El conflicto entre manteros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta avanza un nuevo paso tras una decisión de la Justicia porteña que intimó a la gestión local a dar respuesta por la situación de un grupo de manteros migrantes. Un amparo que se interpuso en los últimos días exige que el gobierno de Juntos por el Cambio ofrezca asistencia social a estos trabajadores senegaleses que no han logrado acceder a ningún tipo de amparo ante la imposibilidad de trabajar.
En este caso, el reclamo se realizó en nombre de Mbayne Dieng, Ibrahima Seye, Niang Ndiaga, Ibrahima Diagne y Cheik Ndiane, que, como tantos otros, se encuentran en plena deriva desde la paralización total del trabajo callejero debido a la cuarentena. Los cinco trabajadores decidieron integrarse en un pedido de amparo colectivo para que el gobierno porteño implemente de manera urgente algún tipo de programa de emergencia específico para las y los migrantes.
«Los compañeros senegaleses se presentaron comentando su situación. Como todos saben, no se puede trabajar por motivo de la cuarentena. No recibieron ningún tipo de ayuda y eso los impactó de manera terrible. Como viven en CABA, le están pidiendo al gobierno de la ciudad que atiendan esta demanda». El defensor oficial del Ministerio Público de Defensa, Ramiro Dos Santos Freire, que es quien está sosteniendo la causa, indicó que los migrantes en un 90% no recibieron ningún tipo de ayuda, dijo a Contexto Omar Guaraz, referente de la entidad Vendedores Libres, que nuclea a trabajadores callejeros e informales dentro de la CTA.
«Lo que sabemos es que la Justicia, durante el último fin de semana, intimó al gobierno de Larreta a dar una respuesta en 72 horas. Hasta el momento no ha habido un gesto concreto al respecto por parte de las autoridades», señaló Guaraz. El amparo impulsado desde el Ministerio Público de Defensa ahora tramita en el Juzgado N° 1 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien hasta el momento la gestión de Larreta no se ha pronunciado al respecto, desde el sector gremial que nuclea a trabajadores callejeros estiman que los reclamos van a comenzar a incrementarse con el correr de las semanas. De hecho, ya existe un antecedente por parte de un grupo de artesanos porteños para quienes se impulsó una medida similar.
El fallo a favor de los trabajadores corrió por cuenta del juez Andrés Gallardo, quien dictaminó que el gobierno de CABA debía pagar 10.000 pesos a cada uno a modo de asistencia por falta de empleo. La respuesta fue la remoción de Gallardo de la causa. «Por intermedio de las cámaras de la Justicia, Larreta logró sacarlo a Gallardo de esa causa. Gallardo es el primer funcionario que podríamos decir, en todo el país, que dio lugar a una demanda judicial de trabajadores informales. El caso de los trabajadores senegaleses es el segundo hecho que ahora quedará como antecedente y calculamos que se va a repetir mucho más en los tiempo que vengan», agregó Guaraz.
