En el mismo año que se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), su antecedente más directo, el Protocolo ILE fue garantizado a 14.330 mujeres y personas gestantes en la provincia de Buenos Aires, un hecho histórico que marca un camino para la flamante ley conquistada en diciembre de 2020.
El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) está vigente desde 1921 de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L. de 2012. Esta normativa de aplicación obligatoria en todo el territorio argentino, para garantizar los abortos en caso de peligro para la vida o salud de la persona embarazada o si es producto de violación, había sido olvidada y obstaculizada por el gobierno de María Eugenia Vidal, de la mano de sus intendentes.
A solo un mes de asumir, el gobierno de Axel Kicillof adhirió al ILE, de la mano del Ministerio de Salud acompañado por la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, y se avanzó en su efectiva implementación.
Un informe presentado por el Ministerio de Salud bonaerense sobre la implementación del protocolo dio cuenta de que se realizaron 14.330 interrupciones en un total de 404 establecimientos de salud de la provincia, utilizando en el 88 % de los casos el misoprostol.
En 2020, el Ministerio de Salud bonaerense realizó tres procesos de compra directa de 304.164 comprimidos de ese medicamento, equivalente a 25.347 tratamientos, lo que significó una inversión de 64 millones de pesos.
El viceministro de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó que «el pueblo se ha organizado lo suficiente como para reclamar los cambios culturales necesarios, y a nosotros nos toca la obligación de hacer los cambios organizacionales que acompañen».
Con estos antecedentes, desde el Ministerio entienden que hay una plataforma de trabajo de cara a la implementación de la nueva normativa. «La decisión política de priorizar estas políticas de cuidado desde nuestro Ministerio de Salud, el trabajo realizado por la Dirección Provincial de Equidad de Género y las acciones llevadas adelante junto al Ministerio de las Mujeres, permitieron avances enormes en la consolidación de este derecho antes de sancionada la ley, lo que nos permite tener una plataforma sólida para su implementación, ahora que tenemos por delante una responsabilidad mucho mayor», aseguró Kreplak.
En este marco, el mes pasado el gobierno bonaerense presentó la Guía de Implementación de la IVE para «orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo».
«Hace un año en esta provincia no había guía para la interrupción legal y hoy estamos con la guía para la interrupción voluntaria. Esto es posible porque hay una historia. Con muchos actores y actoras, más actoras para llegar a esto. La lucha histórica de las mujeres, que cobró una dimensión extraordinaria en los últimos años», manifestó el ministro de salud, Daniel Gollan, en esa oportunidad.
Este miércoles, en tanto, IOMA, la obra social de la provincia, presentó el Programa de Fortalecimiento del Derecho a la Interrupción del Embarazo para garantizar una cobertura del 100 % de la IVE.
«Esta presentación es histórica», consideró la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Estela Díaz. «Otros accesos de derechos de las mujeres, que sabemos que han sido difíciles, como el derecho a la salud sexual y reproductiva, tuvieron años de incumplimiento. Acá hay una voluntad política clarísima e ineludible de que haya acceso a esa práctica, entender a la salud como un derecho; y como tal se debe garantizar en todo el sistema público, pero también en el subsistema privado», enfatizó.
