Levantado momentáneamente el acampe en las puertas del Palacio Municipal, el conflicto entre cooperativistas y el Ejecutivo local persiste y avanza en la Justicia luego de que la fiscal Virginia Bravo diera curso a la denuncia presentada por el MP La Dignidad Confluencia, con un pedido de informes que ahora la gestión de Julio Garro deberá responder.
El conflicto se desató el 16 de marzo, cuando el secretario de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli, les comunicó las condiciones del pase a planta anunciado por el intendente en la apertura de sesiones. Esas pautas son rechazadas por el sector, que considera insuficiente el salario y perjudiciales los contratos que ofrece la Comuna.
Los cooperativistas detallaron que la propuesta del Municipio consiste en contratos por 12.000 pesos a tres meses y sin reconocimiento de la antigüedad que ya tienen. Asimismo, desde la Comuna plantearon la imposibilidad legal de contratar a personal mayor de cincuenta años, por lo que muchos trabajadores y trabajadoras podrían quedar sin trabajo.
El malestar central de los cooperativistas está en la posibilidad de despidos, así como en los salarios a la baja. Vale recordar que hoy un cooperativista que presta servicio a la Comuna está percibiendo un promedio de 8.000 pesos mensuales por unas cinco horas diarias de trabajo. Si bien la oferta representa una mejora salarial, desde el sector destacan que sigue siendo un «salario magro» y que desde la Comuna les advirtieron que el pase a planta es incompatible con otros ingresos sociales.
En este marco, organizaciones del sector y cooperativistas manifestaron su disconformidad, inclusive con cortes en las delegaciones. Sin embargo, el conflicto se agudizó cuando el MP La Dignidad Confluencia inició un campamento en las puertas del Palacio Municipal, lo que derivó en una denuncia penal a sus referentes, que recogieron el guante y denunciaron a Garro por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La denuncia del dirigente Javier Burreli especifica que el intendente «en el ejercicio de sus funciones ha realizado deliberadamente actos que no son de su específica función y calidad institucional que ostenta por mandato del pueblo, excediéndose en sus facultades como tal».
Ahora, la fiscal Virginia Bravo decidió dar curso a la denuncia y solicitó al Municipio que informe las «medidas adoptadas en relación al pase a planta temporal de los integrantes de las cooperativas», «las disposiciones y ordenanzas» en relación con la medida, y los «expedientes iniciados».
El abogado del MP Dignidad Confluencia, Gustavo González, explicó a Contexto que los trabajadores no se reconocen «como cooperativistas porque no saben para qué cooperativas trabajan ni nunca participaron de una asamblea; desde el punto de vista legal no es un cooperativista».
En ese sentido, el abogado explicó que hay trabajadores que tienen cooperativas y otros que, si bien se encuentran bajo esta figura, son desconocidas por los propios trabajadores. En este marco, puso el foco en el mecanismo de funcionamiento de las cooperativas, «que este gobierno está profundizando hace cinco años», y se refirió a cooperativas inexistentes. En ese sentido, aseguró que si los trabajadores no pueden comprobar para qué cooperativa trabajan y cómo está conformada, se trata de «un fraude» y «va contra la Ley de contrato de trabajo».
«Lo que estamos denunciando es que, bajo la apariencia de una mejora, están queriendo descomprimir todas las cooperativas, dejarlas sin gente. Lo que proponemos es que se analice caso por caso», agregó el letrado. «Que no se haga de prepo con todos», cuestionó.
La otra denuncia
Vale recordar que no es la primera vez que la gestión de Julio Garro tiene conflictos judiciales con el manejo de las cooperativas. En 2018, la por entonces concejal radical Florencia Rollié denunció al Municipio por «presunta comisión de los delitos de acción pública, fraude en perjuicio de la Administración Pública y violación a los deberes de funcionario público».
En esa oportunidad, Rollié denunció que «sumando los tres años de gestión de Garro, tenemos una cifra de $2.100 millones cuyo destino desconocemos y eso es lo que le pedimos a la Justicia que investigue», y advirtió que «esa enorme diferencia sólo puede recaudarse a nivel de los funcionarios autorizantes del pago y las autoridades de las cooperativas que perciben esos montos en nombres de las mismas». En ese sentido, la edil pidió al fiscal Marcelo Romero que investigue «el organigrama funcional de esta operatoria con nombres y apellidos, así como del requerimiento de la información del flujo de fondos en el sistema financiero y en la Tesorería del municipio».
Un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia fechado el 4 de abril de 2019 echó luz sobre quienes administran algunas de las supuestas cooperativas. El documento, publicado por el portal Diputados Bonaerenses, expuso como titular de las cooperativas a Mauro Nicolás Petrone, director de Casco Urbano de La Plata, área que tiene a cargo la coordinación de las cooperativas, ubicando al funcionario «de los dos lados del mostrador». Pero el nombre del marido de Julieta Quintero Chasman -actual secretaria de Desarrollo de la Comunidad y ex secretaria privada de Garro- no es el único: también aparecieron en el marco de la investigación el secretario de Gobierno, Nelson Marino, y el de la concejal Liliana Lucha.
En su oportunidad, la causa fue radicada en la Unidad Fiscal N° 6 de Marcelo Romero y luego pasó a la Unidad de Delitos Económicos, para luego volver a manos de Romero, quien se declaró incompetente. Posteriormente, el expediente recayó en el fiscal Álvaro Garganta, donde la denuncia se encuentra paralizada.
Ante esta situación, y con el anuncio de Garro en la apertura de sesiones, desde el Frente de Todos plantearon la creación de una Comisión Revisora de las Cooperativas de Trabajo en el Concejo Deliberante, medida que fue bloqueada por el oficialismo.
Para el abogado del MP La Dignidad Confluencia, lo que está haciendo el Municipio «es desarticular las cooperativas por una cuestión judicial, de una causa que va a avanzar en algún momento, por lo que quieren descomprimir la presión que va a haber de esa causa».
Por lo pronto, la Comuna deberá responder a los requerimientos de la fiscal Bravo.
