Por Florencia Abelleira
“El pueblo debe rever qué tipo de seguridad y Policía quiere”, dijo Adolfo Pérez Esquivel en la apertura de la conferencia de prensa que organizó ayer la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para pedirle una audiencia pública al intendente de La Plata, Pablo Bruera, en la que se discuta la formación, la integración y los fines de la Policía Local. “En la provincia de Buenos Aires hablan de seguridad y la confunden con estado policial. Estamos saturados de policías con una formación deficiente, y esto lleva a que el sistema policíaco nos esté afectando a todos. La Policía Judicial, que, si bien se ha votado, no se ha instrumentado, no se ha convocado a quiénes podrían integrarla, aportaría más a una seguridad preventiva y no represiva como la que estamos viviendo”, redondeó el premio Nobel de la Paz.
En la conferencia participaron Roberto Cipriano García y Aldo Etchegoyen, integrantes de la CPM, Ramiro Cobo, padre de Rafael, quien fue baleado por un policía local quince días atrás en una fiesta, Esteban Rodríguez Alzueta, integrante del CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), Rosa Bru, mamá de Miguel, asesinado por la Policía en 1993, y Darío Estévez, presidente de la Federación Universitaria de La Plata.
El pedido de convocatoria a una audiencia pública se enmarcó en los recientes acontecimientos de violencia policial ocurridos en la ciudad en un lapso de cinco días: el asesinato de Juan Martín Yalet por parte de policías arriba de un patrullero en el que estaba esposado con las manos en la espalda, y el balazo a Rafael Cobo, un estudiante de Psicología que recibió un disparo en el abdomen dentro de un centro cultural platense cuando un policía local discutió con su mujer, sacó su arma y comenzó a disparar sin control.
Durante la conferencia, los miembros de la Comisión por la Memoria resaltaron que, para poder discutir qué seguridad necesita la sociedad, se debe tener en cuenta que «un 90% de los casos de personas detenidas el año pasado en la provincia fueron capturados en flagrancia por la policía, mientras un 10% fueron por una investigación judicial previa, ante una denuncia. Es decir, aquellos casos que la Justicia investiga son aquellos casos que le trae la Policía». También remarcaron que «se batieron todos los récords históricos de criminalización en la provincia en los últimos dos años, y creció un 25% la población de personas detenidas».
El disparo que Cobo recibió en el centro cultural En Eso Estamos ocurrió durante una fiesta a la que había concurrido el policía Julián Gabriel Cabañas, quien, tras discutir con su mujer, también policía, disparó al aire e hirió al joven. Ese episodio recuperó la discusión sobre si los uniformados deben estar siempre armados o sólo en el horario de trabajo –como preveía la norma original que fue frustrada por la oposición en la Legislatura–. En esa línea, la CPM recordó que en lo que va del año «se produjeron 677 enfrentamientos entre policías y delincuentes con 45 muertes, es decir, una persona muerta cada 15 enfrentamientos», y remarcaron que en el 70% de los casos de personas muertas se produjeron cuando el policía estaba de franco. Asimismo, remarcaron que en los últimos cinco años la policía perdió 900 armas que ingresaron al mercado negro.
Emergencia decretada
“Nosotros previmos lo que ahora está pasando cuando el gobernador decretó la emergencia en seguridad”, explicó Roberto Cipriano. Según el integrante de la CPM, lo que hacía ese decreto era generar más recursos de manera inconstitucional creando Policías Locales muy endebles en su formación. “No estamos creando nuevas fuerzas con otra formación, sino Policías que están copiando a la Policía bonaerense autoritaria, represiva”.
También resaltó la vinculación de las fuerzas de seguridad con el delito. “Cada vez que se descubre una banda de narcotráfico o de trata de personas, siempre aparece involucrado algún policía, y esto tiene que ver con esa matriz, con una Policía que está preparada para perseguir a los pequeños eslabones, a los pequeños delitos”, aclaró Cipriano, y agregó: “La Policía es la que controla el territorio, es la que selecciona a quién detener, quién lleva la Justicia. Y, cuando uno analiza el sistema de encierro, siempre está poblado por los sectores pobres y excluidos”.
Caso Yalet
Para Esteban Rodríguez Alzueta, integrante del colectivo que lleva adelante la causa de Juan Martín Yalet, el hombre asesinado en un patrullero el pasado 26 de agosto, “cuando hablamos de violencia policial no hablamos sólo de desaparición forzada de personas, de gatillo fácil, de tortura, sino de todas aquellas prácticas policiales que crean condiciones para la violencia. Es decir, no hay violencia policial sin detenciones sistemáticas por averiguación de identidad, sin cacheos humillantes, sin paseos en patrulleros, sin demoras en las comisarías”.
Respecto a la causa judicial de Juan Martín, Rodríguez Alzueta explicó que se les tomó declaración a 34 personas, de las cuales 28 son policías (ocho de ellos, los detenidos). “Nos parece muy importante que se tengan en cuenta testimonios de otros vecinos que todavía no están en la causa”, aclaró.
También contó que desde el CIAJ pidieron una investigación sobre el testigo que fue golpeado por la Policía. Se trata de Juan Manuel Esquivel, un empleado que trabaja como seguridad privada. El día que mataron a Yalet, estaba yendo a trabajar cuando lo tomaron de testigo para que reconozca un arma que no vio de dónde salía. Se negó, lo retuvieron, y luego de que el móvil donde estaba Juan Martín saliera hacia el Hospital San Martín, lo tiraron al piso y lo golpearon. Más tarde lo trasladaron a la Comisaría 9°, donde estuvo tres horas detenido y esposado.
“Nos llama mucho la atención que en ese hecho no estaban pichis. Estaba el comisario y el subcomisario de la 9° y el jefe del Centro de Protección Ciudadana de zona centro. Había gente con otro tipo de responsabilidades”, cuestionó el abogado.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria insistieron en la importancia de instalar este debate en el Estado, en este caso, con el intendente de la ciudad de La Plata, Pablo Bruera. No consideraron casual que se hayan producido dos casos de gatillo fácil en menos de una semana.
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