En plena víspera de fin de año, el Frente de Todos comienza a hacer los balances de un primer año de gestión atravesado por enormes desafíos, no solo por cargar consigo la herencia de la llamada «tierra arrasada» por los cuatro años de gestión de Cambiemos, sino también por la crisis sanitaria, económica y social devenida por la pandemia mundial de covid-19. En ese aspecto, la provincia de Buenos Aires se convirtió en un termómetro del clima generalizado a nivel nacional, donde ahora se cerrará el 2020 con la excepcionalidad histórica de un diciembre de paz social.
Alcanza con rastrear los últimos veinte años de gestiones bonaerenses para observar la «tradición» de conflicto social que ha significado el fin de año para cada uno de los gobiernos, sin distinción de colores partidarios. Desde el estallido social de 2001 a esta parte, cada cierre de año bonaerense incluyó su cuota de tensión frente a los vaivenes económicos y la necesidad de contención de los sectores más vulnerables.
La llegada de Andrés «Cuervo» Larroque al Ministerio de Desarrollo de las Comunidad, en tanto, se dispone a dejar su marca con un fin de año sin protestas en las calles.
El post-2001 y la protesta social
Para lograr un contraste, cabe remontarse a la caótica gestión de Felipe Solá, cuyo paso por Gobernación estuvo signado por la llamada Masacre de Avellaneda, ocurrida durante su mandato en 2002, cargo que asumió tras la dimisión de Carlos Ruckauf. Con la puesta en marcha de los planes Jefes y Jefas, legados por el gobierno de Eduardo Duhalde para paliar la creciente desocupación y pobreza en el conurbano, el incipiente movimiento piquetero fue una fuerza que protagonizó fuertes cruces con el entonces oficialismo en conflicto por medidas sociales luego de la crisis de 2001. En aquel entonces, el organismo pertinente era el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, cuya titularidad estaba a cargo de Juan Pablo Cafiero.
Para inicios de 2004, eran frecuentes las expresiones de protesta, como intervenciones en los pasos de peaje y tomas en espacios como la Universidad Nacional de La Plata en reclamo de alimento y empleo. Por aquel entonces, la gestión de Solá había decidido dar de baja unos 22.000 planes sociales del programa Barrios bonaerenses que presentaban irregularidades, medida que generó fuerte conmoción.
La ríspida relación del entonces gobernador con los grupos piqueteros alcanzó una relativa calma ante el paulatino acercamiento del expresidente Néstor Kirchner con los movimientos sociales. No obstante, la tarea no fue fácil tampoco ante la llegada de su sucesor en la Gobernación, Daniel Scioli.
Ya el mismo diciembre de 2007, apenas oficializada la asunción de Scioli como mandatario, la sede de Desarrollo Social fue escenario de disturbios que incluyeron bombas molotov. La entonces flamante secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Derotier de Cobacho, ordenó el desarme de los efectivos policiales apostados en el lugar y coordinó la negociación para detener la toma. En aquel momento, las protestas fueron adjudicadas a las agrupaciones 29 de Mayo y Trabajo y Dignidad. Ambos períodos de gestión de Scioli tuvieron como protagonistas en Desarrollo Social a Daniel Arroyo, Eduardo Aparicio y Martín Ferré.
Por aquellos años, las políticas de desarrollo social fueron unas de las grandes apuestas del entonces oficialismo. En provincia de Buenos Aires, por caso, entre 2008 y 2013, se construyó el 23 % de viviendas edificadas en todo el país mediante programas federales y provinciales. Por otro lado, varias protestas tuvieron lugar durante 2012, ante el reclamo en torno al programa Envión, centrado en becas y asistencia económica a estudiantes de sectores vulnerables.
No obstante la permanente tensión con organizaciones populares en disidencia con el oficialismo, unos de los episodios de mayor tensión social que marcaron la gestión de Scioli fueron los recordados acuartelamientos de la Policía bonaerense, ocurridos en diciembre de 2013. Debido a reclamos salariales y por mejoras laborales, efectivos de Infantería se concentraron en el Regimiento de La Plata. La protesta se replicó en Mar del Plata y luego tomó forma en otros puntos del AMBA, dejando la postal del último diciembre «caliente» de la gestión Scioli.
La era Cambiemos y la «tierra arrasada» de Vidal
Tras ocho años de gestión de Scioli, la llegada a provincia de María Eugenia Vidal, de la mano de la coalición Cambiemos, marcó un punto de inflexión. El desembarco de la alianza neoliberal liderada por Mauricio Macri tuvo su traducción bonaerense en la cartera de Desarrollo Social, que quedó en manos de Santiago López Medrano. Tras un 2015 «de gracia» para la gestión entrante, el plan de gobierno bonaerense inició con el vaciamiento del Ministerio de Desarrollo Social en 2016, con recortes salariales sustanciales.
Los recortes en asistencia alimentaria y planes de empleo propiciaron múltiples protestas durante ese año, muchas protagonizadas por Barrios de Pie. El impacto de las políticas económicas del macrismo, en los primeros meses de gestión, tuvo un efecto tal en el nivel de pobreza y desempleo que la demanda de asistencia alimentaria se duplicó, como también la concurrencia a comedores y merenderos barriales. «Desde el 10 de diciembre [de 2015], subió un 20 % la solicitud espontánea de alimentos. Es altísima», eran las palabras del intendente de Merlo Gustavo Menéndez a inicios de 2016.
Junto al paulatino deterioro en la calidad de vida en territorio bonaerense, uno de los puntos más álgidos en materia de políticas sociales llegaría en 2017, con el intento de disolución de la Subsecretaría de Tierras, dependiente de la cartera conducida por López Medrano. El área era entonces un sector clave para medidas como la urbanización de villas y accesos a la vivienda. La medida fue rechazada y motivó multitudinarias protestas en el centro platense. Lo mismo ocurrió con la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente de Cultura y Educación, avocada a la construcción de escuelas.
En la recta final de gobierno, las protestas se convirtieron en un escenario habitual para Vidal, que cerró su gestión con trágicos episodios, como las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez –vicedirectora y auxiliar de un colegio en Moreno, fallecidos tras la explosión por una fuga de gas en el establecimiento–, quienes se convirtieron en el símbolo de la falta total de inversión en el sistema educativo público.
2020: pandemia y la «reconstrucción»
En 2020, sin duda, la pandemia de covid-19 puso al descubierto las urgencias más complejas en los sectores más relegados del conurbano bonaerense, donde elementos como la crisis habitacional, la falta de acceso a tierra y trabajo y un aparato productivo desarticulado por el macrismo dejaron una profunda huella. Con la consigna de la «reconstrucción», las políticas sociales se convirtieron en eje central.
La cartera ministerial de Desarrollo de la Comunidad bonaerense fue primero ocupada por Fernanda Raverta, quien luego asumió como titular de ANSES y fue remplazada por Andrés Larroque. Emergido de la militancia de base en territorio bonaerense desde la crisis de 2001, la llegada de Larroque significó una apuesta decisiva para esa área de Provincia. A diferencia de sus antecesores, el integrante de la línea fundadora de La Cámpora construyó relaciones desde el llano a lo largo de los años con todo el abanico de movimientos sociales.
En pleno contexto de pandemia, el «Cuervo» se encontró con un escenario afectado de manera crucial en los sectores más vulnerables, ante la parálisis provocada por pandemia. Ante la urgencia, hubo una apuesta central a las cooperativas de trabajo, como también a los programas de asistencia en niñez y juventud.
A las cooperativas del sector agropecuario, por caso, se otorgaron fondos por 20 millones de pesos, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario. Asimismo, se concretaron aumentos del 48 % para becas de Centros Juveniles, la reparación económica del programa Envión en un 90 %.
No obstante, la prueba de fuego para 2020 fue la problemática habitacional, cuya mayor cara visible se observó en el proceso de toma de tierras de Guernica, en julio de este año. La ocupación de doscientas hectáreas en Presidente Perón por parte de unas 1.500 familias en situación de emergencia puso al desnudo una profunda crisis de acceso al hábitat, profundizada por la crisis devenida de la pandemia.
Ante un inminente escenario de conflicto, Larroque decidió instalarse en el predio a convivir con las familias para dar inicio a un extenso proceso de negociaciones para la retirada pacífica, bajo la premisa de relocalizarlas en lo inmediato. Tras semanas de diálogo, el gobierno logró acordar la retirada voluntaria de unas seiscientas familias, a las que luego se fueron sumando otras tandas paulatinas, hasta quedar solo un sector minoritario ocupando el predio.
La crisis de Guernica fue el puntapié para una batería de medidas en materia de acceso a la vivienda. Se firmaron acuerdos para doscientas mejoras habitacionales en los barrios bonaerenses de Villa Azul –fuertemente afectado por un foco de covid–, Villa Corina e Isla Maciel, en el marco de la Ley provincial 14.449 de Acceso al Hábitat. También se firmó la puesta en marcha del Plan Provincial de Suelo, Vivienda y Hábitat, con la construcción de 33.600 viviendas.
En los últimos meses, la asistencia alimentaria se duplicó y se propuso el sostenimiento del Servicio Alimentario Escolar entre la segunda mitad de diciembre, enero y febrero –por primera vez en los meses de receso escolar–. Para fin de año, Desarrollo Comunitario cerró diciembre con el reparto de un millón de canastas navideñas en los barrios populares de los 135 distritos bonaerenses, tanto en el interior como en el conurbano.
