Horas después de la apertura de las sesiones legislativas que encabezó el presidente de la Nación y en la que pidió que el Estado conforme una «querella criminal» para dirimir las responsabilidades penales que pudieran caberle a los funcionarios del gobierno de Macri y las autoridades del Fondo Monetario Internacional en lo que, según el mandatario, fue «la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales que nuestra memoria registra», el Banco Central aportó documentación para que los organismos de control oficiales auditen lo acordado entre ambas partes.
El pedido de la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce es a la Sindicatura General de la Nación y la Oficina Anticorrupción, donde ya elevó toda la documentación relativa a los acuerdos alcanzados entre argentina y el FMI en 2018. Con esa información buscan determinar si existió un perjuicio contra el Estado.
«Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el ex Ministerio de Hacienda de la Nación y el Informe de ‘Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019’», señalaron desde el Central.
Según el pedido, la información fue tanto de Argentina respecto de los procedimientos para la constitución de deuda en moneda extranjera, como de las propias obligaciones estatutarias del FMI.
Respecto del primer caso, el BCRA sostiene que «en el primer acuerdo firmado con el Fondo surge la ‘ausencia de dictamen jurídico previo’ a la firma de la Carta de Intención y los Memorándums de Política Económica y Financiera y de Entendimiento Técnico». Según indicaron, dicha carencia se intentó subsanar con un dictamen que «se limitó a analizar si el ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado para suscribir y cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo». En ninguno de los dos casos, dice la autoridad monetaria, se explayó sobre si era competencia del Ejecutivo realizar una operación de crédito de esas características.
Una situación similar se produjo con el segundo acuerdo que amplió el monto de la operación y que, según denuncia el oficialismo, tampoco se explicó si los organismos intervinientes estaban facultados para eso.
Por otro lado, el Central aportó como documentación para realizar la auditoría el «Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019», elaborado a pedido del presidente Alberto Fernández. Ese análisis se centra en la violación del propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, que sostiene en su artículo VI que «ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin».
El informe concluye que «entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44,5 mil millones. Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones».
«La administración de Macri no cumplió y recién tomó medidas de contención de dicha fuga en octubre de 2019, permitiendo una salida de divisas cuantitativamente muy importante», concluye el documento difundido por el Banco Central tras la apertura de sesiones del Congreso.
