El pasado viernes, a través del área de Control Ciudadano, la Municipalidad de La Plata recorrió avenida 7 y calles aledañas para dar un ultimátum a las y los manteros a fin de que se registren en el Municipio y advertirles que deberán dejar la zona o podrán ser detenidos o enfrentarse a multas de hasta 266.500 pesos.
Según se estima, en La Plata hay alrededor de mil personas que trabajan comercializando productos en las calles del centro, la mayoría mujeres, jefas de familia. El viernes, alrededor de doscientas fueron notificadas de que deben inscribirse en «el Registro de Puesteros comunal y a trasladarse a los espacios feriales creados para tal fin», puntualmente al predio ubicado en calle 80.
«Entendemos el momento de crisis económica que atraviesa nuestro país y no somos ajenos a ello, pero la actividad informal representa una competencia desleal para todo comerciante que paga el alquiler de su local, impuestos, sueldos y cargas sociales», argumentó Darío Ganduglia, secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, tras conocerse la noticia.
El mismo argumento fue utilizado por la Comuna para los desalojos realizados en el centro platense, muchos de ellos de manera violenta y con gran presencia policial, que en junio de 2019 llegó a rodear por semanas Plaza San Martín para evitar que se instalasen las manteras en el lugar.
Ante esto, las manteras decidieron presentar varias propuestas alternativas al Municipio. «Nosotras quisimos regularizarnos. Estamos dispuestas a pagar un monotributo social. No se consiguió nada, todo lo que presentamos nos lo rechazaron», explicó Gladys, una de las vendedoras y referenta de una de las asociaciones civiles que nuclea a las trabajadoras.
Vale recordar que este conflicto llevó a las manteras a recurrir a la Justicia, con un amparo en el que consiguieron importantes avances y la intimación para que el Municipio brinde soluciones. A más de un año de judicializado el conflicto, la solución no llega y otra vez se encuentran ante una amenaza de desalojo, arresto e importantes multas.
Según detallaron las manteras en diálogo con este medio, ya fueron censadas en varias oportunidades y no lograron conseguir nada, más que promesas incumplidas de Ganduglia. «Nos llegó a decir que nos iban a pasar a buscar en micros para llevarnos al predio, y cuando llegó ese día nos encontramos con todos los policías en la plaza. Fue un engaño total de parte de él», manifestó Débora, otra de las referentas.
«Lo que estamos viviendo ahora con el censo es lo mismo que vivimos antes de ese día. Habíamos hablado con él, ofreciéndonos mejores condiciones de trabajo», detalló Gladys.
El predio de calle 80 es de carácter privado y fue rechazado en reiteradas oportunidades por las manteras, no solo por la lejanía y la falta de compradores que eso implica, sino por los cánones que deberían pagar, muy lejos de las ganancias que obtienen al vender ropa usada.
Sin Ganduglia, fueron ellas mismas a conocer el predio que ofrece la Municipalidad y se encontraron con un espacio privado y pago, con el área destinada a la venta a manteras en el exterior. «Es un negocio aparte. Te piden un canon de limpieza a 500 pesos por día más un canon mensual», detallaron.
La Asociación Civil Manteras de Plaza San Martín hoy se encuentra asentada mayormente en calle 51 y nuclea a 43 manteras y 2 manteros. Según estiman, son alrededor de mil las personas que se dedican a la venta en la calle que, en cuanto a la venta de ropa usada, pueden alcanzar un promedio de ganancias diarias de 500 pesos, por lo que estos cánones están muy lejos de poder ser pagados.
«Nosotras tratamos por todas las vías legales de llevar todo en orden. Pero siempre nos ponen trabas. Querían que nos regularicemos y lo hicimos. Queríamos pagar un monotributo social y ellos no quieren. Ellos quieren manejarnos a su antojo y cobrarnos lo que quieren», apuntaron.
En este marco, insisten en la necesidad de encontrar una alternativa y no encontrarse el miércoles, cuando se cumpla el ultimátum de Ganduglia y el intendente Julio Garro, con un desalojo violento.
