El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen –con 27 votos a favor– al proyecto de ampliación del régimen de moratoria establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del mes de diciembre, para el pago de deudas impositivas y previsionales. El Frente de Todos logró el respaldo del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y de los diputados cordobeses que se referencian en el gobernador Juan Schiaretti.
El proyecto se tratará en el recinto el próximo viernes, donde el Frente de Todos apunta a darle media sanción con el apoyo de bloques opositores, junto con el proyecto de ampliación del Presupuesto actual, cuyo debate comenzó ayer en la comisión que preside Carlos Heller.
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En principio, el oficialismo había estipulado darle dictamen favorable a ambos proyectos ayer. Pero luego decidió desdoblar la discusión. Desde las 11 hs se trató el proyecto de moratoria, que también tuvo un dictamen de minoría por parte de Juntos por el Cambio, con 22 votos a favor, a pesar de que en el de mayoría se habían incluido una serie de modificaciones de acuerdo con los pedidos de bloques opositores. Rechazaron que puedan ingresar en moratoria las empresas que presentaron en quiebra.
Por la tarde, el secretario de Hacienda, Raúl Riego, respondió a las preguntas de los diputados en relación con el proyecto de ampliación del presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, que modifica los gastos del Presupuesto 2019 readaptándolo al año 2020 y a la emergencia sanitaria y económica generada por la atención de la pandemia.
Hoy, en una nuevo plenario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo buscará emitir el dictamen de este proyecto para tratarlo junto con la moratoria el viernes. Heller afirmó que existe urgencia en el gobierno en contar con la aprobación para continuar aplicando en el próximo mes las dos principales políticas del gobierno de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para los sectores más vulnerables, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), para empresas y trabajadores privados.
Moratoria
El dictamen de moratoria incluyó una serie de modificaciones que habían sugerido diputados opositores. Por un lado, se incluyeron premios al contribuyente cumplidor en Monotributo y Ganancias que consistirán en la exención del componente impositivo conforme la cantidad de cuotas para cada categoría.
Asimismo, se incluyeron obligaciones vencidas al 30 de junio y se dispuso plazo hasta octubre para adherir al régimen. En tanto, la primera cuota vencerá en diciembre. Los planes de cuotas son de hasta 96 o 120 según el tamaño del contribuyente. Para las obligaciones de seguridad social habrá entre 48 y 60.
Los bancos y las telefónicas quedarán excluidos de los beneficios, al igual que quienes tengan activos financieros en el exterior y no los repatríen por lo menos en un 30% en los próximos dos meses. Se establece, a su vez, un descuento del 15% para quienes paguen al contado.
La moratoria es parte de las medidas del gobierno para la recuperación de la economía. Busca ser un alivio para empresas y personas ante la inédita crisis económica que provocó la pandemia, aseguró la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Durante su exposición, dos semanas atrás ante los diputados, precisó que la deuda total a regularizar es de 534.000 millones de pesos. El objetivo es aliviar las deudas de personas y de todo tipo de empresas y, asimismo, recomponer la recaudación del Estado, que cayó junto con la actividad debido a la pandemia.
También se incorporó como beneficiarias a las organizaciones comunitarias, por iniciativa de la diputada Fernanda Vallejos. De este modo, se contempla a clubes de barrio, bibliotecas populares, entidades de bien público, jardines y casas del niño, centros juveniles, culturales y deportivos.
Ampliación del Presupuesto 2020
El proyecto para modificar el Presupuesto 2020 –que a su vez era una prórroga del aprobado para 2019– apunta a sostener las políticas para mitigar el impacto de la pandemia, indicó el gobierno. En lo que va del año, la mayor parte del gasto se debe exclusivamente a esos fines.
Entre las medidas que se implementaron, se destacan la transferencia a las provincias para equipamiento de hospitales y asistencia alimentaria a la población; el pago del ATP, que en sus dos primeros meses alcanzó a 310.000 empresas y asistió a 2.800.000 trabajadores, por lo que el 60% del universo de las empresas privadas del país contó con la ayuda del Estado nacional; los créditos a tasa cero, que permitieron la asistencia a más de 450.000 trabajadoras y trabajadores independientes.
Según explicó ayer el secretario Rigo, otra medida clave que requiere la ampliación presupuestaria es el IFE, que asiste con 10.000 pesos por mes a cerca de 9 millones de personas. El impacto de este beneficio junto con la implementación de la Tarjeta Alimentar, el refuerzo en las asignaciones (AUH y la AUE) más los distintos bonos extraordinarios para los jubilados de ingresos más bajos, lograron evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza o la indigencia –de manera transitoria– producto de la pandemia, según estimaciones del Ministerio de Economía.
En el proyecto, el Poder Ejecutivo propone un incremento de 1.859.582,8 millones de pesos, equivalente al 33,6% respecto del presupuesto vigente, para totalizar 7.391.054,3 millones de pesos en el presente ejercicio.
Además del IFE y el ATP, hay cientos de modificaciones presupuestarias aplicadas en el contexto de la crisis de la pandemia. Entre estos, los refuerzos presupuestarios destinados al Ministerio de Salud y a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán y al Ministerio del lnterior para afrontar las mayores transferencias a las provincias. También se ampliaron los fondos para que el Ministerio de Desarrollo Productivo otorgue garantías oficiales para que las empresas tomen créditos y para que el Ministerio de Desarrollo Social despliegue las acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Por otro lado, la cartera de Ciencia y Tecnología consiguió un incremento presupuestario para afrontar gastos del programa que apoya a las instituciones que cuenten con kits de diagnóstico de la covid-19 aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y promuevan su producción a gran escala.
