Tras una maratónica y tensa sesión, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de «Convenio de Transferencia progresiva a la Ciudad de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad», a través del cual se establece una nueva distribución de fondos entre Nación y CABA por el traspaso de recursos y funciones a la capital del país para solventar la Policía Federal.
La votación contó con 129 votos a favor, 118 en contra y 7 abstenciones. El Frente de Todos obtuvo el respaldo de cuatro votos del bloque Córdoba Federal, seis del interbloque de Unidad para el Desarrollo, uno del Movimiento Popular Neuquino y uno del bloque Justicialista. Los votos en contra provinieron de Juntos por el Cambio y aliados, y las abstenciones de la izquierda y los otros diputados de Consenso Federal.
Ahora, el proyecto volvió al Senado, donde había recibido la media sanción el 2 de octubre, para su revisión y aprobación.
La sesión se extendió desde las 13:30 del lunes hasta las 8 de esta mañana, debido a la postura que adoptó Juntos por el Cambio, cuyos diputados buscaron estirar la sesión hasta medianoche para que venza el período de ordinarias, ya que se trataba del último día. A su vez, consideraron inválida la sesión y no votaron ningún proyecto. La bancada opositora presentó a lo largo de la tarde y de la noche, por espacio de diez horas, 12 apartamientos del reglamento y otras 31 cuestiones de privilegio para postergar el tratamiento de los proyectos de la orden del día. Todos esos pedidos fracasaron a la hora de la votación.
Sin embargo, mientras transcurría la sesión, el Poder Ejecutivo extendió las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre, para luego convocar a extraordinarias hasta el 28 de febrero, según el decreto publicado en el Boletín Oficial.
El texto sancionado por el Senado establecía una suma fija de 24.500 millones de pesos actualizada trimestralmente, pero ahora se estableció que ese monto deberá acordarse en el convenio que deberán firmar Nación y la ciudad de Buenos Aires.
La sesión
Durante su exposición, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo González (Frente de Todos), aseguró que «no hay animosidad» hacia la ciudad de Buenos Aires y señaló que «las modificaciones cambian sustancialmente la media sanción del Senado». Además, explicó que «ahora se estableció que el gasto que demande la transferencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires será acordado en forma bilateral en un plazo de sesenta días».
Desde el radicalismo, Gustavo Menna afirmó que «la Constitución Nacional habla de federalismo de concertación. En ningún caso se puede avanzar unilateralmente. Esta ley es un acto autocrático».
Máximo Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica, dijo que es «una medida discrecional, unilateral, que afecta a más de 6 millones de personas».
El cierre estuvo a cargo de Máximo Kirchner, presidente de la bancada oficialista, quien defendió el proyecto y cargó contra Juntos por el Cambio. «Al 2015, la CABA recibía el 1,4 de coparticipación nacional. Por decreto, se lo llevó al 3,75. En una negociación con los gobernadores, esas que parece ahora molestar, bajan a 3,5. Resultado final a diciembre de 2019: 2 puntos más de coparticipación para mantener solo su Policía», argumentó el legislador.
Kirchner criticó al gobierno de Mauricio Macri por haber favorecido al distrito gobernado por Larreta en el reparto de fondos nacionales. «La ciudad de Buenos Aires después recibió ayuda por decreto. Le dio más a la ciudad que más tenía. Una metáfora perfecta de lo que fue la política que argentinos y argentinas tuvieron que sufrir durante estos cuatro años: beneficiar a la parte más alta en detrimento de la parte más baja en la Argentina».
Cómo se llegó al tratamiento del proyecto
En septiembre, el presidente Alberto Fernández anunció una reducción de los fondos nacionales para la CABA a través del DNU 735/20, y aclaró que debía ser aprobado por el Congreso.
La medida respondió a las desigualdades históricas de la CABA con respecto a la provincia de Buenos Aires y las demás provincias en la distribución de la coparticipación, que se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri en favor de la CABA. En 2016, el expresidente acrecentó por decreto los fondos para la CABA del 1,40 % del total de la masa coparticipable a 3,75 %. Con el Pacto Fiscal de 2017 el porcentaje bajó levemente a 3,5 %.
La excusa utilizada por Cambiemos en 2016 para el incremento de la coparticipación porteña fue que era para financiar el traspaso de la Policía Federal, aunque después se supo que el cálculo de la carga fiscal fue excesivo.
También se habían manifestado a favor de una distribución más equitativa de los fondos entre las distintas jurisdicciones del país diecinueve gobernadores peronistas, quienes semanas atrás firmaron una solicitada donde cuestionaron el decreto de Macri de 2016 y reclamaron que la pulseada por el recorte de fondos del gobierno nacional a la CABA se resuelva en el Congreso y no en la Justicia. En particular, el mensaje al Tribunal apuntó a que no se trata de un problema de coparticipación sino de reparto de los fondos nacionales. Por esto, según establece la Constitución, el tema debe resolverlo el Congreso.
Vale recordar que la Corte Suprema debe resolver si acepta la cautelar que presentó en septiembre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ponerle un freno a la poda.
