El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tuvo su segunda jornada en el plenario de comisiones de Legislación General, Mujeres y Diversidad, Legislación Penal y Acción Social y Salud, con dieciséis oradores a favor y dieciséis en contra. Desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 20 horas, pusieron fundamentalmente el foco en la autonomía, la objeción de conciencia y el impacto en el sistema sanitario.
La primera voz que se escuchó a favor de la iniciativa fue la de la abogada feminista, defensora en el conocido caso Belén, en Tucumán, e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Soledad Deza, quien dejó su inquietud respecto de la posible objeción de conciencia. «Creo que es una herramienta política que hizo y hace mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado en vez de supervisarla», manifestó.
Deza también puso el foco en otro caso en su provincia, el de Lucía, una niña de trece años a la que le negaron una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). «El caso Lucía demostró en Tucumán que no hubo ni un efector de la salud pública dispuesto a garantizar los derechos de la niña», y añadió: «El desgobierno de la objeción no sería posible sin la colaboración silenciosa de los tomadores de decisiones políticas que avalan este comportamiento agresivo hacia las usuarias».
«El problema son los objetores que cierran la puerta de acceso a la salud. Buscan evangelizar a sus pacientes y tratan indignamente a quienes no piensan igual. La peor cara de la objeción es aquella que se oculta detrás de un lugar de poder», apuntó la abogada.
La directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Maffia, aseguró que «el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida». En ese sentido, manifestó: «[defendemos] la vida los que estamos a favor del aborto», y destacó que es necesario subrayar la autonomía de las mujeres como «presupuesto bioético y fundamental de la condición humana».
La médica Leda Guzzi, en tanto, puso el foco en el impacto económico sobre la salud pública y afirmó que «un aborto inseguro implica un costo siete veces mayor que cualquier práctica realizada legalmente», y afirmó que «la criminalización no evita los abortos».
La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci manifestó que a nadie «se le puede negar la posibilidad de tener sus propios proyectos de vida», por lo que defendió la autonomía de las mujeres y personas gestantes. «Si no aprueban esta ley, no respetan la autonomía ni la igualdad social», afirmó.
Por la tarde, la militante feminista Magui Fernández Valdéz, integrante del Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio), puso el foco en este medicamento que permite la realización de abortos seguros. «Venimos hablando estos días de que la legalización del aborto descomprime el sistema sanitario gracias a la posibilidad de garantizar el acceso a abortos de manera ambulatoria, y es central, como decía el ministro de Salud ayer, no perder de vista que esto es gracias al misoprostol», sostuvo destacando las palabras de Ginés González García.
Fernandez Valdéz llamó a pensar en «un Estado que pueda proteger el acceso a este medicamento para que la provisión de misoprostol no dependa de un grupo de empresas ni se comercialice en farmacias a precios tan elevados que lo vuelven inaccesible».
Otra de las exponentes que puso el foco en el impacto económico del sistema sanitario fue Sonia Terragona, subsecretaria de Medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación. «Un shock séptico puede costarle al sistema de salud 900.000 pesos, y un aborto incompleto 85.000. Si todos los abortos se hicieran con medicamentos, el costo sería diez veces menor. Más aún si produjésemos misoprostol», explicó.
Desde Tucumán también habló la médica Cecilia Ousett, quien intervino en el mencionado caso conocido como Lucía. A pesar de presentarse como «madre de cuatro hijos, católica y objetora de conciencia», se expresó a favor del proyecto. «Yo creo que las creencias personales no pueden superar jamás los derechos de las personas. Creo que una médica o médico que no esté dispuesto a cumplir con la ley no puede ejercer su profesión», cuestionó.
«Lucía estuvo internada en un hospital donde todos eran objetores de conciencia. Yo creo que son obstaculizadores, no objetores», explicó. «Finalmente hicimos la interrupción y hasta hoy tengo una causa por homicidio», añadió respecto del caso en el que tuvo que practicar la microcesárea. En este marco, celebró el proyecto al señalar que los médicos y médicas «no podemos seguir siendo carne de cañón de las creencias religiosas y moralinas de los efectores del Poder Judicial». «Necesitamos un marco normativo urgente, y no voy a entender nunca al colega que quiera seguir viviendo en la clandestinidad, en la mentira y en el miedo», concluyó.
Dictamen y recinto
Al finalizar la ronda de exposiciones de este miércoles, la diputada Cecilia Moreau, titular de Legislación General, comisión cabecera del plenario, anunció que el día de mañana no se emitirá el dictamen del denominado proyecto de los Mil Días y que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo tendrá otra ronda de veinte expositores este jueves.
Esta dilación se da en el marco de las negociaciones sobre la continuidad del protocolo de sesiones que lleva adelante el oficialismo y la oposición, que podrían volver a la presencialidad. En este marco, se espera la definición para saber cuándo se podrá emitir dictamen. Todo indica que no será este viernes, como estaba previsto, sino el miércoles 9, un día antes del tratamiento en el recinto. En caso de extenderse, el debate podría llegar a postergarse hasta el 14.
