La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió hoy dictamen de mayoría al proyecto que busca prohibir la ayuda estatal a empresas y personas con activos offshore. Trabajaron en la iniciativa de forma conjunta los diputados del Frente de Todos Fernanda Vallejos y Pablo Carro, y Graciela Camaño, del bloque Consenso Federal. Obtuvo veinticinco votos a favor del Frente de Todos, del interbloque Federal (lavagnistas y cordobeses) y del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. Los veinte votos en contra provinieron de Juntos por el Cambio, y hubo dos abstenciones.
La iniciativa titulada «Ley Nacional de Prohibición de ayuda económica a personas y sociedades con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales y/o evasores de obligaciones fiscales» prohíbe y excluye de «la asistencia económica y financiera, ya sea que se trate de subsidios, transferencias, exenciones impositivas y beneficios fiscales, facilidades crediticias y en obligaciones emanadas del sistema de seguridad social, por parte del Estado Nacional».
Aclara que entre los sujetos comprendidos se encuentran «las sociedades constituidas en el extranjero, en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones». También alcanza a las personas humanas o jurídicas ubicadas en jurisdicciones de baja o nula tributación, entre otras.
La iniciativa incorporó la idea del bloque de Juntos por el Cambio de eliminar a los países no cooperantes, contemplados en el proyecto original, y, en cambio, se optó por privilegiar a las jurisdicciones de baja o nula tributación, una fórmula que se ajusta mejor a la definición de guaridas fiscales.
En la sesión del 25 de septiembre pasado, el proyecto obtuvo dictamen, pero ante el reclamo del diputado Jorge Sarghini (Consenso Federal) por un cambio que se introdujo a último momento volvió a comisión a partir de una propuesta del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa.
Vallejos, quien redactó el proyecto en acuerdos con Camaño y Carro, sostuvo durante el debate en comisión: «Creo que, a partir de esta norma, los ‘vivos’ que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos que, indudablemente, no solo son limitados, sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan».
Por su parte, Camaño puntualizó que «no es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente».
Carro, en tanto, consideró «importante que el Estado cuente con un instrumento que le permita distinguir entre aquellas empresas que cumplen con sus obligaciones y aportan al desarrollo del país y aquellas que, a través de intríngulis contables, se dedican a evadir impuestos». Y también recordó que «en tiempos en que al Estado le toca hacer un gran esfuerzo fiscal para atender las demandas que genera la pandemia, es fundamental que cada peso del presupuesto llegue a aquellos que verdaderamente lo necesitan».
Una de las novedades del proyecto es que incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas «con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena» por delitos contra la Administración Pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero, y a aquellos que tengan deudas con el fisco por montos iguales o superiores a los que la Ley Penal Tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada.
