El gobierno de facto de Jeanine Áñez anunció que las elecciones presidenciales se realizarán el 6 de septiembre. Los golpistas habían suspendido la primer fecha electoral, pautada para el 3 de mayo pasado, con la excusa del combate al COVID-19.
A pesar de la brutal persecución política y mediática en su contra, el Movimiento al Socialismo (MAS) se consolida como la principal fuerza política. La fórmula encabezada por Luis Arce y David Choqueguanca (apoyada por el expresidente Evo Morales) sigue al frente en todas las encuestas.
La dictadura y sus socios buscan, casi con desesperación, cualquier excusa que les permita invalidar la fórmula del MAS y proscribir ese espacio político. Pero son conscientes de que ese nuevo acto provocará la reacción popular, a lo que el gobierno de facto solo sabe responder con represión.
«Para todo dictador que no vacila en disparar contra su propio pueblo, el problema más difícil que determina la suerte futura de su poder se resume en la siguiente pregunta: Si ordeno esta vez abrir fuego, ¿prolongará la sangre derramada mi poder soberano, o le pondrá fin definitivamente?», aseguraba el periodista Ryszard Kapuscinski en su libro El emperador.
La dictadura boliviana parece avizorar su fin, y con desesperación lanza un saqueo contrarreloj que preanuncia el desolador panorama de tierra arrasada.
Recientemente, el programa boliviano Detrás de la Verdad denunció un nuevo acto de corrupción del gobierno de facto (cabe recordar que, en medio del colapso sanitario debido al aumento exponencial de los casos de COVID-19, se realizó una compra de respiradores con sobreprecio. Ese escándalo involucró al ministro de Salud, Aníbal Cruz, al ministro de gobierno, Arturo Murillo, y a la propia Áñez). El escándalo pone nuevamente en el centro de la escena al «hombre fuerte» de la dictadura, Murillo. En este caso, se trata de la compra de gases lacrimógenos para la Policía boliviana con un sobreprecio de más de 2.000.000 de dólares y con evasión de impuestos.
En la compra del armamento, que iba a realizarse de manera directa a la empresa brasileña Cóndor Non Letal Technologies, a último momento el gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de Defensa, colocó como intermediaria a la empresa Bravo Tactical Solutions-LCC, con sede en Estados Unidos (en el estado de Florida). La empresa es propiedad de Luis Berkman Littman y su hijo, Brayan Samuel Berkman.
Diversas investigaciones periodísticas han denunciado que los Berkman han estado involucrados en el tráfico de armas en distintos países del Cono Sur, proveyendo a un gran grupo de organizaciones criminales en Argentina, Brasil y Paraguay. Además, Luis Berkman es prófugo de la Justicia boliviana por delitos de robo de armas y peculado (2001-2013).
Como si ello fuera poco, según señalan las investigaciones periodísticas, Luis Berkman tendría una relación de amistad con Rodrigo Méndez Mendizábal, jefe de Gabinete de Murillo, y con el propio Murillo, lo que representa el delito de tráfico de influencias.
La denuncia del programa Detrás de la Verdad, del periodista Junior Arias, señala que el gobierno de Bolivia podía hacer la compra del material de manera directa por un precio al menos tres veces menor y con el respectivo pago de impuestos en beneficio de la economía boliviana.
El golpe de Estado contra el presidente Evo Morales instaló una dictadura brutal y sangrienta, que en su desesperada huida solo oscurece, cada día más, un tiempo que quedará entre los más oscuros de la historia de Bolivia.
