“Para nosotros es un paso muy importante. Después de cuatro años que se viene pidiendo por el juicio académico, desde que se conocieron las listas en las que Néstor Montezanti aparecía como agente de la Triple A. Para la Universidad no era ético tener un docente involucrado con los servicios de Inteligencia de la dictadura formando alumnos y futuros abogados”, dijo a Contexto Alejandra Santucho, referente de H.I.J.O.S. Regional Bahía Blanca, luego de que el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur (UNS) suspendió con carácter preventivo al docente y presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, quien es investigado en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina.
El dictamen –al que tuvo acceso Contexto– fue aprobado por veintisiete votos a favor sobre dos en contra, y consideró que «haber sido personal civil de Inteligencia durante parte de la última dictadura constituye una situación de suficiente gravedad como para disponer la apertura del juicio académico, en la medida que tal circunstancia podría llegar a constituir una conducta éticamente reprochable, teniendo en cuenta los fines y valores en que se inspira el Estatuto de la UNS y las condiciones de acceso y permanencia como docente universitario».
«Que como consecuencia del terrorismo de Estado la Universidad Nacional del Sur cuenta con una extensa lista de estudiantes, docentes, personal no docente y graduados que, entre 1975 y 1983, fueron perseguidos, discriminados ilegítimamente, expulsados, secuestrados, torturados, asesinados o que aún permanecen desaparecidos», agrega la resolución.
“Después de 32 años de Democracia, es inadmisible que un servicio de Inteligencia de la Triple A continúe formando abogados.”
“Después de 32 años de democracia, es inadmisible que un servicio de Inteligencia de la Triple A continúe formando abogados y alumnos dentro de una institución donde se llevaron a cabo las audiencias de testigos por los crímenes de lesa humanidad”, expresó Santucho.
Además, en la antesala de la sesión se conoció una denuncia del camarista que derivó en actos de espionaje ilegal. En el marco de una causa iniciada en una fiscalía provincial, un policía bonaerense se infiltró en la UNS para investigar una pegatina de afiches denunciada por el camarista. El fiscal Nebbia solicitó la apertura de una pesquisa por violación a la Ley de Inteligencia Nacional.
«Lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia.»
El fiscal federal subrogante José Nebbia requirió la desestimación de la denuncia penal presentada por Montezanti por los delitos de daño, perturbación del orden y desobediencia contra tres personas que habrían pegado varios afiches donde se mostraba un fotomontaje de una imagen suya luciendo una gorra militar.
«Lo realizado por las fuerzas de seguridad en este expediente es un tenebroso retroceso a los momentos más oscuros de nuestra historia como país, y por ello no podemos quedarnos inermes ante esta conducta», dijo Nebbia al desestimar la denuncia de Montezanti.
Esto es lo legal
El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, citó a prestar declaración indagatoria a Montezanti, en el marco de la investigación sobre los crímenes del terrorismo de Estado en esa ciudad. El magistrado deberá presentarse el 27 de agosto a responder por la causa que investiga el accionar de la Triple A en la que se lo acusa de participar en la represión ilegal, particularmente la que se centró sobre el ámbito universitario y gremial durante la etapa previa y posterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El juez Ramos Padilla consideró que los elementos presentes en la causa no sólo sustentan la sospecha respecto de su vinculación con la Triple A, sino también sobre su participación en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, amenazas y tormentos al ex militante de la Juventud Peronista Jorge Omar Riquelme Esparza.
A mediados de 1977, Riquelme Esparza fue secuestrado en el Hospital Municipal de Bahía Blanca y trasladado al Comando del V Cuerpo del Ejército, donde fue víctima de torturas durante los reiterados interrogatorios a los cuales fue sometido. Su testimonio ubica a Montezanti, por entonces abogado apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica, entre los responsables de su secuestro y cautiverio.
Montezanti ante el Consejo de la Magistratura
Además, Montezanti debe dar explicaciones el próximo 25 de agosto en el Consejo de la Magistratura, en donde hay un expediente que pide que sea llevado a juicio político por mal desempeño en sus funciones y malos tratos a los empleados judiciales.
El secretario de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, presentó el dictamen para citar al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, porque el juez es un “fuerte defensor de la pena de muerte”, con “estrecha vinculación con integrantes de la Triple A” y que “hizo Inteligencia durante la dictadura cívico-militar”.
Esas “conductas incompatibles con los derechos humanos”, explicó Álvarez en aquella reunión previa a la feria judicial, se suman a la “exteriorización de comportamientos indecorosos”, y el hecho de que “replicó la matriz militar” en su trabajo diario en el juzgado y en la Universidad, elaborando “un sistema de espionaje en la Cámara Federal de Bahía Blanca”. A ello sumó que está corroborado, por la desclasificación de archivos que realizó el Ministerio de Defensa, que Montezanti formó parte del Destacamento de Inteligencia 181.
