La puja por la presencialidad escolar entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires sumó hoy un nuevo capítulo mientras se espera una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. Fue la propia Corte la que pidió el miércoles la intervención a la Procuración General de la Nación para que se expida sobre el conflicto, y el procurador interino, Eduardo Casal, consideró que la norma firmada por Alberto Fernández es «inconstitucional».
Según él, la medida que suspendió las clases presenciales en el AMBA en el marco de la suba de casos por la segunda ola de covid no estuvo «adecuadamente fundamentada», y tampoco se demostró el riesgo de continuar con el esquema de presencialidad.
«Considero que los argumentos expuestos en la norma impugnada no alcanzan para fundar un estado de necesidad que permita legitimar la suspensión de la concurrencia a los establecimientos educativos en todos sus niveles», sostuvo.
Asimismo, consideró que «no ha sido debidamente acreditado que el dictado de clases presenciales haya sido la causa del agravamiento de la situación sanitaria a la que aludió el decreto impugnado, en cuyos considerandos se efectúan afirmaciones genéricas acerca de la necesidad de reducir la circulación de personas y el uso del transporte público».
La impugnación que realizó la ciudad de Buenos Aires es sobre el artículo 2 del DNU que firmó Alberto Fernández con el fin de volver a controlar y restringir la circulación de personas ante el crecimiento exponencial de casos de covid-19. Según la impugnación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la norma viola la autonomía de la ciudad de Buenos Aires e implica una «virtual intervención» de esa jurisdicción.
El lunes, el Estado nacional había contestado el pedido de la Corte para defender el DNU a través del procurador general del Tesoro, Carlos Zannini. En el escrito había cuestionado la intervención de ese tribunal, puesto que según la mirada del gobierno debería ser resuelto en un tribunal federal inferior, y que no es competencia originaria de la Corte como sucede con las provincias, ya que el ordenamiento jurídico que dota de autonomía a CABA es distinto. En ese marco, desecharon la acusación de la ciudad de Buenos Aires y destacaron que el DNU se firmó «para afrontar una situación epidemiológica sin precedentes a fin de evitar un aumento desmedido de casos que lleve a un colapso sanitario y un aumento de la mortalidad».
En medio de los cruces por la presencialidad, el gobierno nacional y el de CABA volvieron esta semana a abrir un canal de diálogo ante una situación epidemiológica apremiante, y podría haber consenso en torno a nuevas medidas y restricciones para evitar la saturación del sistema sanitario. Resta aún que se pronuncie sobre el tema la Corte Suprema, que definirá el pleito en los próximos días.
