En la segunda audiencia del debate oral y público virtual que busca hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1974 y 1979 en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, de Quilmes y la II de Lanús conocida como El Infierno, la inmensa mayoría de los dieciocho imputados se negaron a declarar en sus indagatorias y a responder preguntas de jueces, fiscales y querellas.
Siguiendo claramente la estrategia trazada por sus cuatro abogados defensores, los imputados, que esta vez no dormitaban o bostezaban como durante la apertura del juicio, se identificaron con nombre, apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento y nombres de sus padres con total claridad al ser interrogados por el presidente del Tribunal Oral federal Nº 1 de La Plata, el juez subrrogante Ricardo Basílico.
De los imputados solo dos están en la cárcel: Etchecolatz, que fue director de Investigaciones de la Bonaerense y responsable de los centros clandestinos de detención (CCD), en particular del denominado Circuito Camps –al que pertenecían los tres centros mencionados–, y Jorge Di Pasquale, ex teniente coronel del Ejército en el Destacamento de Inteligencia 101. Ambos hicieron una declaración pero se negaron a responder preguntas.
«Ustedes no tienen autoridad. La Constitución está herida por esta transgresión. Que me interrogue la Justicia militar que estaba en aquel momento de los supuestos hechos», sostuvo Etchecolatz, ubicado en una salita de la Unidad 34 de Campo de Mayo, sentado en una silla de ruedas, lúcido y altanero, después de indicar que iba a «declarar según el desarrollo» del juicio.
«No debo, no puedo por razones éticas y morales responder a esas preguntas. No es el canal. Nunca lo vamos a esclarecer», sostuvo Etchetcolatz, quien fue mano derecha de Ramón Camps, jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires en cuyo territorio funcionaron 230 centros clandestinos de detención en diversas reparticiones policiales.
Según él, «ahí ocurrió una guerra y allí […] la única voz es el fusil», antes de mencionar a «jóvenes idealistas equivocados o mal orientados». «Usted sería fusilado por pertenecer a la burguesía judicial y yo por ser policía», afirmó, y reivindicó haber «luchado defendiendo a las instituciones» y considerar que «aquí hay una necesidad única y disimulada: deseo de venganza».
«Le pregunto si usted mató», intervino el presidente del tribunal. «Yo maté en combate. Respondí a la agresión», respondió el represor antes de concluir: «No voy a declarar, porque sería convalidar la ilicitud de este procedimiento. Para mí sería transgredir la ley».
Di Pasquale dijo que quería «dejar expresa constancia que nada tengo que ver sobre los hechos que ustedes tratan. No conozco y nunca estuve en los tres lugares que ustedes marcan», pero luego, al ser interrogado por la abogada querellante Luz Santos Morón sobre los motivos por los cuales ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en al menos siete juicios, se limitó a responder «no le voy a contestar».
Los otros imputados, algunos con soberbia y otros victimizándose como ancianos que no recuerdan nada, son el médico de la Bonaerense Jorge Antonio Bergés, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk –comisario mayor de la Bonaerense que estuvo años prófugo–, Federico Minicucci –jefe del Regimiento de Infantería III–, Carlos María Romero Pavón –militar del Destacamento de Inteligencia 101– y Roberto Armando Balmaceda –también de ese destacamento–.
A Miguel Ángel Ferreyro se le leyó a pedido de la abogada querellante Guadalupe Godoy la lista de víctimas por las cuales está imputado. Al concluir la lectura, el expolicía hizo un comentario sobre la lista.
La indagatoria continuó con los imputados Carlos Gustavo Fontana, coronel en el Destacamento 101 y en el Batallón 601; Guillermo Domínguez Matheu y Emilio Alberto Herrero Anzorena, capitán del Ejército también en el Destacamento 101. Herrero Anzorena se preguntó en su breve declaración si las «presuntas víctimas eran perseguidos políticos» y si son quinientos los bebés «que dijeron se apropiaron. Las organizaciones solo hablan de 200. Pido los nombres de los otros 300», afirmó sin vergüenza alguna.
Le siguieron Antonio Herminio Simón, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 101, que pasó a retiro como coronel en 1990; Enrique Augusto Barré, ex comisario de la Bonaerense, y Alberto Julio Candioti, también militar del Destacamento 101. El tribunal dispensó a Ricardo Armando Fernández y a Eduardo Samuel De Lío.
A todos los imputados se les leyeron las pruebas en su contra. En algunos casos se les leyeron la lista de víctimas del Pozo de Banfield (253), del Pozo de Quilmes (181) y de El Infierno (62). Por el primero pasaron varios de los adolescentes secuestrados en la denominada Noche de los Lápices: María Clara Ciochini, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Francisco López Muntaner. Víctor Treviño, que nunca aparece en esa lista oficial, también fue secuestrado por aquellos días y sigue desaparecido. Tres de los cuatro sobrevivientes, Emilce Moler, Pablo Díaz y Gustavo Calotti, serán testigos en este juicio.
Las querellas reclamaron al tribunal el derecho de mostrar fotos de las víctimas a través de la transmisión digital tal como se ha hecho en las audiencias presenciales.
El juicio
Durante el juicio se expondrán los casos de 442 víctimas de los tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El Pozo de Banfield funcionó entre 1974 y 1978, el de Quilmes entre 1975 y 1979 y El Infierno de Lanús entre 1976 y 1978. Por ellos pasaron 253 víctimas, 181 y 62, respectivamente.
La demora del proceso judicial con causas fragmentadas que fueron elevadas a juicio recién en 2012 y 2015, y con la «impunidad biológica» de casi una decena de imputados, hizo que finalmente llegaran al banquillo virtual solo dieciocho imputados. En el ínterin, varios represores fueron declarados incapaces de estar en juicio o fallecieron: Miguel Ángel Amigo, Gustavo Adolfo Cacivio, Héctor Gamen, Juan María Torino, Jorge Carlos Olivera Rovere, Anselmo Pedro Palavezzatti, según el blog creado por la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP para visibilizar este juicio.
Entre las entidades querellantes figuran, además de la UNLP y la APDH, Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y la CTA.
El juicio puede seguirse a través del Centro de Información Judicial (CIJ); del canal de YouTube y de la página de Facebook de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que este martes tuvo algunas interferencias sonoras, y desde el canal de YouTube de La Retaguardia. La próxima audiencia será el martes 10 de noviembre.
