Olga del Rosario Díaz sufrió violencia de género por quince años. Desde 2002 denunció a su exmarido en reiteradas oportunidades, pero el Poder Judicial paralizó la causa y no brindó ninguna medida de protección. Los hechos culminaron en 2017 con un intento de femicidio, al que sobrevivió gracias a la intervención de la familia y vecinos. A raíz de este ataque, su agresor fue detenido y condenado ese mismo año a prisión perpetua. Tras una presentación en la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado argentino reconoció este jueves su responsabilidad con medidas de reparación y una disculpa pública.
Con la presencia de Olga del Rosario Díaz, el gobierno nacional realizó un acto público, encabezado por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. También fue de la partida Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, organismo que representó a la víctima ante la CEDAW.
«Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estamos muy contentos de llevar adelante este acto, ya que, como dijo el presidente Alberto Fernández, los derechos humanos son la columna vertebral del Estado argentino. La Secretaría va a seguir impulsando la plena implementación de este acuerdo para lograr cambios efectivos en la forma en que el Estado interviene en casos como este», dijo al comenzar el acto Pietragalla Corti.
«El acuerdo contempla una serie de acciones muy importantes para reparar a Olga, reivindicar su lucha y, más que nada, procurar que hechos como los que vivió no vuelvan a repetirse. El acto tiene un valor simbólico muy grande, en el que la situación de Olga representa la de muchas otras mujeres víctimas de violencia. Lo que nos convoca es el resultado de un sistema judicial que carece de perspectiva de género y que no está a la altura de lo que exige la prevención de la violencia por motivos de género», explicó el secretario.
Por su parte, Gómez Alcorta lanzó duras críticas al accionar del Poder Judicial en estos casos, el cual demuestra «la vigencia de un engranaje basado en un sistema patriarcal», y aseguró que en el caso de Olga «el accionar fue deficiente, violatorio de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos y contrario a los estándares de debida diligencia reforzada que se exigen para estos casos». En ese sentido, señaló además que, entre otras prácticas revictimizantes, hubo «ausencia de instancias apropiadas para asegurar una escucha activa y respetuosa. Esto viola los estándares básicos en materia de participación adecuada de las víctimas de violencias en los procesos judiciales que las involucran».
En el acto, la ministra reafirmó el «compromiso de implementar políticas contundentes para garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos perpetradas en este caso. Es necesaria y urgente la reforma del sistema de justicia actual».
Hacia el final de su intervención, y muy emocionada, Gómez Alcorta le agradeció a Olga del Rosario Díaz su reclamo y afirmó: «Es sumamente injusto y doloroso que sean las víctimas las que obliguen a los Estados a asumir sus responsabilidades. Nos ponemos a disposición para seguir trabajando con un compromiso muy grande, como lo venimos haciendo durante este año y medio, frente a un fenómeno complejo como son las violencias por motivos de género».
Vale recordar que Olga del Rosario Díaz se presentó con el patrocinio de la Defensoría ante el Comité CEDAW, parte de la ONU, para denunciar al Estado argentino por su inacción ante los hechos de violencia. El 23 de octubre de 2019, tras varios encuentros, se acordó una solución amistosa en la que el Estado nacional se comprometió a reconocer «su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso de Díaz, que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género», detalló el Ministerio Público de la Defensa Argentina.
Finalmente, el acto público se concretó este jueves, con el cierre a cargo de Olga del Rosario Díaz. «He visto que están trabajando sobre todos esos cambios judiciales para poder aceptar a las víctimas con empatía y brindarles la seguridad de que van a encontrar un respaldo y una solución, que esto no se va a volver a repetir nunca más. Nunca más una menos», dijo.
Además de la disculpa pública y la reparación, el Estado se comprometió a trabajar en medidas de no repetición, «destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia por motivos de género». Según detallaron desde el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, dichas medidas prevén la evaluación de los conocimientos de género de aspirantes a la magistratura y la creación de un registro de denuncias presentadas contra jueces y juezas por violencia de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura, lo que se aprobó recientemente. También, la realización de capacitaciones a integrantes del Poder Judicial y de la Policía, la elaboración de un protocolo de articulación institucional para coordinar las intervenciones en procesos de violencia; el dictado de principios generales de actuación para las intervenciones judiciales; y la ampliación del patrocinio gratuito y especializado a víctimas de violencia de género.
