A través del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos anunció que volvió a incluir a Cuba entre los países que «no colaboran» en la lucha contra el terrorismo. Tal vez el cinismo de esta declaración no sería tan evidente si no se hubiese producido a solo días del atentado contra la Embajada de la República de Cuba en Washington y luego de que un grupo de mercenarios, comandado desde Miami, intentara ingresar en territorio venezolano para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
En la madrugada del 30 de abril, un hombre con un arma de fuego se acercó hasta la puerta de la Embajada de Cuba en Washington, intentó incendiar una bandera cubana y luego comenzó a disparar en reiteradas oportunidades (al menos 32 veces) contra la sede diplomática. Tras ser detenido por la policía, no hubo ninguna declaración del gobierno de Estados Unidos que condenara el acto terrorista que, milagrosamente, no causó víctimas.
El martes 12 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que «el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos, lamentablemente, han optado por silenciar este grave ataque terrorista. Hasta este mismo instante no se ha producido ninguna declaración pública de condena a este hecho, ni de rechazo a un acto terrorista; ante una situación de esta gravedad, es necesario denunciar el silencio cómplice del gobierno de los Estados Unidos».
El jefe de la diplomacia cubana sostuvo que «es necesario preguntar al gobierno de los Estados Unidos cuáles son sus motivaciones para mantener silencio sobre el hecho, mantenerlo alejado de la opinión pública y no lanzar mensajes de disuasión de actos como este en cumplimiento de sus obligaciones legales como país sede de la sede diplomática».
«Se trata de un acto terrorista, un acto cometido contra nuestra sede diplomática en Washington, pero que no puede verse separado, sino como un resultado directo de la política y del discurso agresivo del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, del discurso de odio y de la permanente instigación a la violencia de políticos estadounidenses y grupos extremistas anticubanos que han hecho de este tipo de ataques su medio de vida», aseguró.
En otra parte de la conferencia, Rodríguez afirmó que «quien escuche los pronunciamientos y falsedades constantes del Departamento de Estado y del propio secretario de Estado observará que hay constantemente una apelación al resentimiento y al odio a Cuba».
Luego agregó que «el gobierno de Cuba espera por resultados de una investigación exhaustiva y a fondo de este ataque terrorista. Veremos si el gobierno de los Estados Unidos encuentra alguna explicación plausible a los vínculos de Alazo Baró [el agresor] con las agrupaciones extremistas y violentas que he mencionado, y cómo explica la relación ineludible entre esos vínculos y esos actos y el ataque contra nuestra misión diplomática».
«No podría nadie olvidar la larga y cruenta historia de terrorismo contra las misiones diplomáticas de Cuba en los Estados Unidos y contra sus funcionarios. Once mártires tiene el servicio exterior de la República de Cuba, asesinados violentamente por grupos terroristas, uno de ellos en 1980 en una avenida céntrica en Queens, en la ciudad de Nueva York. El asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en una avenida céntrica de Washington es también parte de esa historia», remarcó el canciller cubano.
En la misma línea se podría señalar que el gobierno de Donald Trump tampoco ha manifestado ninguna clase de repudio público sobre el accionar del grupo mercenario que, con la participación de dos ex boinas verdes, en la madrugada del domingo 3 de mayo intentó desembarcar en Venezuela.
Según denunció The Washington Post, el grupo respondía a la estructura de la empresa Silvercorp USA, dirigida por Jordan Goudreau (veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos). El diario norteamericano develó un documento firmado entre el líder opositor venezolano (y autoproclamado presidente interino), Juan Guaidó, Goudreau y el operador político Juan José Rendón.
Según se señala en el artículo, el contrato decía claramente que se trataba de «una operación para capturar/detener/remover a Nicolás Maduro, eliminar el régimen actual e instalar al presidente venezolano reconocido, Juan Guaidó». En una entrevista realizada por la cadena de noticias norteamericana CNN en Español, Rendón admitió que lo había firmado, aunque dijo que se trataba de un acuerdo que no llegó a hacerse efectivo, pero reconoció haberle dado a Goudreau, al menos, 50.000 dólares.
No es llamativo el silencio del gobierno norteamericano frente a estos hechos. La historia de la sociedad de esa estructura política y el terrorismo internacional es larga. Solo para mencionar algunos de esos aspectos se podría señalar a personajes como Luis Posadas Carriles, uno de los torturadores y asesinos confesos más famosos que estuvo al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y junto con Orlando Bosch planificaron diversos atentados terroristas, el más conocido de ellos el del 6 de octubre de 1976, cuando un grupo de terroristas al servicio de Posadas Carriles y Bosch colocaron una bomba en un avión de pasajeros de la empresa Cubana de Aviación y lo hicieron estallar en pleno vuelo. El atentado provocó la muerte de las 73 personas que viajaban en la aeronave. Estos criminales caminaron con total libertad por las calles de Miami hasta el último de sus días.
También está el caso del criminal argentino Roberto «El Ñato» Bravo, jefe de los fusiladores de la Masacre de Trelew, que en la ciudad de Miami se transformó en un «próspero empresario» que brindó servicios al Pentágono y realizó sustanciosos aportes a las campañas electorales de personajes de la ultraderecha norteamericana, como Ileana Ros-Lehtinen.
Al bucear en estos vínculos entre el gobierno norteamericano y el terrorismo se podría ir hasta abril de 1961, cuando CIA y el Departamento de Estado promovieron el fallido intento de invasión de Playa Girón (Cuba). Un hecho tan significativo que fue el propio Trump que lo trajo al presente cuando en julio de 2017 realizó un acto en Miami para anunciar sanciones contra Cuba y se rodeó de varios de los terrorista que allí residen, entre ellos, varios miembros de la Brigada 2506 (la que intentó desembarcar en Girón), a los que Trump llamó «luchadores de la libertad».
Solo para hacer un rápido repaso de otros actos terroristas contra Cuba que recibieron el apoyo del gobierno de Estados Unidos, se puede señalar que en octubre de 1992 se realizó un ataque armado contra el Hotel Meliá Varadero. Luego de ser detenidos en Estados Unidos, los terroristas fueron puestos en libertad por el FBI. En enero de 1993, cuando se dirigían hacia las costas cubanas, fueron detenidos por el servicio de guardacostas norteamericano cinco terroristas a bordo de una embarcación artillada con ametralladoras pesadas. Al poco tiempo fueron puestos en libertad. En marzo de 1994, un grupo procedente de Miami realizó disparos contra el Hotel Guitart Cayo Coco. En octubre de 1994 y en mayo de 1995 repitieron el ataque. En noviembre de 1994, Luis Posada Carriles y cinco de sus cómplices intentaron atentar contra Fidel Castro en Cartagena, Colombia, durante la celebración de la IV Cumbre Iberoamericana. En julio de 1995, cuando se disponían a infiltrarse en Cuba, fueron detenidos en Estados Unidos tres terroristas. A pesar de hallarles armas y explosivos, fueron liberados por las autoridades norteamericanas. En abril de 1997 se produjo la detonación de una bomba en el Hotel Meliá Cohíba, en La Habana; el día 30 de ese mismo mes fue descubierta otra bomba en el mismo hotel y el 4 de agosto se produjo allí otra explosión que causó la muerte de un turista italiano. En julio de 1997 estallaron bombas en los Hoteles Capri y Nacional. En septiembre de 1997, en los hoteles Tritón, Chateau Miramar, Copacabana y en el restaurante La Bodeguita del Medio. En noviembre de 2000, Posada Carriles fue detenido junto a otros terroristas cuando intentaba atentar contra la vida del presidente de Cuba Fidel Castro durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Panamá. A los pocos meses fue puesto en libertad. Estos actos causaron la muerte de 3.478 y dejaron incapacitadas a otras 2.099.
Algún día los documentos desclasificados terminarán de corroborar el vínculo -que varias investigaciones periodísticas ya han denunciado- entre el gobierno de Washington y grupos como Al Qaeda, ISIS y tantos otros. Mientras tanto, el Departamento de Estado sigue haciendo listas de países que «no colaboran en la lucha contra el terrorismo». El cinismo a gran escala.
