Luego de obtener la media sanción en la Cámara Baja, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) desembarcó en el Senado. Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud fueron las comisiones elegidas por la titular de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, para su tratamiento. Este lunes acudieron al Senado representantes del Ejecutivo a defender el proyecto.
El plenario de comisiones, presidido por Norma Durango como titular de la comisión y banca de la Mujer, arrancó con un planteo del catamarqueño Dalmacio Mera, quien cuestionó que sea esta la cabecera y la omisión de Asuntos Constitucionales en el plenario. Vale recordar que el legislador del Frente de Todos, del bando «celeste», fue uno de los protagonistas en 2018 como titular de esta comisión.
Mera se refirió a tratados internacionales que señalan la «no discriminación e igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres» y que ambos tienen los «mismos derechos y responsabilidades como progenitores». Por eso, consideró que «el hecho de que la cabecera sea la Banca de la Mujer lo que hace es desresponsabilizar al varón de una situación tan delicada como la que estamos tratando y que tiene tantos años de lucha para que el varón se haga cargo como co-responsable de esta situación, más allá del voto final que tenga esto, salga como salga».
Quien salió a responder fue su compañera de bancada, la santafesina María de los Ángeles Sacnun, titular de Asuntos Constitucionales, quien consideró «sumamente acertado que la Presidencia le haya dado la cabecera a la Banca de la Mujer». «La perspectiva constitucional de los proyectos a los que le vamos a dar tratamiento va a estar inserta en el dictamen», agregó.
El titular de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, también respaldó la decisión de CFK: «Si una comisión es cabecera o si participa o no participa, no va a tener influencia en el resultado general, ni en el debate», afirmó.
Otro que cuestionó la medida fue el titular de la Comisión de Salud, el jujeño radical Mario Fiad, quien se quejó de que la suya no haya sido elegida como cabecera. «Los giros de este proyecto nos muestran que la salud pública no es la primera de las razones por las cuales ponen en valor a esta media sanción». En ese sentido, reclamó que Salud «debería haber sido la presidencia de cabecera como lo fue en 2018, y aquí somos tercer giro».
Tras este cruce, las comisiones dieron paso a las palabras del ministro de Salud, Ginés González García, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que, al igual que en Diputados, explicaron los ejes del proyecto del Ejecutivo.
«Nosotros pensamos que tenemos que hacernos cargo como sociedad desde el Estado de un gravísimo problema que afecta a las mujeres, que es el aborto clandestino. Presentamos el proyecto con la convicción de que solo no alcanza. Quiere evitar muertes evitables, abortar es un problema de salud pública; disminuir los embarazos no intencionales, la cantidad de abortos y prevención de violencias y abusos, sobre todo en niñas y adolescentes. Tiene que ser una política de Estado, que es absolutamente necesaria para reforzar estas políticas», señaló Ibarra.
Ginés González García afirmó que «el aborto tal como está causa muertes. La penalización solo estigmatiza a las mujeres más vulnerables, porque hace que lleguen más tarde a los servicios de salud. Entonces, este es un problema de salud pública, equidad y justicia social», señaló.
«Desde el punto de vista de la prevención, el proyecto busca reducir la mortalidad materna, la morbilidad materna y los ingresos y egresos hospitalarios como consecuencia de este tipo de abortos inseguros. Además en la prevención, con la Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable, la Nación Argentina ha intentado que haya acceso efectivo, global y equitativo a todos los métodos anticonceptivos, y sobre todo que tengamos una distribución con equidad», sostuvo el ministro.
«Este es un problema de salud pública, equidad y justicia social»
Ginés González García
Luego, Gómez Alcorta expuso los detalles técnicos referidos a los aspectos de la despenalización en el proyecto y señaló: «Estamos convencidas y convencidos de que este proyecto junto al de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia vienen a dar una respuesta concreta a un problema de salud concreto, y lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado».
Posteriormente a las intervenciones, senadores y senadoras pudieron realizar a viva voz -a diferencia de Diputados, donde fue por sistema- preguntas al ministro y a las funcionarias. Entre las preguntas más frecuentes se destacaron la objeción de conciencia, el límite de semanas para la realización de la práctica y causales del Protocolo ILE.
Finalizada la ronda, otro cruce entre senadores y senadoras dio un panorama del escenario que se vivirá en las próximas semanas. Luego de que Durango manifestara su conformidad con las exposiciones y las preguntas y agradeciera en nombre del cuerpo a los funcionarios, el formoseño y presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, una de las voces más fuertes contra la iniciativa, cuestionó los halagos. «No estamos conformes con la presentación de la ley, no estamos conformes con las explicaciones que ha dado el ministro, no estamos conformes con las explicaciones de la secretaria de Legal y Técnica, no estamos conformes con las explicaciones de la ministra», apuntó.
«Que quede bien claro: no es que nosotros venimos a aceptar acá… Los escuchamos, vamos a escuchar a los expositores, y después vamos a sacar las conclusiones de lo que ha dicho cada uno», sostuvo.
La polémica se reavivó cuando las senadoras del mismo bloque Silvia Sapag y Eugenia Catalfamo, reconociendo la experiencia de 2018 y la media sanción obtenida hace una semana, se manifestaron a favor de reducir oradores y oradoras en las reuniones informativas. «Yo no participé en 2018 porque no era legisladora, pero todos sabemos de qué se trata. La mayoría tiene posición tomada. No vamos a convencer a nadie trayendo cada vez más expositores», cuestionó Sapag.
En la misma línea, Catalfamo pidió «bajar el número a la menor cantidad posible». «Quienes no formaban parte de esta Cámara en 2018 seguramente alguna posición habrán tenido. La discusión está saldada no solo entre los legisladores, sino también en las calles».
«Recibimos la información el viernes a la noche y el lunes estamos acordando la metodología de trabajo. En un tema tan profundo como este, hay tanta gente que quiere participar… Obviamente vamos a hacer una reducción, pero esto es un tratamiento exprés», cuestionó Mayans. «Ya sabemos que cada uno tiene su visión del tema y que quieren un tratamiento exprés, pero si no hubiésemos ido directamente al recinto a tratarlo sobre tablas…», agregó el formoseño.
La senadora tucumana del Frente de Todos, Beatriz Mirkin, a favor del proyecto, criticó la posición de Mayans. «Me llama la atención la expresión de ‘debate exprés’. Es una expresión que normalmente utiliza la oposición. No es esta la situación», sostuvo. «Si quieren sesionar sábado y domingo, no tengo ningún inconveniente, pero hay que poner un límite adecuado», planteó.
Finalmente, los titulares de las comisiones quedaron en trabajar en una propuesta concreta para resolver el tema de las exposiciones. Por lo pronto, este martes, en dos turnos, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, se escuchará a diez personas en contra y diez a favor. Entre ellas, Ricardo Gil Lavedra, Úrsula Cristina Basset, Alberto Bianchi, Aida Kemelmajer de Carlucci, quienes expusieron la semana pasada en la Cámara Baja.
