El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) recibió una serie de respaldos a su denuncia en el fuero penal de la provincia de Buenos Aires por irregularidades en la facturación presentada por doce profesionales pertenecientes a la Agremiación Médica Platense (AMP), tras haber realizado una auditoría en la que detectó posibles delitos de defraudación.
El primer apoyo provino del bloque de diputados del Frente de Todos, desde donde manifestaron «preocupación y rechazo a la campaña de difamación contra IOMA y su presidente, Homero Giles, encabezada por la acusación falsa de querer eliminar la libre elección de médicos y médicas por los y las usuarias de la institución».
Desde la agremiación de médicos habían acusado a la obra social de «maniobras extorsivas» para «convertir al Instituto en un nuevo PAMI, que impide al afiliado la libre elección del médico y del lugar de atención». Fue en reacción a la denuncia penal presentada. Pero el martes IOMA ratificó las denuncias y reiteró la libre elección de las médicas y los médicos por parte de sus afiliadas y afiliados.
«Tal denuncia no hace más que poner de manifiesto la transparencia de la gestión y constituye una obligación de funcionario/a público recurrir a la Justicia ante cualquier situación que pueda implicar la comisión de delito», remarcó el bloque oficialista en un proyecto de resolución promovido por la diputada Florencia Saintout, quien el año pasado había denunciado a la gestión de María Eugenia Vidal por el vaciamiento de la obra social por recortes en las prestaciones.
Giles, en tanto, sostuvo que las irregularidades en las facturaciones presentadas «estimamos que han pasado en meses anteriores, con presuntas falsificaciones de firmas». En una entrevista radial agregó que ahora «un juez deberá definir si hubo una defraudación al Estado. Como funcionario tengo la obligación de presentar la denuncia».
IOMA subrayó que en las auditorías internas detectaron maniobras para que el Instituto ilegítimamente pague: a.- prestaciones que no se realizaron, b.- facturación con firmas de afiliadas y afiliados falsificadas, c.- facturación sin documentación de respaldo.
Por su parte, las Vocalías Gremiales y organizaciones sindicales representantes de los trabajadores en el Consejo Consultivo Gremial de IOMA también se expresaron a favor de que prosiga el accionar judicial para establecer si hubo delitos de defraudación.
En un comunicado conjunto avalaron «la decisión del Instituto de auditar y denunciar el presunto delito de defraudación en el que incurrieron doce profesionales médicos». Además, destacaron su apoyo a «la decisión de investigar la conducta de la Agremiación Médica (AMP), ya que la potestad de auditar está establecida en la cláusula 16 del Convenio IOMA/AMP».
«Los trabajadores no vamos a legitimar la estafa y la destrucción del IOMA. Apoyamos las denuncias impulsadas para que se investigue el destino de nuestros aportes», remarcó por su parte la CTA de los Trabajadores. «Sostenemos la libre elección del médico por parte del usuario, lo que no está en juego. Ni siquiera en consideración, solo es una maniobra de distracción para eludir responsabilidades», cuestionaron. Y pidieron que «se investigue hasta las últimas consecuencias, requiriendo que se esclarezcan estos hechos».
A diferencia del conflicto con la AMP, IOMA mantiene acuerdos con otras importantes entidades del sector. Son la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la provincia de Buenos Aires (FECLIBA) y la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta complejidad privados de la provincia (ACLIBA). A través de un convenio con IOMA, el gobierno desembolsará 450 millones mensuales para pagos de salarios e insumos mientras dure la pandemia, debido al desplome del 70% en los ingresos de las clínicas por la falta de asistencia de pacientes ante la covid-19.
