El oficialismo en Diputados tiene preparado el proyecto de un «aporte extraordinario y por única vez» que alcanzará a las grandes riquezas con el fin de recaudar fondos para adoptar medidas ante la emergencia sanitaria y económica por la pandemia de COVID-19. El piso de las fortunas será de 200 millones de pesos y toma como referencia las declaraciones juradas patrimoniales.
Así lo afirmó el diputado del Frente de Todos Carlos Heller, quien detalló que no se trata de un impuesto porque es por única vez y para las grandes fortunas patrimoniales de las personas físicas. La medida se enmarca en la discusión sobre cómo superar la crisis agravada por el aislamiento al que obligó la pandemia y que provocó un parate productivo y una fuerte caída de recaudación impositiva.
«El número de 200 millones no es un número arbitrario. Nos permite circunscribir el gravamen a unas 12.000 personas humanas», explicó Heller al canal Diputados TV. «Si lo bajáramos a 150 millones, como leí en alguna publicación, estaríamos incorporando 20.000 personas más, es decir, alcanzaría a más de 30.000, y, según nuestros números, el aumento del potencial recaudatorio no está en proporción a la cantidad de gente, por eso hicimos esa raya», añadió, descartando que se amplíe la base imponible.
En cuanto a la recaudación del aporte solidario, se estima que será entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Los fondos resultantes se destinarán a la compra de equipamiento médico y de insumos de prevención, medicamentos y otros insumos sanitarios. También, según adelantó Heller, a subsidios a las pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores que más empleo contiene y que más se ha visto afectado por la pandemia.
A nivel legislativo, Heller indicó que el ingreso del proyecto a Diputados se demoró porque se espera que el sistema virtual que se utilizó en las primeras sesiones a distancia (donde se trataron proyectos de consensuales) se encuentre lo suficientemente aceitado en su funcionamiento para que no haya contratiempos técnicos. Esto, debido a que se espera un debate intenso entre oficialismo y oposición.
Asimismo, al ser de carácter impositivo, el proyecto requiere una mayoría especial de 129 votos afirmativos. Por lo tanto, el Frente de Todos necesita alianzas para aprobarlo. Antes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Heller, será cabecera del debate. «Suponemos que en un par de semanas más podemos empezar el tránsito», dijo el legislador.
De acuerdo con las entrevistas de diputados y diputadas oficialistas, el proyecto contribuye a sostener las políticas económicas y sanitarias del gobierno, en un contexto de crisis y aumento de la pobreza y la desigualdad en los últimos años. Al cierre del gobierno de Mauricio Macri, la brecha entre quienes más y menos ganan se amplió. «En el cuarto trimestre de 2019 el 10% más rico de la población tuvo un ingreso 21 veces superior al 10% más pobre», sostuvo un informe de Andrés Wainer, coordinador del Área de Economía Política del Instituto de Estudios Sociales de Buenos Aires (Idesba-CTA).
Sectores empresarios alzaron la voz contra este proyecto porque, afirman, desalienta la inversión y el derrame hacia los trabajadores. «Este tipo de gravámenes no sólo no afecta la inversión sino que podría contribuir a mejorar las cuentas externas del país (reduciendo la fuga de capitales y la demanda de importaciones) y favorecer la recuperación de la actividad económica al redistribuir recursos que quedarían ociosos hacia sectores que consumen la totalidad de su ingreso y que demandan bienes mayormente de producción local», añadió el estudio de la CTA titulado «Diez razones de por qué es necesario y justo cobrar impuestos extraordinarios para enfrentar la crisis».
Impuestos a los ricos, un debate mundial
La necesidad de obtener recursos extraordinarios frente a la crisis más grave desde la Gran Depresión es un planteo que recorre a los gobiernos de todo el mundo. En ese marco, los nuevos tributos son un eje clave. Las opciones varían entre gravámenes a las grandes fortunas o aumentos a las alícuotas extras a la renta o al patrimonio personal.
Un informe del CEPA detalla los casos de una serie de países de Europa y América Latina que han implementado medidas de este tipo o se encuentran camino a hacerlo. Por caso, en España la fuerza política Unidas Podemos manifestó la intención de crear un «impuesto de solidaridad temporal» a las grandes rentas o los grandes patrimonios para costear las medidas sanitarias. En Italia se estudia establecer una «tasa Covid» (Codiv tax) progresiva durante 2020 y 2021. En Perú, la fuerza de izquierda Nuevo Perú difundió distintas propuestas económicas para paliar la crisis por COVID-19, entre las que se incluye crear un impuesto del 1% sobre las empresas millonarias del país.
El tema se instaló fuertemente a nivel global. Incluso el Fondo Monetario Internacional sugirió a los gobiernos asegurar los ingresos y promover la solidaridad. En un informe elaborado por el Departamento de Asuntos Fiscales recomienda, entre otras cosas, aumentar las tasas más altas del impuesto a las ganancias, del impuesto a los bienes personales o de la riqueza, lo que podría lograrse a través de un «Recargo solidario».
Por su parte, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) calculó que «la recaudación de un impuesto a las grandes fortunas (más de un millón de dólares) en América Latina, con una alícuota del 2,5%, podría recaudar entre el 0,5% y 1% del PBI regional, entre 25 y 50 mil millones de dólares». El informe «¿Cuánto podría recaudar el impuesto a las grandes fortunas en América Latina?» añadió que «esta cifra podría contribuir a financiar hasta una séptima parte de las políticas fiscales necesarias para superar la pandemia y la crisis generada».
