Por Gabriela Calotti
«Los cuerpos fueron arrojados. No hay una disposición. Estaban contorsionados», afirmó el martes Patricia Bernardi, una de las fundadoras en 1984 del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) al referirse a la forma en que fueron hallados cadáveres de víctimas del circuito represivo en fosas comunes de cementerios de Avellaneda, del municipio de La Matanza y de La Plata.
A pedido de la Fiscalía y ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, abogados querellantes, defensores, sobrevivientes, familiares y público en general, siempre de forma virtual, Bernardi, licenciada en Ciencias Antropológicas, hizo una detallada exposición sobre las etapas de las investigaciones que el EAAF ha llevado adelante para esclarecer delitos de lesa humanidad perpetrados en la Argentina durante la pasada dictadura civico-militar-eclesiástica (1976-1983).
Las dos peritas declararon en la quinta audiencia del juicio oral y público en el que uno de los principales imputados es el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz y que trata, más de 44 años después, las atrocidades perpetradas en las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense ubicadas en Banfield y Quilmes, conocidas como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, y en la II Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, que integran los al menos 29 centros clandestinos de detención (CCD) del Circuito Camps.
La labor del EAAF permitió reconstruir cadáveres de víctimas y en algunos casos identificarlos y establecer patrones comunes sobre la forma en que fueron asesinados en el marco de un plan represivo sistemático. Bernardi se refirió al caso de trece cadáveres hallados en los mencionados cementerios, la inmensa mayoría con impactos de bala. Su colega, la española Mercedes Salado Puerto, explicó el caso de los once cuerpos hallados en diciembre de 1978 en diversos puntos de la costa bonaerense con fracturas provocadas por «precipitaciones» desde altura.
En todos los casos, el EAAF utilizó informes y documentos oficiales, como actas de defunción firmadas por médicos de la Policía, donde se indicaba una causa de muerte o libros de ingreso a los cementerios, donde figuraban en su mayoría como cuerpos NN, pero algún dato podía servir para orientar las investigaciones y cotejarlo con testimonios o fechas de desaparición.
«El 35 % de los cadáveres inhumados en Avellaneda fue secuestrado en La Plata. De ahí fueron llevados al Pozo de Banfield o de Quilmes», precisó Bernardi, que detalló la labor desplegada por el EAAF en el sector 134 del cementerio municipal de Avellaneda. Entre 1976 y 1978, en ese sector, de unos 300 metros cuadrados, «fueron inhumadas como NN 245 personas», indicó la experta, que mostró planos, fotografías y esquemas de reconstrucción a partir de los restos encontrados. «Las tareas de exhumación duraron cuatro años», indicó.
«En algunas fosas había varios cadáveres. Otras eran individuales», afirmó, antes de precisar que de ese sector «se recuperaron 336 esqueletos, y si en el libro había como NN 245, quiere decir que 91 cuerpos fueron ingresados de forma clandestina». En el caso de Avellaneda, «hasta ahora se identificaron a 92», puntualizó al subrayar las dificultades que han encontrado para identificar los restos, pues «faltan familiares para cotejar el ADN».
Bernardi puntualizó que «el análisis genético es la última etapa que permite confirmar una identidad, pero también determinar cómo fueron asesinados». El EAAF comenzó a usar la identificación mediante ADN en 2007.
Entre los restos hallados, los peritos lograron identificar los de Ana Teresa Diego, secuestrada el 30 de septiembre de 1976 en La Plata, y el de Gladis Noemí García Nieman, supuestamente muerta en un «enfrentamiento» el 23 de julio de 1976.
El sector 134 del cementerio de Avellaneda fue separado del resto por una pared de ladrillos. Para actuar a sus anchas, los represores abrieron un ingreso por la calle Oyuela, por donde entraban los camiones. «La impunidad los favorecía y hacían inhumaciones en cualquier momento del día, dicen los sepultureros en las causas», sostuvo Bernardi, jubilada a fines de 2018.
Interrogada por el fiscal Juan Martín Nogueira sobre la disposición de los cuerpos en las fosas, fue tajante al responder: «Los cuerpos eran arrojados. No hay una disposición. Estaban contorsionados».
Al referirse al cementerio de La Plata, la perita dijo que entre 1975 y 1983 ingresaron 641 NN, de los cuales 263 estaban con «destrucción de la masa encefálica y 298 con heridas de bala». Entre 1981 y 1984, «295 NN fueron al osario», precisó.
Allí el EAAF exhumó 57 fosas, de las cuales logró 37 identificaciones, como la que tuvo lugar el 17 de noviembre de 2009 al identificar los restos de Carlos Esteban Alaye, asesinado el 22 de diciembre de 1976.
En el cementerio General Villegas de Isidro Casanova, en el municipio de La Matanza, según las investigaciones de los peritos, entre enero de 1976 y diciembre de 1980 ingresaron 392 NN, depositados en fosas en una zona del campo santo para indigentes. Entre ellos identificaron los restos de Manuel Robles, de 37 años, de nacionalidad española, que entonces era delegado en la fábrica de vidrio Rigolleau. Robles había sido asesinado el 5 de febrero de 1977 en San Justo.
Mercedes Salado Puerto, doctora en Biología especializada en Antropología Forense, se refirió en su exposición, también con gráficos y fotografías, a los quince cuerpos hallados entre el 16 y el 20 de diciembre de 1978 en diferentes puntos de la costa bonaerense, entre estos, el de Omar Rodolfo Farías, que había estado en cautiverio en el Pozo de Quilmes. En esos días aparecieron dos cuerpos de hombres en San Clemente, dos en Santa Teresita, uno en Lucila del Mar, uno en San Bernardo, y dos de mujeres en Mar de Ajó. Tres cadáveres, dos hombres y una mujer, aparecieron en Pinamar y otro de hombre en Villa Gesell. Los restos fueron exhumados en 1986 de los cementerios de General Lavalle, General Madariaga y Villa Gesell. En el caso de los restos de General Lavalle, una primera exhumación no científica había tenido lugar en 1984.
En todos los casos, los restos mostraban «lesiones masivas contusas coincidentes con caídas desde altura, golpes contra superficies duras. Muy diferentes de las que provocan proyectiles. Típico de precipitación», sostuvo Salado Puerto, que mostró las actas de autopsia firmadas en 1978 por el médico policial Roberto León Dios.
Al detallar el caso de los once cuerpos inhumados en el cementerio de General Lavalle, precisó que «estaban sin cajón y tenían cal arriba». Tras ser exhumados, fueron llevados a la morgue de Dolores, donde lavaron los restos y los colocaron en diecisiete bolsas y un frasco. El EAAF accedió recién en 2005 a dichos restos por autorización judicial. «Cada bolsa tenía los restos de entre tres y cinco personas».
«Más de un año llevó reagrupar los restos de una misma persona según criterios morfológicos, métricos y genéticos», indicó. Así lograron reconstruir los restos de diez hombres y tres mujeres.
Interrogada por el fiscal Nogueira, la experta aseguró que varias víctimas habían sido «vistas en CCD en La Plata y algunas en el Pozo de Quilmes».
El Equipo Argentino de Antropología Forense fue fundado en 1984 con dos objetivos fundamentales: aportar pruebas a la Justicia y ayudar a los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos a recuperar los restos de sus seres queridos. Llevó adelante investigaciones en Ruanda y más recientemente en México, donde en julio pasado identificó los restos de tres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en la localidad de Iguala, en el Estado de Guerrero (sur de México).
Previo a la presentación de las dos peritas, el presidente del Tribunal, Ricardo Basílico, tomó declaración indagatoria a Ricardo Armando Fernández, condenado por el CCD La Cacha, en las afueras de La Plata. Fernández, que cumple prisión domiciliaria, fue jefe del grupo de actividades especiales del Destacamento de Inteligencia N° 101. En pijama y haciendo creer que no recordaba el nombre de sus padres o su DNI, Fernández, uno de los dieciocho imputados en este juicio, sí supo claramente que se había retirado del Ejército con el rango de teniente coronel.
«No tengo nada para declarar», se limitó a responder, antes de que le leyeran las pruebas en su contra y la identidad de las víctimas del Pozo de Quilmes, cuyos nombres y apellidos escuchó inmóvil pero erguido, como si no hubiera arrepentimiento alguno.
El martes 1° de diciembre prestarán testimonio otros expertos del EAAF, y el martes siguiente se exhibirá el testimonio de Luis Velasco, un sobreviviente del terror, fallecido hace pocas semanas en Madrid.
