefaturas y superintendencias– crea una nueva centralización directa del control de la fuerza de seguridad en la región, con fuerte injerencia de los intendentes de cada distrito.
Los cierto es que, en el caso de la capital bonaerense, el alcalde Julio Garro ya comenzó a barajar nombres y esta última semana comenzó a sonar fuerte la figura del comisario mayor Sebastián Martínez Pass. Ni más ni menos que uno de los implicados en la causa por la muerte de Emilia Uscamayta Curí.
«Martínez Pass forma parte del grupo de funcionarios que, al momento de la muerte de la estudiante universitaria Uscamayta, integraba lo que es el staff de Seguridad de la Ciudad, en este caso a cargo de la policía local. De alguna manera está involucrado en la causa –cuya investigación está en trámite–, ya que hay sospechas razonables para sostener que hubo un hecho de corrupción policial. En este caso, en el hecho de abandonar la zona donde estaba ubicada la quinta donde se llevó a cabo la fiesta clandestina», dijo a Contexto el abogado Adrián Rodríguez, representante de la familia de la estudiante de periodismo fallecida en enero de 2016 en una fiesta ilegal.
Al día de la fecha, la situación procesal de Martínez Pass está pendiente y el funcionario aún no se presentó a dar explicaciones ante la Justicia. Vale señalar que su nombre consta en una resolución del Tribunal de Casación bonaerense donde instan a que sea investigado, decisión tomada tras una primera absolución del entonces titular de Seguridad de La Plata, Daniel Piqué, quien también resultó implicado en el caso.
Según el documento del Tribunal, al que Contexto tuvo acceso, se especifica que «los únicos funcionarios que podrían haber aportado claridad sobre lo que en verdad ocurrió aquella noche [en referencia a la jornada en que Emilia falleció] son Martínez Pass y [Roberto] Di Grazia [entonces responsable de Convivencia y Control Ciudadano]». Esta aclaración refiere a la búsqueda por detectar quién fue el responsable de autorizar la fiesta ilegal donde Uscamayta perdió la vida.
Hace cuatro años que el caso Uscamayta continúa impune. Martínez Pass, además de seguir sin aportar datos sobre lo sucedido la noche de la muerte de Emilia, ahora aguarda a ser elevado de cargo con el aval del intendente Garro para encabezar el nuevo armado policial de la ciudad de La Plata. Vale recordar que, además, era el jefe de la policía local cuando desapareció Johana Ramallo, la joven que fue secuestrada por una red de trata cuyo crimen aún sigue impune.
Esta nueva medida de reforma policial tiene conexión directa con el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, quien busca reencauzar los históricos reclamos de los intendentes bonaerenses por tomar mayor protagonismo sobre la policía. Esto remite a los viejos proyectos –que intentó instaurar Daniel Scioli como gobernador bonaerense junto a Alejandro Granados, entonces titular de la cartera de Seguridad– sobre la creación de policías municipales, iniciativa cuyo espíritu original se diluyó con el paso de los años.
El reclamo de las policías comunales –luego derivado en la conocida Policía Local– representó siempre una búsqueda de los intendentes por tener mayor participación en las decisiones de seguridad de sus propias comunas y lograr romper con el mentado «autogobierno» de la Policía bonaerense.
