Tras un debate que se extendió más de cinco horas, Diputados aprobó la ampliación de la moratoria establecida en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva del mes de diciembre para el pago de deudas impositivas y previsionales. Además de las pymes, que ya estaban contempladas, incluye a autónomos, monotributistas y grandes empresas. También dio media sanción al proyecto que declara la emergencia hasta el 31 de marzo de 2021 para procesos de concursos preventivos y quiebras.
Para la aprobación del proyecto de ampliación de la moratoria, el Frente de Todos contó con el respaldo parcial del Interbloque Federal Unidad para el Desarrollo, el Interbloque Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Los diputados de Juntos por el Cambio se abstuvieron. Recibió 137 votos positivos, 3 negativos y 113 abstenciones.
El proyecto de ampliación de la moratoria establece que las deudas podrán pagarse en hasta 120 cuotas, de acuerdo con el tamaño de la empresa o los individuos que adhieran. El plazo para inscribirse será hasta el 31 de octubre, se dispone que el primer pago vencerá en diciembre y fija que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.
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Más allá de que la nueva moratoria abarca a grandes empresas, les exige que no distribuyan dividendos ni realicen operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria durante veinticuatro meses. No podrán acceder al régimen quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30%.
Por otro lado, incluyó un «premio» para aquellos contribuyentes que estén sin deudas. Había sido un pedido de la oposición. En el caso de los monotributistas, el beneficio consiste en la exención del componente impositivo por 2 a 6 cuotas, según la categoría. En ningún caso el beneficio total puede superar el límite de 17.500 pesos. Asimismo, en el caso de Ganancias los «cumplidores» recibirán un incremento de un 50% en la deducción especial, mientras que las pymes podrán aplicar amortizaciones en inversiones.
A lo largo del debate, el oficialismo defendió el proyecto como un «alivio» para los contribuyentes y una «herramienta para todos los argentinos» en medio de la pandemia. La ampliación de la moratoria es parte de las medidas de recuperación de la economía del gobierno nacional. Busca ser un respiro para empresas y personas ante la inédita crisis económica que provocó la pandemia, según aseguró la administradora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante su exposición dos semanas atrás ante los diputados, donde precisó que la deuda total a regularizar es de 534.000 millones de pesos.
Juntos por el Cambio no votó en contra, ya que compartían el espíritu general de la moratoria, pero se abstuvieron por considerar que incluía a las empresas quebradas (en particular, el artículo 11). Señalaron que beneficiaría al empresario Cristóbal López. «Apoyamos la mayor parte de la moratoria que beneficiará a miles de contribuyentes apremiados por la pandemia. Pero rechazamos el artículo 11 porque consagra una amnistía a empresarios que están procesados por defraudación al Estado y cuya empresa está quebrada sin continuidad», afirmó Mario Negri, presidente del interbloque opositor.
Las críticas de Máximo Kirchner a Macri
El presidente de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cargó contra el expresidente Mauricio Macri, quien ayer viajó a Francia en medio de la cuarentena. «Macri tiene todo el derecho de viajar por el mundo, qué miedo va a tener si con todas las causas que tenía llegó a presidente. Lo que muestra esto es que lo que quiere hacer es turismo, si es mejor turista que presidente», expresó durante su exposición en el debate del proyecto.
También se refirió a las críticas que recibía su madre, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando viajó a Cuba a visitar a su hija enferma. «Cada vez que Cristina viajaba, ‘se fugaba’. Tenía la hija enferma y ‘se fugaba’. Pero no se fugó: se quedó con la gente. Y perseguida y sin el Fondo Monetario les ganó la elección. Y todavía no lo asumen», objetó.
«¿Hablan de plan de impunidad? El presidente que asumió procesado por escuchas y a los cinco días de asumir lo desprocesan y los jueces que lo habían procesado terminan todos fuera del Poder Judicial. Y ahora está nuevamente atravesando una denuncia de espionaje», remarcó el diputado.
La reforma a la Ley de Quiebras
La reforma a la Ley de Quiebras fue aprobada por unanimidad para evitar el cierre masivo de empresas afectadas por la pandemia. El proyecto, que había sido consensuado horas antes de la sesión y que ahora se envió al Senado, fue aprobado por 250 diputados y tuvo 2 abstenciones de los dos legisladores de la izquierda. La iniciativa declara la emergencia para suspender los procesos de concursos preventivos y de quiebra que se encuentran en trámite hasta el 31 de marzo de 2021.
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Según el proyecto, promovido por el diputado oficialista Carlos Selva, se prorroga el plazo de los procesos a 180 días (actualmente es de 30 días, con posibilidad de extenderlo otros 60 días por pedido del deudor). El proyecto también suspende «los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras» y «la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias».
«Es una herramienta para que las empresas puedan tener continuidad», afirmó el diputado oficialista Rodolfo Tailhade. Su compañero de bancada, Selva, en tanto, dijo que busca ser un «alivio» para los distintos tipos de empresa que han visto caer su producción por la pandemia.
Graciela Camaño, de Consenso Federal, detalló que de las 650.000 empresas activas, unas 100.000 se encuentran complicadas con pedidos de concurso o de quiebra. Añadió que reúnen a 3 millones de trabajadores. «Esta pandemia nos afecta a todos, pero hay un sector al que no podemos darnos el lujo de dejar solo, al que tenemos que acompañar en esta coyuntura, que es el sector empresario», señaló.
El proyecto recibió un tratamiento apresurado, ya que se temía que, una vez que los juzgados del fuero comercial abrieran sus puertas la semana próxima, recibieran una avalancha de juicios, ejecuciones y demandas contra empresas que no pueden afrontar sus deudas por al crisis.
