Las mentiras del expresidente Mauricio Macri parecen caerse una tras otra. Día a día surgen pruebas del envío de armas al Gobierno de facto de Bolivia encabezado por Jeanine Áñez (quien hoy se encuentra presa), poco después de que se concretara el golpe de Estado y poco antes de las masacres de Sacaba y Senkata. Macri niega los hechos, inventa explicaciones y, cínicamente, hace declaraciones en sus medios amigos sobre los derechos humanos en Cuba.
Este miércoles, en una conferencia de prensa, el jefe de la Policía del Estado Plurinacional de Bolivia, Jhonny Aguilera, señaló que parte del armamento enviado por el Gobierno de Mauricio Macri para colaborar con el golpe de Estado fue encontrado en los depósitos de la Policía.
Entre los materiales encontrados hay «cartuchos 12/70, granadas de gas, gases pimienta y otros que forma parte de los elementos recibidos desde Argentina sin respaldo documental. ¿Qué quiere decir esto? Que en carácter material están esos pertrechos en los depósitos de la Policía boliviana, pero no existe ningún documento. Entonces, a partir de la instrucción recibida por el señor Ministro, en el curso de hoy vamos a reconstruir qué funcionarios han acudido al aeropuerto, porque sabemos que habría arribado un avión C-130 de la República Argentina, del cual descienden funcionarios vestidos de uniforme militar. Ellos estaban muñidos de sus propios pertrechos, y partes de estos habrían sido entregados sin ningún tipo de documentación a la Policía boliviana. Estos elementos van a ser sometidos a una indagación interna para poder determinar las circunstancias, fechas, horas y partícipes, datos con los cuáles podremos brindar una información más completa».
Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, informó, según un artículo publicado por el diario argentino Página/12, que «está en el comando general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) un original de la carta que envió Terceros Lara a la embajada».
«Quiero dejar claramente establecido, como ministro de Defensa, para fines de investigación de todos los hechos en el golpe de Estado, que se tiene este documento, que es auténtico”, sostuvo Novillo, quien además remarcó que la carta «lleva sellos, no sólo de la FAB, sino también de instituciones argentinas».
En tanto, desde Argentina, en una rueda de prensa que se realizó en Casa de Gobierno el miércoles con medios locales e internacionales, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró que las pruebas iniciales contra el expresidente Macri y varios de sus funcionarios indican el delito de «contrabando agravado», ya que se trata de «una figura del Código Aduanero que tiene que ver con falsear la información acerca de la cantidad, la calidad y el destino».
El ministro sostuvo que «es obvio que todas las responsabilidades a tan grave hecho y delito responden a la máxima autoridad en ese momento, que es el expresidente Mauricio Macri».
«Es la primera vez en nuestra historia que un presidente elegido por los argentinos colabora en un golpe de Estado en un país hermano. Es un acto vergonzoso», afirmó.
Soria sostuvo que «no todos los días surgen hechos como este, que incluso motivaron que el presidente de todos los argentinos pida disculpas en nombre de todos, dada la vergüenza que nos hizo sentir Macri mandando armamento y municiones nada más y nada menos que como presidente de todos los argentinos».
El ministro remarcó que «es la primera vez que un presidente argentino envía armamento y municiones para, de alguna manera, sostener un golpe de Estado, que era lo que estaba sucediendo a mediados de noviembre de 2019 en Bolivia».
En la presentación judicial, que quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Javier López Biscayart, también se encuentran denunciados, entre otros, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, y al ex comandante de Gendarmería, Gerardo Otero.
Según informó la agencia Télam a través de un documento firmado por más de veinte organizaciones de derechos humanos de la región, se exigió que los gobiernos de Argentina y Bolivia «asuman acciones a la brevedad, pidiendo la captura de Mauricio Macri y de todos los implicados en la planificación y consecución del golpe, para que sean juzgados adecuadamente».
«Las masacres de Senkata, Sacaba y El Pedregal, en las cuales decenas de compatriotas de la Patria Grande fueron asesinados, así como las represiones sistemáticas contra el pueblo boliviano, se llevaron adelante con el armamento conjunto y coordinado de las derechas de nuestros países, dirigidas por el imperialismo norteamericano», agrega el documento.
Y continúa: «Esto demuestra lo que venimos sosteniendo cuando denunciamos a Luis Almagro y la Secretaría General de la OEA de ser responsables de planificar, justificar y consolidar el golpe de Estado en Bolivia».
En el documento conjunto, aseguraron que «un nuevo Plan Cóndor se implementó en nuestra América para desmantelar los gobiernos revolucionarios y progresistas de la región y reprimir a las mayorías que soñamos y construimos un mundo justo y una América unida».
«El gobierno de Macri, entre 2015 y 2019, también coordinó su política con el imperialismo, con el FMI y con las derechas latinoamericanas, destruyendo la Unasur y construyendo el golpista Grupo de Lima», denunciaron.
Asimismo, manifestaron que «es el mismo gobierno que en la Argentina aplicó el recetario económico neoliberal, ajustando la inversión pública en educación, salud, vivienda, trabajo, a través de asesinatos, presas y presos políticos y represiones callejeras, dejando una deuda externa impagable y un tendal de empobrecidos, hambrientos y desamparados».
Al concluir el documento se señala que «es imperioso ahora poner a disposición toda la capacidad de los Estados y establecer mecanismos de colaboración conjunta para investigar e impedir que estos crímenes contra la humanidad queden impunes».
El documento fue firmado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Liga Boliviana por los Derechos Humanos, Liga Mexicana por la defensa de los Derechos Humanos; de Perú, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Equidad), Centro de derechos y desarrollo (CEDAL), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Corporación de promoción y defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); de Ecuador, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos; de Panamá, Centro de capacitación social (CCS) y Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES); de Brasil, Movimiento Nacional de Derechos Humanos (MNDH) y Justiça Global; de República Dominicana, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); de Colombia, Fundación lazos de Dignidad (FLD) y Colectivo de Abogados (José Alvear Restrepo); Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos; SOA (Observatorio de la Escuela de las Américas); y Artistas Autoconvocados de Orán.
