Por Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios
El candidato a presidente por el frente Unidos por Una Nueva Argentina (UNA), Sergio Massa, sumó un nuevo eslabón a su rosario de propuestas punitivistas al sugerir bajar el mínimo de edad para imputar y juzgar a los menores de edad en nuestro país, dando a suponer que los derechos de los niños y las niñas en conflicto con la ley penal y las políticas de seguridad concretas suponen una disyuntiva ante la cual encarcelar jóvenes supondría, en el mejor de los casos, un mal menor.
Creemos mejor una intervención con nuestros jóvenes en clave de protección y ampliación de derechos que la actuación de la Justicia penal.
“Venezuela tiene la edad de imputabilidad a los doce años, digo por citar un ejemplo. Uruguay la tiene por debajo de los catorce años, o Bolivia lo mismo”, afirmó el dirigente opositor. Sin embargo, esto en absoluto es correcto. Según el Instituto Interamericano del Niño de la Organización de Estados Americanos (OEA), “los márgenes de edad definidos en la mayoría de las legislaciones de América Latina son coincidentes y definen un sistema especial de responsabilidad penal para adolescentes entre los doce y dieciocho años de edad. Considerando inimputable a la persona menor de dieciocho años –a excepción de Bolivia, que lo establece a la edad de dieciséis– y sin deducción de ningún tipo de responsabilidad penal a los menores de doce años de edad”. Será que, como patria grande, creemos mejor una intervención con nuestros jóvenes en clave de protección y ampliación de derechos que la actuación de la Justicia penal. Esto fue lo que se vio claramente en Uruguay, país que convocó a un plebiscito para definir la baja de la edad de imputabilidad el 26 de octubre de 2014. En esa ocasión, un 58% de los votos desestimaron la opción.
Desde la multiplicidad de espacios desde los que venimos discutiendo diferentes propuestas para abordar la conflictividad penal juvenil entendemos que no son los voraces tiempos electorales/mediáticos los que deben marcar esta agenda tan sensible. Los debates sobre la imputabilidad son complejos, y no deben ser discutidos al calor del proceso electoral, sino con la responsabilidad que amerita que los jóvenes más vulnerables de nuestra patria ingresen al sistema penal, considerando lo perjudicial que resulta esto, no sólo para la vida de los pibes más excluidos, sino para nosotros como sociedad.
No son los voraces tiempos electorales/mediáticos los que deben marcar esta agenda tan sensible.
También creemos que esta ocasión es propicia para repetir, una vez más, que la relevancia de la conflictividad juvenil en relación a delitos contra la vida o la propiedad no es la que cuentan los grandes medios ni esta derecha punitivista, sino que su injerencia es ínfima y que de ningún modo la baja de edad de imputabilidad por sí misma resolvería problemas de “inseguridad”. Es innegable que esta problemática demanda un debate, pero deberíamos pensar el retroceso que significaría una medida como esta en cuanto a las políticas dirigidas a la infancia para atender de modo punitivo un problema social en cuyas raíces hay procesos de largo aliento, y de esa manera encontraría en ciertos jóvenes a los únicos responsables de la violencia y el delito, desarticulando el problema de contextos y tramas socioculturales.
Muy por el contrario a lo que propone Sergio Massa, nuestro mandato constitucional establece que el sentido de la privación de la libertad no debe ser el castigo, sino la adecuada preparación para la vida en libertad. Entonces, quienes pretender bajar la edad de imputabilidad y establecer políticas de castigo sobre los y las jóvenes están violentando ese mandato y confundiendo a las personas que creen que con la baja de edad se resolverá algún problema de inseguridad.
Es necesario exigir un tratamiento mediático y político crítico y responsable que no plantee como única solución la baja de imputabilidad y la reclusión de los jóvenes en instituciones de encierro. Frente a la reemergencia de esta discusión, volvemos a posicionarnos desde una perspectiva que entiende que más seguridad es más justicia social, y que sin dudas ningún pibe nace chorro.
