Por Brunella De Luca y Rocío Cereijo*
En tan sólo cuatro días, La Plata fue escenario de dos nuevos casos de violencia institucional. Una de las víctimas fue asesinada dentro de un patrullero de la Policía bonaerense; la otra se encuentra recuperándose luego de haber recibido un disparo de un policía local. Ambos hechos quedaron a cargo de la Fiscal Betina Lacki y del juez de Garantías, César Melazo.
El miércoles pasado, Juan Martín Yalet, acusado de entrar a robar a una casa, fue asesinado de un balazo en la cabeza cuando era trasladado dentro de un patrullero de la Policía bonaerense luego de ser detenido en un mega operativo en 2 y 66. Otro caso que involucra a efectivos de la Comisaría 9ª, la misma en donde desapareció Miguel Bru y mataron a Daniel Migone.
Diariamente, pibes de nuestros barrios son víctimas de diferentes modos de violencia institucional sin que las omnipresentes narrativas mediáticas lo problematicen.
El pasado sábado a la madrugada, en el centro cultural “En eso estamos”, un policía local disparó su arma luego de una fuerte discusión con su pareja. Se trata de Julián Gabriel Cabañas, quien se encuentra detenido luego de haber baleado gravemente a Rafael Cobo, un estudiante de veintisiete años. Es el segundo caso en La Plata de similares características que tiene como victimario a un miembro de esta fuerza policial. En mayo, Pablo Gustavo Duarte, de treinta años, fue asesinado luego de discutir con un efectivo en el interior del bar Hispano.
Esta semana se puso en evidencia, nuevamente, la inviabilidad de un modelo de seguridad sostenido históricamente y replicado mediáticamente en un infinito juego de espejos; otra vez sufrimos las consecuencias de descansar en la autogestión de las fuerzas policiales. Diariamente, pibes de nuestros barrios son víctimas de diferentes modos de violencia institucional sin que las omnipresentes narrativas mediáticas lo problematicen, ni siquiera lo señalen. Sin embargo, cuando estos jóvenes llegan a los medios, no son víctimas, sino victimarios; y, como ocurrió con Juan Martín, cuando mueren en manos de la Policía, los hechos son “confusos episodios” o «enfrentamientos» y los pibes muertos no son jóvenes sino “malvivientes”, “criminales” y “delincuentes”.
Los medios hegemónicos hablan de jóvenes peligrosos, legitimando el accionar policial y judicial represivo que, la mayoría de las veces, también actúa en connivencia.
Como se ha señalado tantas veces, los varones jóvenes pobres constituyen la síntesis de un entramado complejo y diverso de construcción de otredades, que los convierte en enemigos principales de la sociedad, portadores de peligrosidad intrínseca y por tanto merecedores del mayor de los castigos. Subyace en esta concepción una vergonzosa noción de muertos buenos y muertos malos, vidas de primera y vidas de segunda categoría. Las noticias de hechos de violencia institucional hacia los jóvenes se convierten en algo normal, esperable, pasan a segundo plano, se olvidan.
Los medios hegemónicos hablan de jóvenes peligrosos, legitimando el accionar policial y judicial represivo que, la mayoría de las veces, también actúa en connivencia. Nos preocupan los reiterados casos de violencia institucional y su abordaje mediático, como así también la falta de información y la dificultad que existe para acceder a ella. No dejaremos pasar los atropellos que por su grado de sistematicidad, como parte de un entramado de relaciones organizadas, se presentan como moneda corriente. Cada joven asesinado es un proyecto de vida menos.
Una vez más en nuestra historia reciente, cargas represivas de la sociedad recaen sobre la juventud. Hay una línea de continuidad entre el amigo/enemigo nosotros/ellos “subversivo” de ayer y el “pibe chorro” de hoy. La diferencia sustancial es que en la actualidad tenemos en el país un Gobierno que ha convocado a miles de jóvenes a la militancia política en contra del orden social hegemónico. Nos resulta evidente que el problema no se resuelve con mano dura; debemos realizar un abordaje integral que supere las situaciones de exclusión brindando así las condiciones para cambiar las prácticas de violencia.
Como dice la Campaña contra la violencia institucional, “considerar a los jóvenes como sujetos plenos de derechos, como ciudadanos de nuestro país, implica reconstruir las condiciones para que ellos puedan ejercerlos”, ya que sólo desde una política transformadora con fuerte protagonismo de la juventud será posible seguir construyendo un país con justicia social, con seguridad y con todos y todas adentro.
* Investigadoras del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
