En los últimos días tomó trascendencia mediática un conflicto habitacional desarrollado en la localidad platense de Melchor Romero, que fue planteado por los medios como un «intento de usurpación» por el presunto problema de decenas de familias en situación de calle. Contexto se acercó a la zona de la periferia de la ciudad para conocer de cerca el reclamo de la comunidad y dialogó con vecinos.
Al igual que conflictos similares que se dieron en la capital bonaerense, la demanda no tardó en captar la atención de medios de comunicación, tanto de alcance masivo a nivel regional –el diario local El Día ya habló de «miedo de los vecinos» por la «usurpación»– como de nivel nacional –tal es el caso de Crónica TV, que se hizo presente durante toda la jornada del lunes–.
Sin embargo, algunos detalles sobre el legítimo reclamo de la comunidad comenzaron a disonar respecto de lo instalado a nivel mediático. La noticia que trascendió fue sobre familias «en situación de calle», aunque los protagonistas de la demanda relataron otra versión.
Según informaron a Contexto miembros de la comunidad que participa del reclamo, se trata de unas setenta familias, de las cuales «diez tienen vivienda y están conteniendo a las otras familias». Según lo narrado, no se trataría de una demanda por personas en situación de calle, sino por el nivel de hacinamiento en el que permanecen las familias en una cantidad mínima de viviendas.
«Somos setenta familias, diez tienen vivienda y contienen a las otras sesenta familias», dijo a Contexto Walter, uno de los referentes de las personas que protagonizan el reclamo. Otro dato destacado fue la presencia de personas que se identificaron como contactos de la Municipalidad de La Plata y dejaron teléfonos para «acceder a los medios de comunicación» y bolsones de alimentos.
El dato, informado por los propios manifestantes, levantó sospechas por posibles intentos de la gestión de Julio Garro de influir en el reclamo con fines políticos.
El dato sobre el ofrecimiento de comida por parte de la Comuna coincide con la participación de otros vecinos de la zona que son coordinadores de merenderos barriales y se acercaron a colaborar con la causa. Uno de ellos, que se identificó como Carlos, tiene a cargo dos merenderos barriales en la zona (uno ubicado en 32 e/ 166 y 167, y el otro en 166 e/ 529 y 530), ambos bajo el nombre de «Todos por los chicos».
Fue él mismo quien llevó adelante una olla popular en el lugar del conflicto para las personas presentes e incluso dijo también estar reclamando un «lugar para vivir» tanto él como su hijo, ya que «no tienen tierra donde construir».
La presencia de personas con vínculos informales con la Municipalidad, la descarga de bolsones de comida y la mezcla de varios reclamos y sectores sin una definición clara comenzaron a generar suspicacia sobre un posible intento de la gestión de Garro de manipular la legítima demanda habitacional y capitalizar de manera política el conflicto.
