Luego del pronunciamiento de la Justicia porteña en favor de las clases presenciales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en contra del decreto presidencial, este lunes el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública. Legisladores del Frente de Todos, en tanto, denunciaron a los tres camaristas por «mal desempeño en sus funciones», mientras que la Corte Suprema se declaró competente y deberá pronunciarse esta semana.
La denuncia contra Rodríguez Larreta fue presentada por la abogada Valeria Carreras, quien también apuntó contra la ex ministra de Desarrollo Social devenida en asesora del Gobierno de la Ciudad, Carolina Stanley, y contra la ex titular de Seguridad, hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Será la jueza federal María Servini quien se pronuncie al respecto. La magistrada también tramita la denuncia contra Mauricio Macri por llamar a los intendentes bonaerenses a desobedecer las normativas de Nación.
Carreras puso el foco en las medidas judiciales que dispuso el alcalde porteño y las ex ministras de Mauricio Macri, entendiendo que las mismas contrarían «una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción».
Los delitos de los que se les acusa se encuentran tipificados en el artículo 205 y el 230 del Código Penal. El primero comprende el delito de atentado a la salud pública, con penas de 6 meses a 2 años. El segundo se refiere a la sedición, con penas de 1 a 4 años.
Minutos antes de reunirse en Olivos con el presidente, Rodríguez Larreta presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para declarar inconstitucional el DNU firmado por Alberto Fernández que suspendía las clases presenciales durante quince días, en medio de la fuerte suba de contagios.
A la par, Stanley impulsó un amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9. Bullrich, en tanto, hizo lo propio alegando la imposibilidad del Poder Ejecutivo para dictar un DNU para la suspensión de la presencialidad en las aulas, porque la Constitución establece que solo se puede hacer si «circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios».
La denuncia de Carreras advierte que el DNU presidencial se da en una «situación extraordinaria» por la pandemia, con un fuerte aumento de casos, lo que «amerita medidas urgentes» porque «está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas».
Por otro lado, legisladores porteños del Frente de Todos presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia por «mal desempeño en sus funciones» contra los jueces de la Cámara porteña Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Macchiavelli. «El fallo de los jueces denunciados avasalla competencias constitucionales, demostrando un alevoso mal desempeño y un desconocimiento inexcusable del derecho», advirtieron.
En la misma línea, la Procuración del Tesoro Nacional, encabezada por Carlos Zannini, pidió ante la Justicia la inhibitoria de la Justicia porteña en este caso. El planteo será tramitado en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2.
Esta misma tarde, otra novedad vino de la mano de la Corte Suprema de Justicia, que decidió pronunciarse competente en el marco de la denuncia presentada por Larreta. De esta forma, el gobierno nacional tendrá cinco días para responder a la presentación.
Al respecto se pronunció el ministro de Justicia, Martín Soria. «Estamos en una situación de gravedad institucional, extrema, y sería bueno que así como actuaron rápidamente con un per saltum que pidieron dos jueces que fueron trasladados ilegalmente por el macrismo, sería bueno que también intervenga rápidamente y solucione este conflicto que es político, porque desde el punto de vista jurídico no tiene ni pies ni cabeza», sostuvo en diálogo con El Destape Radio.
Asimismo, sostuvo que «lo que hizo la Justicia porteña es nulo de nulidad absoluta», y agregó que «la Justicia porteña no puede intervenir nunca sobre un decreto federal».
«El propio Rodríguez Larreta acudió a la Corte Suprema y admitió esa competencia federal. La Cámara porteña excedió sus competencias», agregó Soria. Al respecto, subrayó que «el Consejo de la Magistratura de la Ciudad debería tomar las medidas disciplinarias correspondientes contra estos jueces», y sentenció: «Lo que han hecho es un mamarracho jurídico».
Sobre el final del lunes, trascendió un fallo del juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 13 de CABA, Guillermo Scheibler, donde le ordena al gobierno porteño que no compute las faltas de alumnos y alumnas que no vayan a la escuela y que garantice la escolaridad virtual hasta que la Corte resuelva.
