La ministra de Mujeres, Política de Géneros y Diversidad Sexual, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció que el Estado nacional apelará el fallo del juez de Mar del Plata Eugenio López, quien dio lugar al amparo presentado por un excolaborador del carapintada Aldo Rico, Héctor Adolfo Seri. El fallo ordena frenar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada el 30 de diciembre del 2020.
«El Estado nacional apelará la decisión del juez Alfredo Eugenio López que hace lugar a la medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley de IVE, con la certeza de que no solo es una norma legítima democráticamente, sino que además tiene una solidez convencional inobjetable», explicó Gómez Alcorta.
En el fallo que se dio a conocer este martes, el juez López, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, ordenó al Estado nacional la suspensión de la Ley 27.610 por considerar que viola la «protección integral de la vida desde la concepción».
El magistrado tomó como precedente un fallo de la Corte Suprema de 1980, donde señala que «la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional». Dicha resolución tenía como fin resolver el pedido de una familia para trasplantar un riñón de una de sus hijas a otro hijo. En este marco, el juez López destacó que tanto la Ley IVE como el Protocolo de Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo legal (ILE) «afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante».
López dio lugar al amparo de Héctor Adolfo Seri, un hombre ligado a la derecha marplatense y al excarapintada Aldo Rico, siendo primer candidato a diputado provincial por el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN). A cargo del área jurídica de ANSES en el año 2000, Seri fue acusado por estafas. En el allanamiento a su casa encontraron 600.000 pesos, armas y monedas de oro. En octubre de 2019 estuvo prófugo por esta causa, pero luego de dos días fue detenido en el Aeropuerto de Ezeiza. Se encuentra con prisión domiciliaria y procesado.
La resolución del juez López fue rechazada por la delegación de Mar del Plata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que señaló que el fallo significa «una reacción claramente antidemocrática y conservadora que atenta contra los DDHH de las personas gestantes».
A través de un comunicado, el INADI señaló que «la realidad es que luego de mucho debate y movilización, el cuerpo legislativo nacional asumió el debate, y junto a la mayoría de la sociedad, decidió reconocer el derecho a abortar».
En la declaración se subrayó que «perdida esta disputa democrática, que los sectores antiderechos vayan al Poder Judicial a seguir allí su disputa política y social, es algo muy desalentador para el Estado de derecho».
El organismo sostuvo que «los intentos de los sectores conservadores para frenar la aplicación de esta ley con recursos de amparo para que sea declarada inconstitucional vienen fracasando en todo el país».
En este marco, recordó que «hasta el momento se presentaron 29 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federales y provinciales), y 18 ya fueron rechazados. Nos preocupa que en nuestra ciudad se dé lugar a esta posición minoritaria y antidemocrática».
