El domingo 25 de octubre, el pueblo chileno participará de un plebiscito en el que deberán decidir si aprueba o rechaza la creación de una nueva Constitución. La actual Carta Magna fue creada en 1980, durante la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, y sentó las bases del modelo político-económico-social que convirtió a Chile en un país con las enormes desigualdades que llevaron al estallido social de octubre de 2019.
El presente, el pasado y el futuro de Chile se entrelazan en la cita del próximo domingo. Tras el golpe de Estado contra el gobierno democrático de Salvador Allende (1973) –impulsado y financiado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana–, Pinochet implementó el primer experimento neoliberal del siglo XX. Aquella fatídica experiencia estuvo comandada por los denominados Chicago Boys, un grupo de economistas de la Escuela de Chicago (Estados Unidos) que seguían los lineamientos de Milton Friedman. Para consolidar las bases de ese modelo político, económico y social, la dictadura creo la Constitución que sigue vigente hasta la actualidad.
En una reciente entrevista con Contexto, Marco Enríquez-Ominami, una de las figuras destacadas del progresismo chileno, ex diputado nacional, tres veces candidato a presidente y miembro fundador del Grupo de Puebla, explicó que «la dictadura tuvo grandes asesores económicos y jurídicos. Aunque duela reconocerlo, fueron brillantes en dos cuestiones: la primera, en lo político, crearon una cantidad de candados en términos jurídico, administrativo, legales, electorales, que les permitió proteger un diseño. Un gran trabajo jurídico que es innegable. La segunda es que en el corazón de la Constitución se establecieron algunos principios economicistas muy jodidos que, acompañados de una dictadura cultural, permearon el alma de los chilenos».
«Voy a dar tres ejemplos. Uno, en un país basado en materias primas, se le entregó concesiones indefinidas al extractor. Vale decir que la pesca o la minería tienen concesiones indefinidas con un altísimo rango jurídico. Dos, se separó el agua de la tierra y se creó un código donde el agua es como una acción. Esto quiere decir que puede haber un campesino con tierras pero sin agua, y un empresario con agua pero sin tierras. Tres, se estableció que todo el subsidio público tendiera al individuo y a no la institución. Eso se apoya en un principio constitucional de un Estado subsidiario y no un Estado solidario. Vale decir, un Estado que puede actuar solamente si el mercado no lo puede hacer», señaló Enríquez-Ominami.
Los medios hegemónicos de comunicación y los líderes de derecha de la región ocultaron el desastre social producido en Chile y trataron de mostrar lo sucedido en ese país como un ejemplo a seguir.
A fines de 2019, el mito del «milagro chileno» se derrumbó. En octubre, lo que parecía una simple protesta por el aumento del precio del subte se transformó en un estallido social. A esa protesta se sumaron una enorme cantidad de reclamos que se sintetizaron en una propuesta concreta: una nueva Constitución.
Cuando sucedió el estallido social, Contexto dialogó con Pedro Santander, doctor en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile (UCh). Actualmente es director del Observatorio de Comunicación y profesor titular de la Escuela de Periodismo de la PUCV.
Santander señaló que «muchos se han creído ese cuento de que somos ‘la joya de la corona’, que somos un ejemplo. El propio presidente Piñera dijo (unos días antes del estallido) que somos un oasis en medio de una América Latina convulsionada. En diferentes foros internacionales se suele plantear que este país es un ejemplo. Pero los que vivimos en Chile sabemos la verdad material y es que nos han privado de todo y nos han privatizado todo».
«Este es el único país del mundo que tiene el agua 100 % privatizada. Los campesinos, por ejemplo, ven pasar por sus tierras el agua y no pueden usarla porque no han comprado acciones de agua. Acciones que ha adquirido todas algún empresario que vive a 500 kilómetros de esas tierras», sostuvo, y luego agregó: «Nos han privatizado la seguridad social, la educación (que es una de las más caras de América Latina y el mundo), la electricidad (que también es una de las más caras del mundo), etcétera. Nos han privatizado todo y a su vez han precarizado las condiciones de vida de la mayoría de las chilenas y los chilenos. Todo eso en algún momento tenía que estallar. Las dinámicas sociales tienen sus tiempos y el estallido ocurrió con la excusa del alza del pasaje de metro, pero eso ya quedó en el olvido. Hoy ya nadie está hablando del metro […] Lo que pasa en Chile es una convulsión social que abarca muchísimos ámbitos de la vida de los ciudadanos y supera largamente el problema del aumento del precio del boleto del metro».
En una reciente charla brindada en el marco del IV COMCIS organizado por la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP, la presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Javiera Olivares, explicó que, además de votar por «apruebo» o «rechazo», el pueblo chileno deberá optar entre dos mecanismos para la construcción de la nueva Constitución: «Una de esas alternativas es la Convención Mixta, la cual incluiría a parlamentarios y parlamentarias que ya han sido electos, y otra mitad compuesta por ciudadanos y ciudadanas que serán electos específicamente para esa convención. La otra alternativa es la Convención Constitucional, compuesta enteramente por candidatos y candidatas escogidos para esta tarea».
Olivares remarcó que «aquí lo que se pone en tensión es un sistema social, político y económico que de alguna manera se expresa en la Constitución, pero que no es solo la Constitución, que es solo la expresión legal, normativa, que enmarca este modelo; pero aquí hay un cuestionamiento que va más allá de eso, un cuestionamiento a un modelo que es injusto».
