El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia canceló por segunda vez consecutiva las elecciones presidenciales. Los bolivianos debían elegir mandatario el 6 de septiembre, en un proceso que les permitiera recuperar la democracia, pero este jueves el TSE anunció que postergaría la votación hasta el 18 de octubre.
Luego del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales (en noviembre de 2019), el gobierno de facto, conducido por la autoproclamada Jeanine Áñez, anunció que las elecciones presidenciales se realizarían el 3 de mayo de 2020. La pandemia de covid-19 le sirvió como excusa para suspenderlas y anunciar como nueva fecha el 6 de septiembre. La cercanía de la fecha y la contundencia del apoyo al Movimiento al Socialismo (MAS), que se consolida como la principal fuerza política, desataron las presiones del gobierno sobre el TSE, que anunció una nueva suspensión hasta el 18 de octubre.
«El TSE, conducido por Romero inhabilitó de la candidatura a senadores del expresidente Evo Morales y del excanciller Diego Pary, y ahora evalúa la posible inhabilitación del candidato a presidente Luis Arce y el pedido de retirarle la personería jurídica al MAS»
El presidente del TSE, Salvador Romero, anunció que “fruto de consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, la exigencia de la ley de que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el TSE ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre”.
Cabe recordar que ya han sido denunciados los vínculos de Romero con la Embajada de Estados Unidos y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (conocida como USAID, por sus siglas en inglés).
El TSE, conducido por Romero, inhabilitó de la candidatura a senadores del expresidente Evo Morales y del excanciller Diego Pary, y ahora evalúa la posible inhabilitación del candidato a presidente Luis Arce y el pedido de retirarle la personería jurídica al MAS.
El camino recorrido por Bolivia se parece cada vez más al de Honduras: golpe, proscripción y fraude. En el desarrollo de esa estrategia, en ambos países tuvo un fuerte peso la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general, Luis Almagro. Esta avaló el fraude en Honduras y cumplió un rol fundamental en el golpe de Estado en Bolivia. Por estos mismos motivos, la dirigencia del MAS pidió que la organización conducida por Almagro no participe como veedora de las elecciones que debían realizarse en septiembre, ya que no consideran que sea garantía de transparencia e imparcialidad.
Organizaciones sociales y sindicales rechazaron la decisión del gobierno de suspender las elecciones y anunciaron movilizaciones y cortes de ruta.
Recientemente, en un hecho que se transformó en un escándalo debido a las denuncias de corrupción por el sobreprecio, el gobierno de Áñez compró armamento y gases lacrimógenos para equipar a la Policía. Varios analistas aseguraron que se estaba preparando para una nueva etapa de represión en un intento desesperado por aferrarse al Palacio Quemado (casa de gobierno de Bolivia).
