Tras la aprobación de la nueva Ley de Alquileres, que logró su sanción definitiva anteayer en la Cámara de Senadores de la Nación, la comunidad de inquilinos destacó este nuevo escenario legal tras años de reclamar políticas públicas para un sector que se vio afectado no solo por los embates económicos del macrismo, sino también profundizado por la crisis de COVID-19.
Ampliación de los plazos mínimos de duración de los contratos, adecuación de los precios a los índices salariales o la elaboración de programas gratuitos de asesoramiento legal para conflictos, son algunos de los puntos más destacados de la nueva normativa. Si bien no toma en su totalidad los proyectos presentados por asociaciones civiles en los últimos años, sí contempla muchas de las demandas más urgentes que se venían presentando.
«Este es un avance importantísimo. Dos de los aspectos principales que la nueva ley toma de nuestros reclamos es la extensión en los contratos a tres años como mínimo. Por otro lado, la determinación del índice es importantísimo, ya que toma un reclamo que veníamos planteando desde hace mucho tiempo, que es que se tome en cuenta el salario para elaborar los alquileres», dijo a Contexto Germán Schierff, referente de la Asociación Platense de Inquilinos, una de las principales entidades que agrupa el sector en la capital bonaerense.
«Esto sirve además para condicionar el mercado inmobiliario, ya que le quita una de las herramientas que más ha utilizado para especular, que es la posibilidad de decidir cuál es el aumento del valor de los contratos. Ahora esto va a quedar en manos de los índices oficiales, por ende, se le quita un poder importante al mercado», expresó Schierff.
«Si bien esto es un gran avance, creo que queda por avanzar en la cuestión de las garantías y lo que va a ser el plan de ayuda para el alquiler y de viviendas sociales que propone la ley, que es algo importantísimo. Por otro lado, creo que la aplicación de estos proyectos será un enorme desafío», agregó el referente de API.
Desde la comunidad de inquilinos se pronunciaron respecto de la ausencia de la oposición política en el Congreso para terminar de sancionar la ley, hecho que generó dilataciones en anteriores sesiones. «La ausencia de la oposición responde a cuestiones estrictamente partidarias. En lo que tiene que ver con quién marca la agenda en el Senado. Ellos no lo ven como algo importante porque están más interesados en mostrarse como oposición que en preocuparse por los problemas de la gente», agregaron desde API.
Cabe destacar que el problema de los inquilinos del país, si bien es un problema de larga data, se vio profundizado por las políticas económicas del macrismo y la caída del poder adquisitivo. A ellos se suma la irregularidad de las inmobiliarias que ignoraron las directivas de emergencia en el mercado de alquileres durante el período de cuarentena.
Según relevamientos de agrupaciones como API, «casi el 40% de los inquilinos no puede pagar abril». Otro de los reclamos que continúan en pie es que se extienda el plazo de congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos.
